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DANIEL ISGLEAS

Los nacionalistas promueven medidas para el tratamiento de menores infractores, buscando el apoyo del gobierno. El planteo se discutirá en la comisión interpartidaria de seguridad que funciona en el Parlamento.

Mantener los antecedentes generados como menor cuando el infractor alcance la mayoría de edad, aumentar de cinco a diez años el régimen de privación de libertad cuando el menor infractor tenga entre 16 y 18 años, y la creación de un instituto especial para alojar a los menores infractores con guardia exterior y un equipo de profesionales destinados a la rehabilitación, forman parte de las propuestas presentadas por la representación del Partido Nacional ante la comisión interpartidaria de seguridad ciudadana, creada a instancias del presidente José Mujica, y de la que participan el gobierno y la oposición con el fin de arbitrar políticas comunes.

La delegación nacionalista integrada por el senador Carlos Moreira y el diputado Gustavo Borsari espera acordar con los otros partidos y con el gobierno para impulsar la creación del Instituto de Rehabilitación del Menor Infractor, que saque de la competencia del INAU al actual Instituto de Rehabilitación Juvenil (Interj).

Borsari explicó a El País que en este centro que se propone crear podrían tratarse 400 internos, en los que participaría un equipo de maestros, sicólogos, profesores de educación física y especialistas en adicciones.

El legislador nacionalista expresó que los menores de 18 años que cometan delitos gravísimos, según la calificación del art. 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia (como homicidio, violación, secuestro y copamiento) "deberán ser internados en un instituto especial y autónomo, fuera del INAU y fuera de las cárceles para mayores de edad".

"Es la única posibilidad de recuperar a estos menores que hoy están internados y mañana estarán fugados y volverán a caer en el círculo vicioso del delito", añadió Borsari.

El tema será tratado por la comisión interpartidaria el primer jueves luego de las elecciones municipales del 9 de mayo y se espera que haya una respuesta afirmativa por parte del partido de gobierno.

"Yo creo que se puede ser optimista, si hay que hacerle modificaciones estamos dispuestos a negociar", estimó el legislador.

CAMBIOS. Borsari indicó que en la propuesta se mantiene la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia a todos los menores de 18 años de edad con la distinción del art. 1º del mismo entre niños y adolescentes (hasta 13 años se consideran niños y de 13 a 18 años adolescentes).

En lo que respecta al régimen de privación de libertad previsto en los artículos 89 y siguientes de ese texto legal, la propuesta de los nacionalistas modificaría lo que dispone el art. 91, estableciendo una diferencia entre la duración máxima de la pena según se trate de adolescentes cuya edad esté comprendida entre los 13 y los 16 años y aquellos que tengan un mínimo de 16 y un máximo de 18 años.

Para los primeros, y de acuerdo con el procedimiento del Código vigente sobre la gravedad de los delitos, se mantendría como pena máxima de privación de libertad el término de 5 años. Para los segundos y en la medida que el Juez de Menores entienda previo dictamen pericial del Instituto Técnico Forense que existe discernimiento respecto de lo actuado, la privación podría llegar a los 10 años (siempre en caso de delitos gravísimos, según los califica el art. 72 del Código de la Niñez y la Adolescencia).

Se propone además la modificación del art. 69 del Código de la Niñez y la Adolescencia vigente, que penaliza la tentativa o la complicidad en infracciones a la ley penal, sólo en algunas de las hipótesis de delitos calificados como gravísimos por el art. 72 de dicho cuerpo legal.

Por último, la iniciativa modificaría lo dispuesto en el art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia manteniendo los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes infractores, los cuales podrán ser tenidos en cuenta una vez que hayan alcanzado la mayoría de edad a efectos de determinar el alcance y la gravedad de futuras responsabilidades penales que tengan.