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D. ISGLEAS/ P. MELGAR

Las expresiones del jefe del Ejército, Jorge Rosales, causaron tensión en la interna del gobierno. El militar ganó prestigio en la fuerza al pedir que se respete el pronunciamiento ciudadano apoyando la ley de Caducidad y respaldando a Dalmao.

"La libertad es libre", dijo el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, cuando en su entorno lo consultaron por las declaraciones del comandante del Ejército, Jorge Rosales, en apoyo del general Miguel Dalmao y a favor de mantener la ley de Caducidad.

En lo político, la situación parece mostrarse como un cortocircuito interno en el Frente Amplio, particularmente entre el Movimiento de Participación Popular (MPP) y la Corriente de Acción y Pensamiento (CAP-L), que antes formaban un solo grupo político.

Varios diputados del MPP adelantaron a El País que quieren un pronunciamiento del Poder Ejecutivo sobre las expresiones del militar antes de llevar adelante eventuales planteamientos políticos. Rosadilla es integrante de la CAP-L, que conduce el senador Eleuterio Fernández Huidobro.

Las declaraciones vertidas el viernes por Rosales en respaldo del general Dalmao y a favor del respeto a la ley de Caducidad, calentaron el fin de semana y agitaron las aguas en el gobierno. "Como militar estimo que hay un principio rector de la conducta que es la lealtad y el cumplimiento de la palabra, y como ciudadano la opinión que tengo es que se debe acatar y respetar el resultado de las urnas", dijo, en referencia al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad presentado por la bancada del gobierno.

Y sobre Dalmao fue también explícito. "En la justicia debemos confiar pero quiero ser totalmente enfático en mi total confianza en los dichos, las palabras y en la honorabilidad del general Miguel Dalmao. Creo en sus palabras porque no tengo ningún tipo de pruebas; yo no dije que fuera inocente", precisó el jefe militar.

En la interna del Ejército estas expresiones fueron bien recibidas, según confiaron a El País militares de distintas tendencias.

La lectura que se hizo es que Rosales trata de lograr cohesión a raíz del pedido de procesamiento del general Dalmao y de la inminente sanción legislativa de la ley interpretativa de la de Caducidad que anula sus efectos jurídicos.

Dado el alcance de sus expresiones, en otras circunstancias su relevo hubiera sido inmediato; pero en momentos en que se analiza en el Parlamento un proyecto para interpretar la ley de Caducidad, se estima que el gobierno tendrá cautela en sus movimientos.

En 2007, el entonces presidente Tabaré Vázquez destituyó en forma fulminante a quien era jefe del Ejército, Carlos Díaz, por reunirse con políticos colorados sin autorización.

DEFINICIÓN. A nivel político, la situación es diferente. El integrante de la comisión de Defensa Álvaro Vega (MPP) dijo a El País que entiende que Rosales no puede hacer manifestaciones de ese tipo, y que esperará a ver "qué hace el ministro" Rosadilla. En caso que el gobierno no tome ninguna resolución, adelantó que luego hará un planteo político en nombre del sector.

Víctor Semproni, también del MPP, espera lo mismo que Vega, es decir que actúe el Poder Ejecutivo. Por su parte, el diputado Luis Puig, principal abanderado de la ley interpretativa sobre la Caducidad, se pronunció en el mismo sentido que sus colegas.

Los informantes recordaron que el llamado "caso Sabalsagaray", por el que se ha pedido el procesamiento del general en actividad Dalmao, había sido expresamente incluido en la ley de Caducidad por decisión del ex presidente Tabaré Vázquez.

La fiscal Mirtha Guianze, que ahora solicitó al juez Rolando Vomero el procesamiento por coautoría del homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray ocurrido en la unidad militar en que prestaba servicios Dalmao en 1974, recurrió esa decisión de Vázquez ante la Suprema Corte de Justicia y luego del análisis respectivo la corporación declaró la no vigencia de la ley 15.848 para ese caso. Es el único hasta ahora de la ley de Caducidad.

Dalmao, general ascendido en 2005 por el entonces presidente Vázquez, es actualmente comandante de la División Ejército IV.

Esta semana será clave no sólo para la suerte de la norma que interpreta la ley de Caducidad, sino para Dalmao, dado que el jueves 28 está previsto que el juez Vomero se expida sobre el pedido de Guianze.

Mañana martes, en el Consejo de Ministros probablemente se analicen las declaraciones de Rosales y la situación del fin de semana con el reclamo de retirados y usuarios del Hospital Militar. La reunión la encabezará el presidente José Mujica.

Dalmao: Esta semana el juez Vomero deberá decidir si lo procesa como pidió Guianze.

El Frente Amplio vivirá hoy una jornada clave en torno al proyecto interpretativo de la ley de Caducidad, cuando se reúna la bancada de senadores. Es posible que la senadora del MPP Lucía Topolansky se reúna a solas con el senador Jorge Saravia, quien está decidido a no votar el proyecto presentado por el Frente. La idea es tratar de convencerlo para asegurarse la aprobación. La bancada de senadores decidirá considerar "asunto político" la votación en el Senado de la propuesta, lo cual hará obligatorio el voto a favor. La Alianza Progresista (AP), sector liderado por el senador Rodolfo Nin Novoa, concluyó el sábado que el proyecto de ley interpretativo es negativo y se mantiene la incertidumbre sobre lo que hará este legislador, en principio contrario a la ley.

Ni el anterior ni el actual gobierno colocaron el presupuesto militar como prioridad. En ambos casos se asignaron mayores recursos al Ministerio del Interior que al de Defensa Nacional, por más que las más recientes estadísticas oficiales señalan que un alto porcentaje de sus integrantes vive en la indigencia.

El gobierno de Tabaré Vázquez aprobó el ingreso de homosexuales a las fuerzas, lo que constituyó todo un hito en la historia militar.

En las dos últimas administraciones se ha visto caer el ingreso real de los efectivos que, cada vez más, buscan la "salvación" económica en alguna misión en el extranjero. Hoy en día, se cuentan por centenares los efectivos que han participado en más de una misión de Naciones Unidas en Haití o en el Congo.

El comandante Jorge Rosales ha venido reclamando sin ningún éxito ante los dos gobiernos de izquierda la resolución de la situación de tres oficiales del Ejército, uno en actividad y dos en retiro, que están en Chile adonde fueron enviados a pedido de la justicia chilena por su participación en la muerte del científico Eugenio Berríos.

El gobierno del Frente Amplio retiró a las Fuerzas Armadas el manejo de los fondos de Naciones Unidas, una "caja chica" de unos US$ 50 millones anuales. La mayoría de las inversiones en las fuerzas se hacían con cargo a esas partidas.

El jefe del Ejército Jorge Rosales no fue nombrado al frente del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), un cargo que como titular de la fuerza armada más numerosa lo hubiera catapultado a un escalafón superior dentro del ámbito militar, apenas por debajo del ministro.

En agosto de 2009 un alférez murió en una prueba acuática en el Batallón 14 de Toledo. Defensa prohibió los ejercicios extremos en las unidades militares.