CONSULTA

El prerreferéndum para derogar la ley integral para personas trans, que se celebró este domingo y alcanzó el 9,9% del padrón electoral, le costó a la Corte Electoral unos US$ 230.000, según estiman en el organismo. Eso si se cuentan solo los gastos en imprimir las papeletas de adhesión, comprar papelería para labrar las actas de las mesas receptoras, alquilar vehículos y también recargar combustible.

Pero, además de esta inversión, el prerreferéndum le costó al Estado unos US$ 3.120.000 en los días libres que obtuvieron los funcionarios públicos que trabajaron ayer o estuvieron a la orden. Por ley, cada uno de los tres trabajadores que se desempeñaron en las mesas de votación se hizo de cinco días libres. Los primeros suplentes, por más que no hayan ido, se quedaron con tres días.

Como los perfiles de los convocados a trabajar en las mesas de votación son muy diversos, los cálculos se hicieron en función del salario promedio en el Estado. Según supo El País, la retribución media en la Administración Pública es de $ 40.000 al mes.

Por lo tanto, cada día libre costará $ 1.300. Cada uno de los titulares, que obtuvieron cinco francos, implica una inversión de $ 6.500. Los suplentes, en tanto, significarán $ 3.900 debido a que solo se hicieron de tres días. Por cada mesa -es decir, tres titulares y tres suplentes-, el Estado habrá gastado $ 31.200.

Este monto se debe multiplicar por los 3.500 circuitos que estuvieron operativos. Así se llega a una suma de $ 109.200.000, que equivalen a US$ 3.120.000 al tipo de cambio actual. Cabe destacar que estas cifras son una estimación y no implicarán un desembolso real en dinero, ya que estos jornales se habrían pago de todos modos. No obstante, si los funcionarios hubieran faltado sin justificación, les habrían sido descontados.

Carlos Iafigliola, el exprecandidato nacionalista que lideró la campaña para derogar la ley trans, juntó las firmas del 2% del padrón electoral para convocar este prerreferéndum. De haber votado el 25% de los convocados este domingo, se habría pactado una nueva fecha para llamar a un referéndum y así evaluar la continuidad o no de esta norma.

Por segunda vez en la historia, los sufragios no fueron suficientes. La primera vez que se utilizó este mecanismo fue en 2013, cuando se realizó una consulta popular para convocar a referéndum contra la despenalización del aborto. Entonces votó el 8,9% de los convocados y la ley se mantuvo vigente.

Eduardo Esteva, abogado constitucionalista, dijo a El País que estas dos experiencias deberían servir para terminar con el mecanismo del prerreferéndum. Según el experto, habría que mantener el referéndum directo, es decir, juntar el 25% del padrón electoral en un año y llamar a elecciones. “Esto no generaría daño al sistema democrático; eliminar este procedimiento breve. Hay que pesar, en un sistema democrático, una relación de beneficios y desventajas”, agregó.

Lo que plantea Esteva era la regla hasta 1989, cuando se convocó el referéndum para derogar la ley de caducidad. La campaña para recabar las firmas del 25% del padrón electoral fue complicada y el Parlamento buscó una vía alternativa para conseguirlas. Desde entonces, hay dos maneras: el proceso tradicional o el abreviado, que requiere poco más de 60.000 rúbricas. Iafigliola presentó 69.360.

Ruben Correa Freitas, constitucionalista y senador en ese período, está de acuerdo con haber facilitado el mecanismo. El experto sostiene que la democracia directa “debe ser protegida” y plantea que la campaña para recolectar firmas en contra de la ley de caducidad, en 1989, fue “muy dura”.

“No estoy de acuerdo con aumentar el porcentaje por encima del 2%. Es bueno darle la posibilidad a los ciudadanos para que se expresen. El domingo se le dio una oportunidad linda a la ciudadanía”, señaló Correa Freitas.

De igual forma opina el constitucionalista Martín Risso, quien se limita a decir que el 2% del padrón electoral implica una forma “ágil y transparente de contar las firmas”.

En tanto, el constitucionalista Eduardo Lust considera que el porcentaje actual para convocar a un prerreferéndum es “muy bajo”.

El experto afirmó que los legisladores deberían discutir este mínimo y subirlo, al menos, al 5%. “Yo apoyo 100% los institutos de gobierno directo, pero me parece que se quiso facilitar algo y se terminó facilitándolo mucho”, agrega.

Si el Parlamento quisiera aumentar el porcentaje requerido, se debería aprobar una ley. Esta modificación no implicaría cambiar la Constitución sino promulgar una norma que reglamente uno de sus artículos.