"CORRALITO" MUTUAL 

La Cámara de Instituciones y Empresas de la Salud (CIES) y el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), que nuclean a la mayoría de las mutualistas de Montevideo, analizan solicitar al gobierno más plazo para mantener abierto el “corralito”. La medida ocurre tras “nuevas estimaciones” sobre la creciente cantidad de afiliaciones y tras las demoras detectadas en el nuevo sistema.

En el mutualismo existe preocupación por las demoras que se registraron en las afiliaciones de socios en las mutualistas este sábado, cuando se abrió la movilidad regulada de usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) sin ninguna restricción, tras permanecer cerrada durante dos años. Además, advierten que podría haber muchas más afiliaciones de las previstas por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que las calculó en unas 50.000.

De acuerdo con las instituciones médicas, se “verificaron fallas” en el nuevo sistema de Movilidad Regulada (MORE) como por ejemplo “saturaciones” del sistema o “caídas de servidores”, que generaron un enlentecimiento de las afiliaciones.

Esta situación no se replicó ayer, según informaron a El País varios gerentes de mutualistas. Sin embargo, uno de ellos señaló que “la prueba de fuego” será hoy, por ser el primer día hábil en el que los usuarios podrán cambiarse de prestador.

“Si anda bien, la cosa se encamina” pero, “si anda mal, van a tener que hacerse cargo y buscar una alternativa válida”, aseguró la fuente. En el MSP, en tanto, confirmaron que este sábado hubo “ciertas demoras” pero que las mismas “se están corrigiendo”.

El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Arturo Echevarría, indicó a El País que ayer no hubo “inconvenientes”. Solo el sábado se realizaron más de 2.000 afiliaciones, de acuerdo con datos proporcionados por el MSP.

Las instituciones médicas analizarán mañana solicitar al gobierno “una extensión de 10 o 15 días en el plazo de vigencia de la Movilidad Regulada”. Esto en virtud de la “creciente cantidad de usuarios que harían uso de su derecho a la libre elección de prestador, muchos más que los estimados previamente por el MSP”, advierten las mutualistas en un comunicado al que accedió ayer El País.

La CIES es integrada por el Hospital Evangélico, Círculo Católico, Cosem, Casmu, Comeri (Rivera) y Crame-Sanatorio Americano. Por otro lado, SMI-Impasa, Universal y Cudam, que integran el Plenario, también promueven esta propuesta.

En el caso de la Asociación Española, que no integra ninguno de estos grupos, también están dispuestos a respaldar una solicitud de prórroga de la apertura del “corralito”, indicó a El País una autoridad de la mutualista.

La semana pasada, en la previa a la apertura del “corralito”, las mutualistas denunciaron algunas demoras como consecuencia de la caída del sistema con el que se operan los nuevos dispositivos. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores aperturas del “corralito”, el sistema que se utilizará en varios centros de una misma institución solicitará no solo las huellas dactilares en aquellos casos en los que los usuarios no presenten una cédula de identidad con chip, sino que -en todos los casos- pedirá una declaración jurada.

En este documento, la persona establecerá que la afiliación se realiza de manera libre y sin haber recibido dinero u otra ventaja a cambio. En el último período de movilidad regulada que tuvo lugar en febrero de 2017, 1.621.581 personas estaban habilitadas a cambiarse de prestador, 69% de la población total cubierta por el seguro nacional de salud.

De este total, los resultados indican que 54.921 usuarios optaron por el cambio, lo que representa un 3,4% del total habilitado.

¿Qué busca el gobierno con el nuevo sistema?

Las autoridades del MSP esperan que no se reiteren eventuales casos de intermediación lucrativa como los ocurridos hace tres años, cuando promotores afiliaban a personas a instituciones médicas a cambio de dinero.

Diversas investigaciones policiales y judiciales determinaron que empleados de mutualistas participaron de un esquema de corrupción que realizaba afiliaciones “truchas” mediante empresas promotoras y testaferros.

En una de las firmas figuraba un cuidacoches como titular que percibía $ 100 por cada afiliación que realizaban sus “empleados”, expresa un documento judicial al que tuvo acceso en su momento El País.

Por cada afiliación, las mutualistas cobraban del Estado una cápita de $ 4.000. Por su parte, las empresas promotoras percibían $ 2.500.

Algunos trabajadores de estas empresas fueron procesados por un delito de intermediación lucrativa; pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para que se afiliaran.