Iniciativa blanca busca desactivar la queja empresarial ante la organización.

A pocas semanas de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) defina si trata en su asamblea anual la queja de las cámaras empresariales uruguayas contra la normativa sobre la negociación colectiva (que el Pit-Cnt defiende con vehemencia), el Partido Nacional hizo suya una iniciativa del abogado laboralista Nelson Larrañaga que apunta a introducir varios cambios que eviten que el país quede expuesto en el foro internacional y eventualmente pase a integrar una "lista negra".

La ley que creó los Consejos de Salarios es de 1943 y luego fue complementada con la ley de negociación colectiva aprobada durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Durante sus dos primeros años de gestión, el gobierno logró que las cámaras empresariales no insistieran ante la OIT para que se tratara su queja, pero a partir del 1° de enero pasado las patronales se consideran liberadas de ese compromiso porque no se llegó a un acuerdo respecto a sus objeciones, varias de las cuales son compartidas por la OIT.

Larrañaga dijo a El País que se trata de una "iniciativa ciudadana" que presenta a través del diputado blanco Pablo Abdala. El proyecto está en la Cámara de Representantes a la que ingresó el 28 de marzo, y ahora Larrañaga espera ser convocado por la Comisión de Legislación del Trabajo para su análisis. Según Larrañaga, de adoptarse, levantaría todas las objeciones de la OIT.

Una novedad clave que introduce el proyecto, de 20 artículos, es que propone limitar la competencia que tiene el Poder Ejecutivo para dictar normas referentes a los ingresos de los trabajadores privados y a formular sus categorías laborales. Sugiere limitar esta competencia exclusivamente a la fijación de salarios mínimos por categorías y su régimen de actualización. El resto de las condiciones de trabajo (actualizaciones de salarios superiores a los mínimos, categorías laborales, bonificaciones y premios, licencias especiales, licencia sindical, etc.) deberían acordarse en el marco de una negociación colectiva bipartita, sin intervención del órgano tripartito, determina la iniciativa.

Otra novedad es que establece que el ejercicio del derecho de huelga, la ocupación del lugar de trabajo y los piquetes dentro y fuera del lugar del mismo tendrán que respetar el derecho al trabajo de los no huelguistas y de la dirección de la empresa o del organismo público de ingresar a las instalaciones. El Pit-Cnt considera impracticable esta propuesta.

Larrañaga también propone establecer un procedimiento coordinado entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio del Interior, para hacer efectiva la desocupación del lugar de trabajo y la liberación de la entrada y salida al local de la empresa en un radio de cien metros al acceso en un plazo de seis horas. Ese plazo mencionado se reduciría a una hora en circunstancias excepcionales cuando la medida colectiva sindical respectiva pusiera en riesgo la vida, la seguridad de las personas o afectara el orden público.

Larrañaga también sugiere que se establezca un nivel de reserva respecto a las informaciones que las empresas aporten sobre su situación en el marco de la negociación colectiva para no facilitar que esos datos lleguen a su competencia.

Abdala dijo a El País que "partimos de la constatación de que el país tiene un problema no resuelto, que el gobierno simplemente ha postergado su definición ya que le resulta muy difícil encontrar una solución por la oposición férrea que ha tenido de parte del Pit-Cnt a avenirse a modificar la ley de negociación colectiva".

Abdala planea contactar al ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para plantearle que el proyecto puede ser una base para destrabar las estancadas conversaciones entre las gremiales empresariales, el gobierno y los sindicatos respecto a este punto. Murro dijo a El País que no estaba al tanto de la iniciativa, y recordó que presentó tres propuestas escritas sobre el tema (la última en marzo). Señaló que no le consta que las gremiales empresariales no hayan aceptado su proposición.

Andrés Fostik, presidente de la comisión Socio-Laboral de la Cámara de Industrias, señaló por su parte a El País que "me gusta mucho la idea de que se ponga en agenda el tema, que un grupo parlamentario lo quiera hacer y que tomen la idea de un profesional, pero tenemos que estar de acuerdo todos los que hemos trabajado tantos años en esto".

Pero el Pit-Cnt, que se había avenido a discutir modalidades de prevención de conflictos, considera que en líneas generales el sistema vigente es bueno y que no es viable que una empresa esté ocupada y algunos de sus empleados trabajen normalmente.

Milton Castellano, director del instituto Cuesta-Duarte dijo a El País: "Yo le pregunto a cualquier lector: ¿cómo puedo hacer para en un mismo lugar hacer una huelga, permitir que se trabaje y permitir que la empresa funcione? Es una contradicción tal que por la vía de los hechos es impracticable. O hay huelga o no hay huelga. La huelga es constitucional y la ocupación es una modalidad de huelga", señaló. Según Castellano, la mayoría de las ocupaciones son "defensivas" y se realizan en empresas que cierran como La Spezia, Tiempost o Fripur. "Lo que hacen los trabajadores es custodiar los bienes para ver si pueden cobrar algún derecho", explicó.

Para el Pit-Cnt la defensa del sistema de negociación colectiva es crucial. Según su dirigente Milton Castellano, "ha permitido incrementar el salario real y la distribución de los ingresos. La central quiere mantener el nivel de intervención estatal en las conversaciones y rechaza que la negociación sea "libre y voluntaria". "La vida ha demostrado que en Uruguay cuando era libre y voluntaria, había menos de veinte acuerdos registrados en el Ministerio de Trabajo. De tan libre que era, no existía", señaló.

La exposición de motivos de la iniciativa blanca señala que hay plazos corriendo que obligan a buscar una solución al prolongado diferendo generado por la queja ante la OIT de las Cámaras de Industria y Comercio, que lo presentaron en representación de otras muchas gremiales empresariales. El diputado blanco Pablo Abdala comentó que "capaz que entre todos podemos encontrar una solución y desde el Parlamento contribuir a una salida (...) Sería verdaderamente negativo estar en una lista negra. No digo que sea trágico pero no es alentador ni positivo. Estamos por fuera del marco internacional. Tenemos planteado el problema en toda su magnitud", señaló.

En la exposición de motivos se señala que los plazos están corriendo para evitar la posibilidad de que la asamblea de la OIT aborde el tema de Uruguay en su próxima asamblea en junio. "El tiempo se termina a fines de abril de 2017, que es la fecha en que se comunica a los gobiernos la lista preliminar de casos seleccionados por la Comisión de Aplicación de Normas. Si en el curso de mayo de 2017 se llega a un acuerdo, el gobierno puede solicitar la exclusión del caso Uruguay de la lista preliminar (de asuntos a tratar) en caso de que el mismo haya sido seleccionado", explica.

En la conferencia participan gobiernos, trabajadores y empleadores de 186 países. Transcurrieron casi siete años desde la queja inicial de las gremiales. La OIT ha aceptado que la normativa del país no cumple los convenios 87 y 98 que la organización considera fundamentales, lo que incrementa las chances de que el caso uruguayo se incluya en la lista preliminar de asuntos que abordará la comisión.

Un preacuerdo verbal sobre la queja ante la OIT definido en febrero entre el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, Carlos Perera, y el del Pit-Cnt, Fernando Pereira, no se llegó a concretar y ahora la situación está a fojas cero tras el rechazo de una propuesta del ministro Ernesto Murro.

JUAN PABLO CORREA

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