La ministra de Defensa Nacional, Azucena Berrutti manifestó su preocupación por el procedimiento por el cual una empresa venezolana iba a enviar 15 mil municiones a Uruguay, para ser probados en tres armas iraníes procedentes de Venezuela, en poder del Ejército. La titular de Defensa insistió en que el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales desconocía la operación por la que la fuerza de tierra no descartó iniciar una investigación administrativa, según señaló ayer en la reunión que mantuvo con los senadores del Frente Amplio. Participantes del encuentro, indicaron que en filas del gobierno existe muchas interrogantes sobre el tema y que inquieta la posibilidad de que la oposición promueva una interpelación a Berrutti. El Ministerio de Defensa anuló el envío de armamento que la empresa de Venezuela intentó entregar al Ejército para probar un nuevo armamento que la fuerza se dispone a comprar.

Los proyectiles iban a llegar al país a bordo de la fragata Gral. Artigas, que a fin de mes pasará por puertos de Venezuela como parte de una misión que el Parlamento aún debe autorizar.

Los informantes indicaron que en la reunión con la bancada se admitió que el embajador uruguayo en Venezuela. Gerónimo Cardozo tuvo intervención en los procedimientos

La ministra reiteró que no tenía conocimiento que en el barco se iban a transportar las municiones. Por su parte, el subsecretario José Bayardi al comparecer días pasados en el Parlamento, dijo que la empresa venezolana Cavim se enteró que el Ejército estaba planificando una compra de armamento y municiones ordenada por el anterior comandante en jefe Carlos Díaz, y ofreció enviar 15.000 proyectiles "como muestra".

Cavim es la sigla de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, creada en abril de 1975. Las tres armas de prueba llegaron a Uruguay sin municiones. Por ello, los proyectiles iban a ser enviados a través del barco de la Armada.

La oposición no descarta acciones políticas contra las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional, si no se le responde rápidamente los dos pedidos de informes que cursó el diputado Javier García. En los nacionalista persisten las dudas, al desconocer "cómo se pudo autorizar el envío de municiones desde una empresa que el gobierno afirma que es privada, a través de un barco del Estado uruguayo".