APARTAMENTO EN ROJO

El reciente descubrimiento de un prostíbulo clandestino en un inmueble de una funcionaria del Estado pone en evidencia que tanto las casas de masajes como los apartamentos privados en que varias trabajadores sexuales ejercen escapan por completo del control estatal.

El apartamento de La Aguada estaba equipado con lo mínimo. Camas en los dos cuartos, un ropero lleno de lencería de higiene dudosa y apenas una lámpara de pie como decoración. A la una del mediodía llegaba una joven a quien llamaremos Victoria, de 22 años, que comenzaba sus ocho horas poniéndose el uniforme de trabajo, que cuanto más mostrara, mejor. Durante el día, Victoria era prostituta. Por la noche acompañaba a su hijo de siete años a las prácticas de fútbol y cuidaba de sus dos bebés. En los últimos días, esto cambió.

Apenas terminó la escuela. Apenas tenía donde vivir. Apenas podía cuidar a sus hijos y mucho menos dedicarse a estudiar. Con suerte tenía chances de conseguir un trabajo en el sector de limpieza. Había sido golpeada por su pareja y tras separarse, vender su cuerpo para el placer de otros fue la única solución que pudo encontrar. Así estuvo un año, hasta que hace unos días decidió parar. No porque el trabajo le desagradara, que lo hacía, sino por un titular en el informativo la asustó.

El apartamento 301 de un edificio sobre la calle Uruguay apareció en su televisión, que le mostró un caso escandaloso de prostitución que perfectamente podría haber sido el suyo. Las imágenes de una cámara de seguridad dejaban ver cómo varias trabajadoras sexuales entraban y salían del lugar, acompañadas por clientes. También había menores. Y la economista Laura Remersaro, directora de la Contaduría General de la Nación, resultó destituida de su cargo luego de que Subrayado publicara un informe sobre el tema y se confirmara que el inmueble era de su propiedad.

Lo que alarmó a Victoria de la noticia fue que entre sus cinco compañeras de trabajo había una que era menor. "Tengo una niña. No quisiera ver a mi hija menor trabajado en esto. No se lo deseo a nadie", dice Victoria, que ahora está buscando un trabajo diferente con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social, aunque sabe que si no consigue nada es posible que vuelva a la prostitución.

El episodio del apartamento 301 puso en el ojo público estos prostíbulos clandestinos en edificios donde varias personas se dedican al trabajo sexual bajo condiciones que las autoridades no pueden controlar. Las decenas de sitios web que los promocionan han facilitado su reproducción en la capital y en el interior, según indican varias fuentes.

Para los vecinos, la convivencia con un prostíbulo puede ser mucho más que un dolor de cabeza, y para las trabajadoras sigue siendo un ambiente propicio para maltratos, explotación y poca autonomía de trabajo.

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Ella prefiere que le digan Romi. Es trabajadora sexual, trans y sobre su edad, afirma que tiene más de 30 años. A diferencia de Victoria, tiene formación terciaria e incluso ocupó un cargo público del que la removieron y por el que, según cuenta, cursó un proceso administrativo porque entendió que fue discriminada. Hoy trabaja en su propio apartamento, en el que vive desde hace 10 años con su madre y su perro. No le fue fácil conseguir un lugar donde vivir. De hecho, entre 2005 y 2006 llegó a señar cinco apartamentos por los cuales le devolvieron la seña. Ella cree que fue tras conocer su perfil. Desde que cambió de nombre, relata, se asesora siempre con abogados y conoce a fondo la legislación que la respalda.

Romi cree que la dificultad para conseguir un lugar donde vivir y la falta de educación es lo que lleva a las prostitutas a trabajar en apartamentos no regulados. Pero a ella no. Actualmente se promueve a través de anuncios en el diario y de sus cuentas de redes sociales. "Yo vivo de mi cuerpo, no tengo quién me fiole ni quién me cuide. Pero tampoco fiolo a nadie, que es algo muy habitual en los apartamentos cuando las chicas tienen que dar la mitad de lo que ganan".

Pueden ser tanto apartamentos privados como las conocidas "casas de masajes". Karina Núñez, trabajadora sexual y referente en el ámbito, cree que el trabajo en apartamentos surgió como una extensión de las casas de masajes. Para una prostituta, un apartamento privado es más seguro y le da más autonomía que una whiskería. Es más discreto y no tiene alguien que lo regentee y se lleve la mitad de su dinero, como sí ocurre en las casas de masajes, que funcionan en una modalidad similar e igual de informal, pero donde se cumple un horario fijo y se acatan las normas de una persona encargada. Este parece ser el caso de Victoria, por ejemplo.

¿Pero qué convierte a un apartamento donde atiende una trabajadora sexual en prostíbulo? ¿Qué tipo de requisitos tiene que cumplir uno de estos negocios para ser legal? Los parámetros los establece la ley 17.515, cada intendencia pone normas y realiza habilitaciones. En Montevideo se piden varios trámites, como el de viabilidad de uso, aprobación de las condiciones edilicias, habilitación de bomberos y de la jefatura de policía.

Según explican desde la Prosecretaría General de la Intendencia de Montevideo (IMM), las normas no dejan claro el concepto de prostíbulo, por lo que se entiende que lo es cuando tiene más de dos habitaciones que se usan para ofrecer servicios. En las propiedades horizontales está prohibido establecer prostíbulos pero los apartamentos en que una persona vive y trabaja no son, entonces, ilegales.

Los apartamentos donde trabaja más de una persona son un problema para la comuna ya que si sus habitantes no permiten el ingreso, solo se puede entrar con una orden de allanamiento. Las inspecciones se realizan "en la medida que se puede" y en los últimos tiempos se han realizado visitas con los integrantes de la Comisión Nacional Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Salud (MSP) pero está integrada por miembros de diferentes ministerios y organizaciones.

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Por ley, existen diferentes tipos de locales donde la prostitución está permitida. El profesor de relaciones laborales de la Facultad de Derecho de la Udelar, Pablo Guerra, que se ha dedicado a estudiar a fondo el mundo del trabajo sexual, explica que en Montevideo hay cerca de 25 locales establecidos "más o menos en regla".

A esto se le deben sumar los apartamentos que funcionan de manera informal. Lo que suele ocurrir con estos lugares es que se alquilan a través de testaferros y cuando se cierra en un lugar, se abre en otro. Guerra opina que es notoria la falta de inspecciones.

"¿Razones para moverse en la clandestinidad? Simple: poner un local en regla cuesta dinero y lleva tiempo. Alquilar un apartamento, publicitarlo por la web y por pequeños "volantes" es muy barato y altamente rentable". El negocio es redondo si se considera el poco control que hay, entiende.

Las personas que trabajan en estas casas de masajes son más jóvenes que las que lo hacen en las tradicionales whiskerías o prostíbulos tradicionales, dice. Los clientes, por su parte, son por lo general personas casadas que aprovechan el horario laboral para evitar sospechas.

Si bien las casas de masajes se diferencian de los apartamentos privados, comunes entre las trabajadoras trans, en los hechos los límites entre uno y otro se vuelven difusos. Guerra no tiene claro si el apartamento de Remersaro se usaba como casa de masajes o apartamento privado, pero entiende que va a afectar la demanda de este tipo de servicios: "Los clientes asiduos tienen miedo de caer en alguna redada, ser filmados por cámaras o incluso ser escrachados por los vecinos", explicó.

El MSP realiza controles de salud mensuales a los trabajadores sexuales. En cada consulta, cada uno tiene derecho a solicitar 144 preservativos gratuitos. Entre 2013 y 2014 creció la cantidad de controles realizados, de 2.150 a 2.544. Esto, según afirman desde el MSP y la comisión dedicada al trabajo sexual, redujo la morbilidad en VIH en general y en particular entre los trabajadores controlados.

La comisión destaca además que en los últimos años, si bien creció la movilización en busca de promoción de derechos para trabajadores en el interior, en Montevideo las organizaciones que participaban a través de proyectos financiados se alejaron del ministerio.

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Las veía desnudas en el balcón del patio interno. Las escuchaba gritar y reírse durante las noches, tapando incluso el ruido de la música que ponían a todo volumen. Las sentía salir y entrar muchas veces en una misma noche, dejando la puerta del edificio entreabierta e incluso con la cerradura rota, varias veces. A Mirta las vecinas del 104 le hacían la vida imposible. Y no solo a ella, sino también a su madre, una señora mayor con problemas cardíacos que vive en el edificio porque no puede cuidarse sola.

Hace más de 20 años que esta mujer vive en un apartamento céntrico. Nunca había tenido problemas hasta que meses atrás dos mujeres jóvenes se fueron a vivir al mismo piso.

"Desde que llegaron la vida se ha transformado en un infierno", afirma la mujer, que esta semana se acercó a la empresa administradora del apartamento a denunciar la situación. Dice que el caso de Remersaro no fue lo que motivó su denuncia, porque su situación viene desde hace varios meses y afirma que ha llamado a la policía en más de una ocasión, así como a la IMM.

Cuando fue a la empresa administradora este miércoles buscaba contactarse con el dueño, pero no obtuvo información así como tampoco fue posible que se la notificara de la situación a la persona. Para hacerlo, Mirta necesita la denuncia de varios vecinos más. Ahora piensa reunir el apoyo de los copropietarios e inquilinos para lograr que pare el ruido, que no la deja descansar en paz. Mirta prefiere no dar su nombre real, por miedo a las represalias.

Tampoco una empresa que administra más de 110 edificios en la capital quiso que se la vinculara con el tema, pero sus representantes dijeron que en lo que va del año ya tuvieron dos denuncias por casos de apartamentos en los que se ejerce el trabajo sexual. Si bien señalan que no es algo común, les ha pasado en numerosas ocasiones y en caso de que las personas fueran inquilinas es más fácil plantear el desalojo que si son propietarios.

La mayoría de quienes ejercen la prostitución y publicitan sus servicios a través de diversos medios utilizan celulares como forma de contacto, por lo que los responsables de los inmuebles no tienen una forma de vincularlos, lo que sí podría hacerse si utilizaran teléfonos fijos.

Raúl Calandria, presidente de la Asociación de Administradores de Propiedades Inmuebles, una organización que nuclea a varias de las empresas del rubro inmobiliario, considera que los casos en que salen a la luz situaciones como la del apartamento de Remersaro no son habituales. Cuando ocurren, el primer paso es lograr el acuerdo entre la comisión del edificio.

"Si no es escandaloso algunos hacen la vista gorda y pasan. Si es demasiado la copropiedad se reúne y resuelve buscar una solución".

Luego hay dos caminos, uno es dejarlo en manos de la empresa administradora y otro es hacer una denuncia ante el Ministerio del Interior. "Si hay un prostíbulo ilegal la copropiedad necesita un desalojo", explica.

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Karina Núñez entiende que no hay forma de controlar estos negocios clandestinos y que la única manera en que las trabajadoras pueden hacer valer sus derechos es teniendo sus habilitaciones correspondientes, algo que todavía no ocurre.

Aunque lo que las prostitutas cobran por su trabajo es sumamente variable, Romi considera que no sería disparatado estimar un ingreso promedio mensual de $ 60.000. Para Victoria, el promedio es de $ 5.000 por semana. Por hora, coinciden, se cobran alrededor $ 1.500, dependiendo de los servicios adicionales. La diferencia es que a Victoria la dueña del departamento le cobraba un tercio de lo que ganaba con cada cliente.

En la página web no son mujeres ni hombres ni trans. Son colas, pechos, penes, piernas, músculos, melenas y caras provocativas. El oficio más viejo de mundo adaptó las viejas formas a las nuevas dinámicas que posibilita la tecnología pero para Uruguay sigue existiendo una parte del mercado que en muchos aspectos se le escapa al Estado, ese mismo que lo reconoce como trabajo para poder controlarlo.

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"SOS! Cómo contactar debidamente a una chica escort?" señala una publicación en el sitio web. No solo incluye recomendaciones para abordar a una o un escort de la forma correcta sino que además da la posibilidad para sus usuarias de personalizar su perfil y conseguir una verificación. Esto último, según vende la página, es una forma de saber que las fotos que publica la prostituta son reales. Otro de los sitios, además de fotos, perfil y descripción, permite que cada usuario tenga comentarios de sus clientes pasados, como forma de crearse una especie de reputación virtual. El sitio también presenta un "mapa de sexo" que muestra casas de masajes, whiskerías y moteles y su ubicación en un mapa de Montevideo.

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Actualmente, el registro de trabajadores sexuales lo lleva adelante el Ministerio del Interior. Sin embargo, comprende a un número de personas diez veces menor en comparación con aquellas que se realizan los controles del Ministerio de Salud. En este momento, se está estudiando modificar la ley que regula el mercado y se analiza la posibilidad de que esto pase a la órbita del Ministerio de Trabajo. "Creemos que desde el momento en que es considerado un trabajo no hay razón para que el mismo sea llevado por la policía. Eso no sucede con otras profesiones u oficios", opina la directora de la división Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta. Desde el Ministerio de Trabajo, por otro lado, señalan que es un tema reciente para la administración actual, que está empezando a estudiarlo con intenciones de participar de la discusión cuando se implementen reformas.

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Datos del Ministerio del Interior indican que entre 2015 y 2016 se denunciaron solamente cuatro casos de proxenetismo. Tres de ellos ocurrieron en Montevideo y uno en Canelones. Se trata de un delito "poco denunciado", indican desde el ministerio. El profesor de la Facultad de Derecho Pablo Guerra realizó un estudio para el cual entrevistó a 188 trabajadoras sexuales y que le permitió analizar diversos aspectos de las dinámicas en que funciona este mercado. Para el experto, el hecho de que la mitad de las trabajadoras entrevistadas hayan manifestado que deben cumplir un horario refleja cómo hay prácticas que rozan el proxenetismo en el mercado. "Surge también de la evidencia manejada que los patrones sancionan a las trabajadoras cuando llegan tarde o faltan a sus trabajos", escribe el experto en su investigación académica.

"Especialmente preocupante es el dato que arroja que un 7% de personas prostituidas no tiene ningún margen para negarse a atender un cliente, lo que nos aleja del escenario de autonomía con el que cuenta el sistema reglamentarista de Uruguay para evitar caer en la trampa de la figura explotadora", dice el estudio. Entre las conclusiones que manejan se habla también de una forma de las trabajadoras de referir al proxenetismo como algo sobre lo que pueden decidir "si razonan adecuadamente", pero se indica que el proxenetismo es una práctica que funciona a través del sometimiento de las personas e implica una semi esclavitud "en que la víctima no encuentra margen para liberarse". Según maneja Guerra en otra de sus investigaciones, "una de cada tres personas que ejercen la prostitución comenzaron siendo menores de edad", mientras que cerca de un 58% de las entrevistadas relataron haber tenido una infancia problemática.

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Todo comenzó con las denuncias de los vecinos de un edificio situado en la calle Uruguay. El ir y venir de personas ajenas al lugar a toda hora había agotado la paciencia de los copropietarios del lugar con las habitantes el apartamento 301. Luego vino la difusión en Subrayado de un video que comprobaba la existencia de un prostíbulo clandestino en el que además vivían menores y, finalmente, la economista Laura Remersaro, propietaria del inmueble, fue separada de su cargo como directora de la Contaduría General de la Nación.

Según dijo la exjerarca a El Observador, tuvo conocimiento de la situación apenas 11 días antes de que el caso saliera a la luz y actuó para revertir la situación apenas lo supo.

"Cuando los vecinos me contactan, en diciembre, la situación no era esa, la situación era por la persona que estaba viviendo con sus dos hijas y su madre, y entendían que entraba y salía mucho del edificio", dijo al diario.

Los vecinos rechazan lo dicho por la economista y sostienen que hace varios meses se le informó a Remersaro en una asamblea de propietarios de la existencia de un prostíbulo clandestino en su apartamento, previo a hacer la denuncia ante la Policía y la Intendencia de Montevideo, las que no habían dado ninguna habilitación para el funcionamiento de un prostíbulo en el edificio.

Según relataron los vecinos a El País esta semana, las mujeres que salían y entraban del apartamento no eran siempre las mismas y los clientes se agolpaban en la entrada. La situación venía ocurriendo desde hace un año.