Por Agustín Magallanes
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) resolvió considerar en la reunión de directorio de hoy los fallos del Colegio Médico del Uruguay (CMU) vinculados a un médico general de la Colonia Etchepare, destituido en 2019, acusado de tener relaciones de “índole sexual” con pacientes años atrás.

El Tribunal de Alzada del CMU desestimó en marzo las acusaciones contra el profesional. Esto fue tras una definición del Tribunal de Ética Médica, de noviembre pasado, que se expresó, por unanimidad, en la misma línea. El pedido de ASSE, que comenzó en diciembre de 2021, fue que en esa instancia se determinara si el denunciado violó el código de Ética Médica.

Las acusaciones contra el médico -de fuerte tenor según los registros- se remontan a una serie de denuncias públicas de abuso sexual realizadas en el programa Santo y Seña (Canal 4) en agosto de 2015. ASSE recibió informes técnicos de dos psiquiatras que indicaban que el denunciado “habría mantenido relación de índole sexual” con pacientes alojadas en el Pabellón 26 de la Colonia Etchepare.

En 2015, ASSE instruyó un sumario contra el médico. Se concluyó que a partir de las declaraciones de pacientes y los informes técnicos, estuvo “plenamente probado” que el profesional “asumió una conducta impropia con connotaciones de índole sexual, con usuarias en el servicio, que destruyen los argumentos utilizados por el sumariado en sus descargos, por ser relatos confiables y coherentes”.

Para ASSE, los informes revelaron una “conducta abusiva reprochable y acosadora del sumariado en el ejercicio de sus funciones teniendo especial consideración la vulnerabilidad de las pacientes internadas, con clara violación al debido respeto y dignidad física y moral de las mismas con apartamiento a las normas de conducta que regulan el actuar de los funcionarios públicos durante el desempeño de sus funciones”. El organismo sumarió al médico y luego lo destituyó en julio de 2019, indicó a El País una fuente de ASSE.

Una paciente contó que el médico la había “provocado sexualmente y que la tenía amenazada con llevarla al Hospital Vilardebó”. E inclusive dos pacientes “hicieron alusión a que en algunas oportunidades hubo penetración”.

“En otoño tuve un bulto en la vagina, en el labio izquierdo de la vagina y fui con el doctor, me vio y me dijo: ‘Ay Ana qué hermosa vagina que tenés’, por no decir otra palabra. Me dijo: ‘andá a sacarte el pañal y bañate y vení para acá para hacer el amor’”, denunció otra paciente, según también recabó ASSE.

El médico, que también fue denunciado penalmente, declaró ante el tribunal que la acusación que hizo una paciente en TV fue una “fantasía delirante”. Advirtió un “cúmulo de contradicciones y falencias” en la prueba recolectada, así como planteó que la acusación en su contra fue en el marco de “escándalo público”.

“La Administración Pública optó por otorgarle credibilidad a las versiones de las enfermas -quienes por padecer agudas patologías psiquiátricas no son confiables en su relato-, desentendiéndose por entero de la declaración conteste de todo el personal de enfermería”, declaró el denunciado.

El tribunal puntualizó que “no se contó en autos con los testimonios de las pacientes”. Se indicó que la condición de pacientes psiquiátricas denunciantes “en absoluto anula su testimonio, ni su credibilidad. No obstante, sí condiciona su valoración”. Una psicóloga determinó que una denunciante tenía “tendencia a la fabulación”.

El informe apuntó a que la “vaguedad” de la denuncia impidió conocer la “real ocurrencia” de los hechos. Por un lado, se concluyó que “ningún testigo directo -cuya versión no se halle legítimamente cuestionada- avaló los hechos denunciados”. Los médicos que denunciaron “no encuentran consenso al recordarla”, mientras que una psiquiatra afirmó haber sido “presionada”.

El tribunal, además, apuntó que “el proceso de verificación entre que se tomó conocimiento del relato y se puso en conocimiento de la institución, brilló por su ausencia”. Y que de la investigación en ASSE “no surge” que se hayan tenido en cuenta “elementos imprescindibles para la valoración de la prueba, como son los diagnósticos sobre la confiabilidad del relato de las pacientes”.

Menos de un mes después, en diciembre pasado, ASSE interpuso un recurso de revocación ante el Tribunal de Alzada, que laudó el 6 de marzo y cuya resolución es inapelable. El organismo remarcó que si se consideraba “insuficiente” la prueba aportada, “debió citar a las pacientes a declarar, solicitar una pericia de las pacientes y peritar al denunciado para ver su personalidad, contexto e indagar sobre la existencia de factores de abuso de la posición de médico sobre las pacientes”. Estos elementos fueron suscriptos por el Tribunal de Alzada, que puntualizó que “era razonable (de orden, si se quiere) que las denunciantes constataran mínimamente la posibilidad de su efectivo acaecimiento”. De todos modos, este tribunal confirmó el primer fallo y desestimó el pedido de revocación.