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Eduardo Delgado

El procesamiento sin prisión de una mujer por aborto generó preocupación en instituciones y organizaciones que trabajan en el tema, mientras que se extiende a todo el país una campaña de prevención del aborto provocado en condiciones de riesgo.

Una mujer de 20 años fue procesada sin prisión por el delito de aborto con consentimiento, luego de concurrir al hospital Pereira Rossell por lesiones vaginales provocadas en una intervención. El juez penal Luis Charles, también procesó pero con prisión a la partera que realizó el aborto, a su hermana, que es ginecóloga en una mutualista y a una ayudante, por los delitos de aborto provocado por un tercero y lesiones graves.

La partera, que también fue procesada por falsificación de certificado, devolvió a la procesada los U$S 700 que cobró por el parto a través de un giro de Abitab, informaron fuentes judiciales.

Para el personal de la salud prima el secreto profesional y la confidencialidad médico-paciente, antes que la obligación como funcionarios públicos de denunciar un delito, como lo es el aborto en la legislación uruguaya, sostiene Lilián Abracinskas, coordinadora de una de las Ongs que dirigen una campaña de información sobre prácticas de aborto en condiciones de riesgo.

Ima León, directora del hospital de la Mujer del Pereira Rossell, consideró que el procesamiento de una joven que se atendió en ese centro tras sufrir lesiones en un aborto "crea una alarma brutal en la población, de que si vas al hospital después de abortar te denuncian y así es como se mueren mujeres". León resaltó que desde el hospital Pereira Rossell no se presentó ninguna denuncia a la Policía ni a la Justicia por este caso, ya que "eso queda bajo el secreto profesional".

"No hay delito que yo tenga que denunciar ante nadie. Sólo denuncio ante la autoridad sanitaria (el MSP), a los efectos epidemiológicos, que tuve un caso de aborto provocado sin mencionar el nombre del paciente, al igual que en otros casos como la sífilis", expresó.

"Aquí se intenta que las pacientes vengan a tratarse al hospital después de abortar, la dirección del Pereira mantiene esa postura y eso lo determina el MSP", agregó.

La senadora oficialista Mónica Xavier dijo a El País que ayer planteó la necesidad de que se discuta rápidamente el proyecto de salud sexual y reproductiva. "Cada vez queda más claro que el país necesita discutir una nueva legislación", sostuvo. En el caso puntual de la joven procesada con prisión, Xavier se preguntó quién planteó la denuncia. "Tradicionalmente estaba la práctica de denunciar a la mujer que se practicaba un aborto pero eso no está sustentado por ninguna norma", afirmó.

Consideró además que "no le hace bien" a un programa como el de Prevención del Aborto en Condiciones de Riesgo que se desarrolla en el Hospital Pereira Rossell "el que haya ocurrido una situación de esta naturaleza".

CAMPAÑA. Dos organizaciones de la sociedad civil -Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) e Iniciativas Sanitarias (IS)- llevan adelante una campaña de asesoramiento a mujeres en situación de embarazo no planificado y al personal médico que las atiende, cuyo objetivo principal es evitar la muerte de mujeres por abortos provocados en condiciones de riesgo.

MYSU e IN trabajan desde abril de 2006 en la zona de influencia de centros de Salud Pública ubicados en Casavalle y Ciudad de la Costa, pero este año extenderán la campaña a otros ocho locales de atención del MSP en Montevideo -Piedras Blancas y Jardines del Hipódromo- y en Rivera, Paysandú, Las Piedras, Canelones, San José y Florida.

EXPERIENCIAS. Las doctoras Mónica Viré y Mónica Rodríguez trabajan en el centro de salud Ruben Misurraco, ubicado en Casavalle, que atiende en promedio unas 2.500 personas al mes en las áreas de pediatría, medicina general y ginecología.

Ambas coinciden en que el fin del servicio promovido por MYSU e IS no es evitar el aborto, sino el embarazo no buscado ni deseado y las muertes de mujeres debido a esa razón. Por ello asesoran sobre las prácticas de aborto de peligro, las leyes vigentes y los métodos de anticoncepción a quienes consultan. Las médicas indicaron que todo el personal del centro está capacitado para recibir a las mujeres que llegan a atenderse por un embarazo no deseado. Para Viré y Rodríguez también prima el secreto profesional en estos casos.

NORMA SIN DIFUSIÓN. "Se aprobó la norma sanitaria, pero no se hizo ningún trabajo de difusión desde la institucionalidad del Estado. Entonces, en acuerdo entre IS y MYSU tratamos de hacer una acción de difusión, para que esta norma se cumpla por lo menos en los servicios públicos. IS capacita al personal de los equipos de salud dependientes del MSP y nosotros trabajamos con las comunidades a las cuales esos centros de salud pertenecen", señaló Abracinskas, coordinadora de MYSU. "Si luego de recibir la información las mujeres deciden abortar, recurren al circuito clandestino de realización de abortos", expresó Abracinskas, notoriamente partidaria de legalizar su práctica.

"Esta normativa, si bien es una estrategia de disminución del riesgo, no resuelve el problema porque la práctica del aborto sigue transitando sistemas no controlados, clandestinos. Esta estrategia no sustituye a la necesidad de un cambio legal. En todo caso, lo que trata de hacer es que no se muera ninguna mujer más por algo que no se debería morir", concluyó Abracinskas.

El 6 de agosto de 2004 el entonces ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla, aprobó la ordenanza 369 con el fundamento de que Uruguay ocupaba uno de los primeros lugares en mortalidad materna por complicaciones derivadas del aborto. Allí, homologó la iniciativa de "protección materna" frente al aborto planteada por el Sindicato Médico, la Sociedad de Ginecotología y la Facultad de Medicina. En la práctica, el programa implica atender y asesorar a las mujeres antes y después de que se realizan un aborto. Los médicos tienen prohibido informar dónde se puede interrumpir el embarazo, pero sí señalan a las mujeres sobre los métodos más seguros y la necesidad de controlarse después de abortar.

Las cifras

700 es el monto en dólares que pagó la joven por hacerse un aborto. Fue procesada tras ingresar al Pereira por complicaciones.

8 es la cantidad de centros de Salud Pública que se sumarán al plan de prevención de aborto en condiciones de riesgo.

En general los jueces penales uruguayos no procesan a las mujeres que se someten a un aborto, según un relevamiento entre magistrados que realizó El País en 2005.

Los jueces señalaron que los fiscales, quienes son los titulares de la pretensión punitiva, en general no solicitan el procesamiento porque entienden que las mujeres que deciden interrumpir su embarazo pasan por situaciones difíciles. Consideran que procesarlas sería penarlas dos veces.

Los jueces consultados señalaron además que los casos de aborto que llegan a la Justicia son una minoría en relación a la cantidad de embarazos que se interrumpen.

El artículo 325 del Código Penal establece que "la mujer que causare su aborto o lo consintiera será castigada con prisión de tres a nueve meses".

Los magistrados señalaron que el artículo 328 del Código Penal les da elementos para no iniciar proceso ni condenar a las mujeres. Allí se mencionan causas atenuantes y eximentes que rigen para los casos en que el aborto sea realizado dentro de los tres primeros meses de la concepción. Entre ellos están la "angustia económica" y el abortar para "salvar su propio honor". El juez Ricardo Míguez declaró para el artículo que generalmente se utiliza la eximente de que la mujer lo realiza por angustias económicas y se entiende que procesarla es penarla dos veces.

Madrinas por la Vida es una ONG que da apoyo a mujeres que evalúan abortar por dificultades económicas. Marta Grego, integrante de ella, dijo que está en contra del aborto de riesgo, "pero eso no quita que están abortando todos los días con misoprostol en el Pereira Rossell. Ellos mismos dijeron que si bien no lo dan, sí lo recomiendan y así mueren muchos bebés", consignó.