Ayer hubo audiencias en los dos casos; jueces definen dentro de un mes.

Son los casos judiciales uruguayos que generaron mayor repercusión internacional: la prisión del mexicano Gerardo González Valencia, acusado de integrar el cartel de los Cuini, y la detención de los cambistas brasileños, Vinícius Claret y Fernando Barbosa vinculados en Brasil al escándalo de corrupción denominado Lava Jato.

Estados Unidos reclamó la extradición de González Valencia por un supuesto tráfico de drogas a ese país. El expediente se encuentra en un juzgado del estado de Washington.

González Valencia fue procesado por la Justicia uruguaya por lavado de activos el 23 de abril de 2016, junto con su esposa y otras cinco personas de su entorno.

Los abogados penalistas Víctor Della Valle y Enrique Moller apelaron el procesamiento del hermano del líder del cartel de los Cuini, Abigael González Valencia, preso desde el 2 de marzo de 2015 en México.

Gerardo González Valencia fue encarcelado en el módulo 12 del Comcar, un centro de alta seguridad. Luego fue transferido a una unidad policial porque se temió un posible intento de rescate o que atentaran contra su vida. En el juzgado especializado en Crimen Organizado cuya titular es la jueza Beatriz Larrieu, se iba analizar ayer la extradición de González Valencia a Estados Unidos. Sus abogados Víctor Della Valle y Enrique Moller solicitaron una prórroga de 30 días. A principios de diciembre de 2016 trascendió que la exembajadora de EE.UU. en Uruguay, Julissa Reynoso, habría llegado a un acuerdo con los abogados uruguayos para defender a González Valencia en Washington. Reynoso negó que defendería al acusado.

En este momento, Della Valle y Moller analizan, con otro bufete de Estados Unidos, si se oponen o no a la extradición de su cliente.

En su declaración ante el entonces juez especializado en Crimen Organizado, Néstor Valletti, González Valencia dijo que estaba dispuesto a ser juzgado en Estados Unidos porque estaría más cerca de su familia. Hoy González Valencia duda si le sirve ser extraditado o no a Estados Unidos y aguarda la opinión de los abogados establecidos en Washington, dijeron a El País fuentes cercanas al acusado.

En junio de 2015 la Policía realizó una requisa en la celda del mexicano. Trascendió que González Valencia poseía un puñado de pimienta blanca, pocos gramos de adobo y algunas pizcas de sal fina. Al ser indagado por la aparición de los condimentos, lo que se presumió como un intento por comprobar la seguridad de la prisión, González Valencia dijo que ya estaban allí cuando llegó. También amenazó de muerte al ministro del Interior, Eduardo Bonomi y luego se retractó, según informó la Policía.

Ayer también se realizó la audiencia en el juzgado de Crimen Organizado para analizar la extradición a Brasil de los dos cambistas detenidos en Uruguay, Vinícius Claret, alias Juca Bala, y Fernando Barbosa. Los brasileños son acusados de integrar una red de lavado de dinero montada por el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral —preso desde noviembre de 2016— para enviar al exterior US$ 100 millones recibidos de coimas.

Los abogados de Barbosa y de Claret, Juan Fagúndez y Pablo Correa, solicitaron ayer una prórroga de un mes —la próxima audiencia se hará el 7 de junio— a la espera de un posible desistimiento del pedido de extradición de la Justicia brasileña. A cambio, los cambistas detenidos darán información sobre Cabral en el marco de una delación premiada, dijeron a El País fuentes del caso.

El fiscal especializado en Crimen Organizado, Carlos Negro, no se opone a la extradición de los intermediarios financieros si firman un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de Brasil. En Río de Janeiro, el abogado de los cambistas, Marcio Talemberg busca alcanzar dicho acuerdo con la Justicia.

Según el Ministerio Público de Brasil, el exgobernador tenía una pequeña estructura que le permitió sacar US$ 6 millones de coimas pagas por empresas para obtener a cambio licitaciones de obras públicas. En 2007 Cabral asumió como gobernador de Río de Janeiro y cobraba el 5% de las obras para esa ciudad. Entre ellas se encuentran mejoras al estadio Maracaná para la Copa del Mundo de 2014 y de las favelas Manguinhos, Complejo del Alemán y Rocinha.

Según la Fiscalía brasileña, dado el crecimiento exponencial de las "coimas", Cabral contrató a Claret, quien vive en Uruguay, y a Barbosa para poder colocar esos fondos en cuentas suizas.

EDUARDO BARRENECHE

COLABORADORES DE LA JUSTICIAEDUARDO BARRENECHE