Tasa de mortalidad sigue en ascenso desde 2005; hubo 709 casos en 2016.

Uruguay registró el año pasado el mayor número de suicidios de su historia. Ayer, al conmemorarse el día nacional que busca la prevención de este drama social, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informó que 709 personas se quitaron la vida en 2016, la cifra más alta de la historia.

Los datos divulgados por la División de Epidemiología de esa cartera muestran una tasa de fallecidos de 20,37 cada 100.000 habitantes. En 2002 la tasa llegó a 20,62, pero la población estaba basada en el censo de 1996. Ese año, en medio una profunda crisis económica, se suicidaron 690 personas.

Para el MSP, es un fenómeno mundial que afecta a "todas las regiones". Por esta causa, fallecen al año más de 800.000 personas. En los últimos 45 años las tasas aumentaron un 60%.

La subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, aseguró que es un tema que "desafía" a su ministerio, que en 2015 declaró al suicidio como uno de los problemas "más críticos del país" y que está priorizado en los Objetivos Sanitarios Nacionales hacia el 2020.

En la presentación no divulgaron cifras sobre los perfiles de las víctimas, aunque hay algunos datos significativos.

Por cada suicidio consumado hay en promedio unos siete intentos de autoeliminación. La mujer lo intenta más que el hombre, aunque éste lo concreta más.

Pablo Hein, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de conducta suicida en el Uruguay de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, ha estudiado el tema en los últimos años. Aseguró a El País que la población mayor de 65 años es la que concentra la mayor cantidad de fallecimientos por esta causa. "La tasa es de 30 cada 100.000 habitantes, muy superior al promedio", indicó.

En los últimos años, se ha detectado un incremento de muertes de hombres mayores de 35 años que se divorcian y quedan solos. Esto se explica, opinó Hein, porque el hombre sufre más que la mujer el "déficit de familia".

Hein aún no ha discutido estos datos con su grupo de trabajo. De todas maneras, maneja algunas hipótesis que pueden explicar este aumento.

"Pasa por una cuestión de pérdida de vínculos afectivos. Tener un estudio, un trabajo y un sentimiento de pertenencia hacia algo te da vínculos, reconocimiento y protección", afirmó. El experto cree que hay "exigencias altas" en cuanto a los reconocimientos de logros de la sociedad.

Para Lustemberg, "no es un tema solo de salud pública". Cree que es un problema social: "Hay que sacarlo del estigma, de la condena, del ocultamiento", indicó.

Ocultar es moneda corriente en los afectados. Hace dos días, Hein recibió un llamado de una mujer contadora quien le contó que dos compañeros de su trabajo se suicidaron. Dolida por la situación, relató que sus compañeros no querían hablar del tema, por lo que pidió ayuda a este grupo de la Facultad de Ciencias Sociales. La derivaron con una psicóloga.

"Hay que empezar a comunicar el tema y hablarlo", insistió el experto Nicolás Guigou, director del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales de la Udelar, que habla sobre este punto y lo describe como "la violencia del silencio" en el libro "70 años de Suicidio en Uruguay".

En Uruguay hay una Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, integrada por los ministerios de Salud Pública, Interior, Educación y Cultura, Desarrollo Social y la Universidad de la República que analizan mecanismos para abordar este tema.

¿Qué está haciendo el gobierno para encarar este tema?

El pasado 17 de mayo, el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, firmó una ordenanza que obliga a todos los prestadores a darle un seguimiento a cualquier usuario que haya tenido un intento de autoeliminación, ya sea del ámbito privado o público.

Según el MSP, los tiempos de espera para quienes sufrieron intentos de autoeliminación deben ser en las primeras 24 horas desde que ocurrió el hecho. Y luego de esa primera consulta, la segunda debe ser en los primeros siete días.

Según Lustemberg, ASSE está trabajando con sus equipos de salud mental en actualizar sus protocolos de trabajo.

Para Hein hay que cambiar la fórmula con la que se trabaja el problema.

"Hace 30 años lo estamos encarando de la misma manera y seguimos teniendo los mismos resultados", indicó.

El experto opinó que el Estado debe estar más presente para hacer visible este problema.

En Uruguay, hay distintas organizaciones no gubernamentales que buscan ayudar a afectados.

Último Recurso, una de ellas, trabaja bajo la idea de que la persona que comete un suicidio o intento de autoeliminación en realidad no quiere morir, "sino dejar de vivir así".

Este servicio recibe por día entre tres y ocho pedidos extremos de ayuda, según consta en una nota divulgada por El País hace cuatro meses.

Para reforzar este trabajo, el MSP anunció que dentro de 15 a 20 días presentarán junto al Portal Amarillo —centro cuyo cometido es ayudar a personas adictas a las drogas— un número de teléfono para poder atenderlas. "Va a estar disponible las 24 horas", indicó la jerarca.

UN DRAMA SOCIAL QUE CRECE