Por Matías Garro
A fines de diciembre de 2022, una carta firmada por varios trabajadores del CTI del Hospital de Colonia del Sacramento fue difundida a través de diferentes medios de comunicación. Más de 30 funcionarios médicos y no médicos de esa unidad asistencial, denunciaban diferentes carencias que les dificultaba brindar un servicio adecuado a los pacientes.

Los trabajadores advertían que la situación se agravaría a partir del pasado 1° de enero cuando finalizaban convenios de trabajo que se dieron en el marco del Fondo Covid. Esto generaría -según los trabajadores- falta de auxiliares de servicio, de enfermeros, de licenciados en Enfermería y de médicos.

Una de las especialistas que firmó la carta fue la coordinadora del centro de cuidados intensivos, la doctora Pamela Enrique, quien además el 28 de diciembre, como forma de protesta por la situación que atravesaban y en reclamo por la manera en que la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) llevó a cabo los concursos para los nuevos ingresos, presentó su renuncia junto a otros funcionarios.

Los trabajadores aseguraban que el sistema no brindaba las garantías necesarias.

Dos días más tarde, el 30 de diciembre a través de su Comisión de Apoyo, ASSE notificó que Enrique dejaría su cargo, pero destituída “por notoria mala conducta”. Una causal de despido que imposibilita a la profesional de participar en otros llamados laborales en la administración pública.

El cese de la doctora generó cuestionamientos por ejemplo en el diputado por Colonia del Frente Amplio Nicolás Viera, quien dijo a La Diaria que tenía “dudas” sobre si no se trataba de una “represalia” de ASSE como consecuencia de las denuncias que realizó en diferentes medios locales sobre la situación del CTI.

La semana pasada en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, las autoridades de ASSE explicaron qué sucedió con la doctora. La gerenta de Recursos Humanos, Laura Martínez, dijo que el cargo de Enrique, determinaba que debía cumplir Funciones de Alta Dedicación (FDA) por lo cual percibía aproximadamente $ 1.400 por hora. Aseguró que ese tipo de cargos son los más elevados que tiene la administración ya que rondan los $ 180.000 mensuales.

Por su parte, el vicepresidente de ASSE, Marcelo Sosa, indicó que entendía que los argumentos en contra de la excoordinadora del CTI de Colonia eran “suficientes” para asegurar que había incurrido en una “notoria mala conducta”.

Y dijo que tenía la necesidad de aclarar que su despido no fue por decisión del directorio de ASSE, sino de la Comisión de Apoyo. Agregó que se constató que durante el contrato que la doctora Enrique tenía con dicha Comisión, en marzo de 2022, debía trabajar 120 horas al mes “y trabajó efectivamente 44, aunque igualmente cobró las 120 horas”.

En ese sentido, aseguró que en noviembre de 2022 de esas 120 horas que debía cumplir “trabajó solo nueve y cobró como si hubiese trabajado 120 horas”. Por ello, para Sosa, se consideró un agravante el hecho de que se trataba de la coordinadora del servicio del CTI. “De sus 120 horas, en el peor de los casos, trabajó solo nueve, y era la coordinadora”, repitió el jerarca.

Ante esta situación, ASSE inició un proceso de investigación administrativa, para determinar si Enrique “cobró todas las horas sin haberlas trabajado”.

Antes de ingresar a la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, aseguró en rueda de prensa el pasado miércoles que la especialista incurrió en una “notoria mala conducta” al no cumplir con las horas determinadas por su contrato laboral.

En ese sentido, afirmó que “cuando un funcionario hace eso hay que desvincularlo” porque, según dijo Cipriani, “es un robo hacia el Estado”.

Las autoridades de ASSE, asistieron al Parlamento para dar respuestas sobre la denuncia del Frente Amplio por el faltante de medicamentos y para explicar la situación del Hospital de Colonia, donde se denunciaron problemas en la unidad de cuidados intensivos.