A DÓNDE VAN LOS SOCIOS

Cuatro días después de que un fallo del Poder Judicial determinara el cierre de la mutualista Casa de Galicia, autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) se reunieron ayer con los legisladores que integran las comisiones de salud de la Cámara de Senadores y Diputados. Según supo El País, allí los representantes de la cartera informaron que las mutualistas que tengan más de 100.000 usuarios no podrán recibir a los afiliados de Casa de Galicia.

En la reunión mantenida en el MSP quedaron prácticamente descartadas dos posibles reestructuraciones para los afiliados. Por un lado, se advirtió que Casa de Galicia no quedaría toda en manos del sector público. ASSE sí recibirá parte de sus socios, pero no la totalidad.

Por el otro, también se descartó que los afiliados de Casa de Galicia tengan la posibilidad de elegir a qué prestador privado se afiliarán. En tanto, la posibilidad que se contempló como la más probable, según todas las fuentes consultadas por El País, fue la de llevar a cabo una distribución regulada, con criterios específicos.

El principal criterio es el del tamaño de las mutualistas que absorberán a los usuarios de Casa de Galicia. En total, la mutualista tiene 45.262 afiliados y, de estos, 40.964 lo están como parte del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). La distribución de estas personas deberá ser a mutualistas que hoy tengan menos de 100.000 afiliados. Esa limitante deja por fuera a las más grandes como Casmu, Asociación Española y Médica Uruguaya.

Además del criterio de tamaño, el MSP y los legisladores estuvieron de acuerdo en la importancia de la territorialidad. “Casa de Galicia tiene un número grande de afiliados en la zona en que está y eso es algo sumamente importante que compartimos con el ministerio que se debe mantener”, dijo a El País el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el frenteamplista Daniel Olesker.

Por cercanía, el Centro Uruguayo de Asistencia Médica (Cudam) y Universal son los dos prestadores de salud que podrían absorber a los afiliados de Casa de Galicia, dijeron a El País tres legisladores. Desde la cartera advierten que estas son “dos de las candidatas, pero no las únicas”. Además, ninguna de estas instituciones supera los 65.000 afiliados. “Se está contemplando que ASSE también entre dentro de la lógica de la distribución regulada”, explicó también Olesker.

Las determinaciones del MSP posiblemente busquen evitar la sobrecarga de usuarios en las mutualistas más grandes y también que las más chicas aumenten su plantilla. En este sentido, una particularidad de Casa de Galicia es la cantidad de afiliados mayores de 65 años.

En promedio, los prestadores de salud tienen un 17% de afiliados mayores, pero esto no es así en el caso de Casa de Galicia, donde estos superan el 30%. Consultada al respecto, la diputada colorada Nibia Reisch dijo a El País que los legisladores discutieron la posibilidad de que las mutualistas tengan “menos del 20% de sus usuarios envejecidos” para absorber afiliados de Casa de Galicia, “porque se produciría una sobrecarga de estos pacientes que son los que generalmente consultan más”.

“Todos los elementos se están analizando, pero quedó claro que la estructura de recursos de la mutualista se va a mantener”, sostuvo Reisch. Esto se debe a que “está en una zona estratégica del área metropolitana” y “aún resta analizar bajo qué forma quedará y a cargo de quién”.

Con respecto a los recursos de la mutualista, Olesker dijo que “el recurso principal es el sanatorio” y allí “hay cierto consenso de que lo va a gestionar ASSE”, a partir de que en la zona prácticamente no hay presencia pública y el hospital más cercano es el Saint Bois. En el caso de las mutualistas privadas de la zona que cumplen con los requisitos mencionados, Universal tiene un convenio con el sanatorio del Hospital Italiano y los afiliados de Cudam se atienden en el centro de Colón que tiene un tamaño mucho menor al de Casa de Galicia.

En la reunión de ayer el Frente Amplio propuso un proyecto de ley para que “ante instancias de intervención judicial, los síndicos estén obligados a convocar al MSP para realizar la cobertura asistencial” y así evitar que se repita la situación de Casa de Galicia, según explicó Olesker.

El documento al que accedió El País, establece que el MSP dispondría “de las más amplias facultades de administración” para asegurar “el normal desempeño de la institución”. Olesker expresó que lo propuesto fue “bien visto por todos los partidos que estaban” y “no se descarta que se pueda evaluar su aprobación”.

Por su parte, el MSP respondió ayer a través de un escrito a la decisión judicial de cerrar la mutualista, destacando que “no comparte” este paso, y afirmando que la resolución genera una “problemática aún mayor” porque repercute en “todo” el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Además, apuntó contra la gestión “mediática” que hizo la sindicatura.

A pesar del fallo que determinó el cierre de la mutualista, tanto la policlínica como los servicios de internación hoy se mantienen operativos.