Ahora sí. La mayoría de los refugiados de Guantánamo hicieron saber que están dispuestos a firmar el convenio que el gobierno elaboró y que establece los compromisos que asumirán para poder comenzar con más formalidad su inserción en Uruguay.

Tanto Mauricio Pígola, el abogado que asesora a los liberados, como Christian Mirza, el interlocutor del gobierno con ellos, confirmaron a El País que hay un acuerdo y que el documento se está traduciendo al árabe, por lo se firmaría en los primeros días de la próxima semana.
Sin embargo, uno de ellos no estaría dispuesto a suscribirlo y está evaluando abandonar el país aunque no se descarta que pueda cambiar de idea.

Los liberados deberán firmar una copia del documento en español y otra en árabe. Ni Pígola ni Mirza quisieron avanzar mayores detalles pero sí señalaron que incluye disposiciones sobre el alquiler de las viviendas que correrá por cuenta del Estado y que variarán en función de la cantidad de familiares que los liberados quieran traer. La instrumentación del traslado estará a cargo de la Cruz Roja que pagará los pasajeros correspondientes y se encargará de la documentación.

El documento tendrá una vigencia de un año. Una vez que venza, se evaluará su funcionamiento y podría prorrogarse por otro año.

Mirza aclaró que si eventualmente firman el convenio, ello no implicará necesariamente que levanten su medida de protesta frente a la embajada de Estados Unidos. En el lugar instalaron tres pequeñas carpas en las que duermen desde el 23 de abril, aunque van a higienizarse a la casa de Palermo en la que se instalaron en diciembre pasado.

Los liberados, cuatro sirios, un palestino y un tunecino, deberán comprometerse a aprender español y Mirza aseguró que lo siguen estudiando.

El refugiado palestino Mohamed Tahamatan ya señaló su aprobación del convenio y no participó de la protesta frente a la embajada de Estados Unidos. De hecho, no ha sido visto en compañía de los otros cinco liberados.

Los refugiados ya no parecen tener tampoco más un contacto fluido con la dirigencia del Pit-Cnt que les facilitó la casa de Palermo en la que se instalaron inicialmente.

Mientras tanto, en Estados Unidos el senador republicano John Mc Cain presentó un plan para cerrar la prisión de Guantánamo en Cuba, donde todavía permanecen 122 hombres. El plan supone que sean trasladados a una instalación del Departamento de Defensa en territorio estadounidense. Habría aspectos legales a dilucidar, porque si estuvieran en territorio propiamente estadounidense, los hoy cautivos deberían poder acceder a un proceso con todas las garantías, que hasta ahora no han tenido. Guantánamo no es, a los efectos legales, territorio estadounidense.

Mc Cain es un influyente senador que compitió en las elecciones de 2008 contra el hoy presidente Barack Obama con quien dice coincidir desde hace años en la necesidad de cerrar el campo de Guantánamo. Uno de los argumentos que maneja Mc Cain es que mantener un prisionero en Guantánamo tiene un costo anual de US$ 3,5 millones y que la cifra se reduciría a US$ 70.000 en un establecimiento de alta seguridad en territorio estadounidense. Sin embargo, los cálculos del gobierno estadounidense dicen que el costo de mantener a cada uno de los cautivos en Cuba en US$ 750.000 anuales.

En abril de 2014 el staff destinado a la custodia de los cautivos y otras tareas vinculadas al funcionamiento del campo de prisioneros era de 2.268 personas.

Los liberados de Guantánamo van y vienen permanentemente entre su casa en el barrio de Palermo del frente de la embajada de Estados Unidos sobre la rambla. Son vigilados de lejos por móviles policiales. Hacen pequeñas caminatas por el parque, hablan largos ratos por celular en árabe y charlan. Y tres de ellos realizan siempre juntos a las horas correspondientes a sus rezos. Han comenzado a utilizar camperas y bufandas pero nada indica que tengan prisa por abandonar el lugar. Resulta sí muy evidente que tienen ahora una mayor reticencia para hablar con la prensa.

Uno de ellos se muestra renuente y podría dejar UruguayAFP