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El material se deshace entre los dedos. Es una mezcla húmeda de espuma plast y arena que se puede arrancar de la pared del baño, ya sin revoque. Detrás se ven las barras de metal que estructuran esta unidad en el primer piso del complejo de viviendas de Paso Carrasco, Canelones, donde los vecinos denuncian fallas edilicias, humedad y hasta riesgo de colapso.
Este reclamo encendió las alarmas de los diputados de la Comisión de Vivienda, que a pesar del receso parlamentario, ayer recorrieron los edificios, guiados por los propietarios, y encargaron estudios al Ministerio de Vivienda y a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República.
“No estamos peleando con nadie. Pedimos ayuda. Saber que no nos vamos a morir aplastados por los edificios”, dijo Richard Cabrera, uno de los propietarios, apoyado sobre un bastón ante una ronda improvisada de legisladores y vecinos. Mujeres y hombres jóvenes se asomaban a escucharlo desde las ventanas del complejo de tres plantas.
En algunas zonas las placas cuadradas que lo recubrían se habían desprendido, dejando al descubierto el otro extremo de las paredes que en el interior se desgranaban. Ante los diputados, una mujer aseguró que una de esas casi se le había caído encima cuando tomaba sol, pero se había desplomado a su costado.
La visita de una hora, unidad por unidad, llevó a que los diputados concluyeran que había “una cantidad de fallas” en el edificio -en palabras del representante colorado Walter Cervini- pero que dependería del estudio técnico determinar si había peligro de colapso.
A las viviendas también asistieron las diputadas Gabriela Barreiro, Cecilia Cairo (Frente Amplio), Carmen Tort (Partido Nacional) y un suplente de Cabildo Abierto. Además acudieron la alcaldesa frenteamplista de Paso Carrasco, Verónica Veiga, y concejales blancos y de la coalición de izquierda.
Repercusión
El reclamo de los vecinos de Paso Carrasco, sin embargo, hizo eco a kilómetros de distancia. Más concretamente, en Paysandú y en Río Negro, donde propietarios de otros complejos de viviendas construidos con la misma técnica rápida -Crupe- buscan una reparación por fallas edilicias.
Cuando la obra en Paysandú ya estaba casi pronta, los cooperativistas resolvieron no ocupar las viviendas y llevar el caso a la Justicia, que aún no falló. Demandaron tanto a la empresa constructora como al Ministerio de Vivienda en el pasado período de gobierno.
En tanto, los propietarios de Río Negro, que sí se instalaron, buscan la ayuda del gobierno hasta ahora y denunciaron ante el Ministerio de Vivienda a la empresa que tiene la licencia del sistema constructivo.
Tras este reclamo, informado por La R en 2021, la compañía perdió la habilitación para construir más propiedades. Debió terminar las que ya había comenzado y tiene la responsabilidad de cubrir la garantía de cada vivienda edificada, aseguró a El País Eduardo Burgos, integrante del Programa de Vivienda Sindical, que denunció el caso de Río Negro.
“Estamos pidiendo al ministerio que convoque a la empresa y que la empresa se haga cargo”, apuntó el dirigente sindical, y aseguró que “sistemáticamente” el permisario ha faltado a las instancias de negociación por el complejo ubicado en Fray Bentos.
El método Crupe es similar al steel framing: da la posibilidad de construir en seco y es más ágil que el promedio de las técnicas. El perito judicial Líber Trindade, que asesora a los vecinos de Paso Carrasco, aseguró a El País que es válido cuando se implementa bien, pero en este caso entiende que no se siguieron los procedimientos estandarizados.
Dos de las cinco viviendas del Programa de Vivienda Sindical construidas con este método presentaron fallas, según Burgos. A los desperfectos en Fray Bentos los advirtieron en 2019, antes de que las obras terminaran. Parte de la estructura estaba oxidada y por eso se detuvo el proceso, a la espera de una inspección. El Ministerio de Vivienda constató que no había problemas estructurales y los propietarios finalmente se mudaron.
Si bien la oxidación no avanzó, Burgos dijo que encontraron “patologías a corregir”. Entre ellas, grietas en las paredes que corresponden a cómo fueron construidas. Al igual que Trindade, el dirigente entiende que el método de construcción no se siguió al pie de la letra en Río Negro y apunta a estudios que la Facultad de Química realizó en el edificio. “Nos enteramos con el tiempo que el protex -el material que rellena las paredes- no es el mismo que estaba declarado”, afirmó.
La semana pasada hubo una reunión entre el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, el intendente de Río Negro, Omar Lafluf, y cooperativistas.
El presidente de la Federación de Programa de Vivienda Sindical, Eduardo Tropiani, aseguró a El País que la secretaría de Estado les propuso suspender el pago durante 10 meses para financiar las reparaciones. Tropiani dijo que vio “con buenos ojos” la iniciativa, que en enero se tratará en asamblea para darle al gobierno una respuesta oficial.
Pero los problemas edilicios con esta técnica son más. Trindade asesoró a otro propietario que reportó fallas y, según Burgos, el sistema también generó problemas en la Cárcel de Minas.
Ayer los vecinos de Paso Carrasco reclamaban una solución similar a la que podría alcanzarse en Fray Bentos. Ante los diputados señalaba la responsabilidad política del actual Ministerio de Vivienda, de la administración pasada y de la Intendencia de Canelones, que encargó las obras luego de firmar un convenio con mediación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Se han puesto en contacto con la empresa
La Intendencia de Canelones está en contacto con la empresa que construyó los edificios de Paso Carrasco, inaugurados en 2015, según lo aseguró el martes pasado el director de la Agencia de Vivienda, Rodrigo Amengual, en una audiencia pública municipal.
Según la comuna, el daño también tiene que ver con el uso que se ha dado a las torres, el cual generó desperfectos en las propiedades.
Más allá de eso, dijo Amengual, la administración del intendente canario, Yamandú Orsi, tiene “voluntad e interés de trabajar”. Por eso se conformará un equipo multidisciplinario que, después de la feria de la construcción, atenderá a cada una de las familias para determinar cuál es la situación de sus viviendas y las posibles soluciones.
Los vecinos ayer reclamaron que autoridades nacionales y departamental no han atendido sus denuncias en estos años.
Luego de que se inaugura una obra, la empresa constructora es responsable de la garantía durante 10 años, un plazo que en este caso se cumplirá en unos dos años.
Además de las placas desprendidas y las paredes dañadas, entre otras fallas, Cervini dijo que se encontraron con puertas “con una corrosión importante” y corridas hacia los marcos.