La situación a la interna de la dirección del Casmusigue muy tensionada. Las diferencias entre el oficialismo, encabezado por el presidente de la mutualista Raúl Rodríguez, y la oposición, liderada por Álvaro Niggemeyer quedaron plasmadas hoy de tarde en una reunión del Consejo Directivo y una definición, que sería inédita en caso de concretarse, quedó pendiente para la próxima semana.

Estaba previsto que en la sesión de este mediodía la mayoría oficialista del directorio del Casmu, integrada por Rodríguez, la vicepresidenta Andrea Zumar y el secretario general Juan José Areosa, votaran a favor de quitarle a Niggemeyer la categoría de socio capitalizador, lo que lo dejaría al médico afuera del directorio. No obstante, la resolución quedó aplazada para los primeros días de enero de 2024.

El presidente del Casmu presentó ante varios directores y accionistas sus descargos a una serie de críticas que vertió en los últimos días Niggemeyer. Se pusieron sobre la mesa diversos números de la mutualista. Entre ellos, la proyección del Casmu es llegar a un resultado positivo de "105 millones" en 2023, según un documento al que accedió El País. También se estiman "nuevos ahorros" entre este noviembre y enero próximo por "$ 130 millones".

Todo esto en un contexto de "demanda creciente de atención a los usuarios con 30% de adultos mayores, el doble que la media nacional". Y con una "reducción sin despido de 352 empleados entre 2022 y 2023", tras un "acuerdo" con el sindicato (Afcasmu), acotó el documento.

El encuentro, que se extendió de las 12.20 a 14.00 horas, fue un "duro intercambio" entre Niggemeyer y Rodríguez, que se vieron las caras tras acusaciones cruzadas. Tras saludarse fríamente al comienzo, terminaron ambos deseándose "Feliz Año", tras una charla informal en la que hubo algunos pases de factura, según supo El País. El Consejo Directivo tomará una resolución en días tras recibir un informe jurídico con el análisis de los descargos.

Además de aguardar este paso formal, hay diferencias sobre si se cuentan o no con los votos necesarios para hacer a un costado a Niggemeyer. "La exclusión podrá ser decretada por el Consejo Directivo, por resolución fundada adoptada por el voto de la mitad más uno de sus integrantes", indica el artículo 12 del estatuto interno.

El oficialismo considera que con tres votos contra cinco alcanza la mayoría necesaria, mientras que para la oposición es necesario llegar a cuatro de cinco votos positivos. De concretarse la salida, se prevé impugnar la medida, adelantaron varias fuentes.

Más allá de la tensión que hubo en la reunión de la cúpula del Casmu, no se descarta llegar a un acuerdo si la oposición recibe la información de la empresa que insiste con tener desde hace semanas. Todo esto a menos de una semana de conocerse el primer informe de las veedoras del MSP.

Lo cierto es que de confirmarse la expulsión de Niggemeyer en los próximos días, sería la primera vez que la institución da un paso así, al menos, desde que se escindió del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), en 2009.

En la reunión de hoy estaba previsto analizar la contratación de Isaac Alfie. El colorado, exministro de Economía, y también extitular del Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) que renunció al cargo hace dos semanas, es visto con buenos ojos incluso desde la oposición por su trayectoria profesional.

Pero todo este choque tuvo varios episodios en los últimos días. El último fueron los mensajes cruzados entre el Casmu y el SMU. El sindicato primero emitió un comunicado planteando su "gran preocupación" por los hechos que trascendieron de la mutualista.

"La situación es muy preocupante y ha determinado que haya temor generalizado en hacer las denuncias por miedo a que se tomen represalias", indicó el SMU, quien además puntualizó que el "hostigamiento" a Niggemeyer "no es nuevo". Entre otros puntos, el sindicato abogó para maximizar esfuerzos y mantener los "8.000" puestos de trabajo, que asisten a 180.730 usuarios, según datos oficiales a setiembre.

Poco despues, Casmu señaló en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que "rechaza en todos sus términos el comunicado del SMU, por contener afirmaciones falsas, tendenciosas y no ajustadas a la realidad, reafirmando su compromiso en la mejora asistencial y en el mantenimiento de las fuentes de trabajo de todos sus trabajadores".

Minutos antes, ayer por la noche, Rodríguez se pronunció por primera vez públicamente sobre el episodio. Lo hizo a través de una carta titulada "El peligro de la mentira", en donde entre varios puntos, apuntó al pedido de entrevista que solicitó Niggemeyer y su agrupación con la ministra Karina Rando por la situación del Casmu.

"Nadie por fuera de ellos puede abrogarse representatividad como para pedir entrevista a cualquier autoridad de gobierno a nombre de Casmu y realizar declaraciones públicas, puesto que al hacerlo estaría violando el estatuto y el funcionamiento propio de la Institución. Ningún consejero puede abstraerse a ello y actuar de manera individual", remarcó.

"Este señor consejero ha afirmado además en los medios, en forma temeraria, que Casmu es 'igual a Casa de Galicia' y que por lo tanto deberíamos ser intervenidos. Como todas sabemos, este hecho generaría daños irreparables sobre nuestros médicos, funcionarios y usuarios", acotó.

“Pese a no haber firmado la confidencialidad correspondiente, a este señor consejero se le ha presentado toda la información económica, administrativa y asistencial solicitada”, puntualizó Rodríguez.

El gran nudo comenzó cuando tras conocerse los mensajes que envió el médico opositor por Whatsapp, la Comisión Fiscal -integrada por dos oficialistas y una opositora- actuaron de oficio y concluyeron el 8 de diciembre que Niggemeyer “incumplió sus deberes tanto como asociado a la institución como en su cargo de directivo”. La resolución tuvo también la firma de Mariela Mansilla, del sector de Niggemeyer, lo que generó rispideces a la interna, tal como informó El País.

Este paso aceleró las cosas y en pocas horas. El 19 de diciembre, Niggemeyer envió una carta a Rodriguez acusándolo de emprender una "persecución política" en su contra, recordando que obtuvo 44% de los votos en la última elección mutual. Pero el caso no quedó allí, porque tras la definición de la comisión, que tomó en cuenta informes de los abogados Camy y Moldes Ruibal, Niggemeyer presentó sus descargos.

El “procedimiento de expulsión” del oficialismo, dijo, fue “para ‘quitarse de encima’ al líder de la minoría”, lo que catalogó de una "actitud autoritaria, represiva y antidemocrática, propia de la más negra historia de nuestro país". En el descargo de 10 páginas, al que accedió El País, también se habló de que el oficialismo tuvo un "ninguneo" hacia ellos desde un comienzo, y que se le "negó información absolutamente esencial para la gestión", como la contable y financiera.

Niggemeyer acotó este miércoles en su descargo a lo resuelto por la Comisión Fiscal que "se sigue ocultando la grave situación de crisis financiera que atraviesa la institución, con importantes atrasos con sus proveedores y con el BPS, lo cual ha determinado que el Ministerio de Salud Pública designara nuevos veedores para que analicen la propia viabilidad financiera de Casmu".

Pero en su descargo no solo apuntó a la gestión, sino que al final, le pidió a Rodríguez que renuncie. "¡Basta! ¡Ya está, se acabó! Llegó la hora de arrear velas, de irse. Su ciclo ha terminado", señaló Niggemeyer.

Acusó a Rodríguez de poner al Casmu “al borde del abismo” y catalogó su gestión de "funesta". La información que difundió, acotó, "impide determinar la profundidad del deterioro provocado, pero los índices externos evidencian que es extremo". También dijo que puso "en riesgo las fuentes de miles de trabajadores".

"Por eso, Sr. Rodríguez, le sugiero que se vaya ahora, que se vaya antes de que sea demasiado tarde, y que se lleve con ud. a la banda de acólitos que contribuyeron al caos que creó", remató su carta.

"Existe una incertidumbre material que puede poner en duda significativa la capacidad de la institución para continuar como negocio en marcha y, por lo tanto, puede no tener la capacidad de realizar sus activos y liquidar sus pasivos en el curso normal del negocio", advertía el último balance final, auditado, del Casmu, correspondiente al año 2022, tal como informó Brecha en marzo.

Rodríguez indicó días atrás en Sarandí, luego de que Búsqueda informara que el MSP resolvió llevar dos veedores, que el balance propio, que se está auditando, da "entre $ 90 y $ 100 millones positivos este año". La fecha límite original es el 31 de diciembre, pero Casmu y la mayoría de las instituciones solicitaron la prórroga para presentar el informe final el 31 de enero.