Redacción El País
El representante de Uruguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Washington Abdala, volvió a arremeter contra "la dictadura venezolana" y pidió por la liberación del uruguayo Fabián Buglione, que el 19 de octubre del año pasado fue detenido en el puente internacional Atanasio Girardot. Cancillería reclamó en dos misivas por el paradero de este hombre, que aún continúa como detenido desaparecido en Venezuela.

"No sé la razón, pero está detenido injustamente. Lo pido, liberen a Fabián Buglione, ¿está mal? ¿Cuál es el tono con el que hay que hablarle a una dictadura?", cuestionó.

Para Abdala, "no se está teniendo solidaridad con Venezuela”, esto tras la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Venezuela. “Este es el momento en que tenemos que incidir como comunidad internacional. No sé cuánto tiempo más nos queda, pero, si gana la dictadura en Venezuela, perdemos todos (...) Esta no es una organización para que solo 14 países estén apoyando este tema”, expresó el funcionario.

El representante uruguayo en la OEA sostuvo que debían referirse al presidente de Venezuela Nicolás Maduro como "dictador" y reclamó la forma en la que otras delegaciones trataban el asunto. "Faltan países que estén poniendo lo que hay que poner para apoyar", afirmó.

La relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria De Mees, denunció este viernes ante la OEA las "violaciones de derechos humanos ocurridas en Venezuela en el contexto electoral".

De Mees compareció ante la organización para presentar el informe 'Venezuela: Graves violaciones de los derechos humanos en relación con las elecciones'.

El extenso documento, que se publicó tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para su tercer mandato, el pasado 10 de enero, recoge, según dice, evidencias de que el Gobierno de Venezuela llevó a cabo una estrategia represiva en el contexto electoral.

Este informe no fue elaborado tras una visita de la CIDH al país caribeño, sino a través de fuentes primarias y secundarias de información.

De Mees compareció por videoconferencia en la OEA para explicar el análisis a los países reunidos, que ya habían recibido una copia previamente.

"El control de las instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y la democracia, unido a la corrupción a gran escala para el cobro de rentas legales e ilegales, ha garantizado la impunidad de las fuerzas de seguridad. Estas acciones han comprometido la gobernanza y han afectado significativamente al disfrute de los derechos humanos", aseguró la relatora durante su exposición.

El informe acusa a Maduro, investido para un tercer sexenio pese a las denuncias de fraude, de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con "al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes".

Además, asegura que Maduro no solo "ejecutó prácticas de terrorismo de Estado" para "impedir la participación política de la oposición", sino que también "implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder".

Según intervinieron, las delegaciones condenaron la situación en el país sobre la base de las pruebas que reflejaba el informe, pero hubo cierta discrepancia en las formas de referirse a Maduro.

Por su parte, el secretario general de la organización, Luis Almagro, pidió solidaridad a los países miembros del organismo ante "la crisis que sufre Venezuela".

"Tenemos que mostrar solidaridad ante el ataque de la libertad de expresión, ante la persecución de niños y adolescentes, y las víctimas de tortura", pidió.

Foto: AFP