El Banco República (BROU) aprobó este miércoles de tarde un nuevo préstamo a Casmu por unos $ 1.000 millones para resolver sus dificultades de liquidez, pero puso una condición que hace que el desembolso no sea automático, según confirmó El País con fuentes del banco estatal.

Esta aprobación, que fue unánime por todos los integrantes a diferencia del adelanto del 4 de julio que no tuvo apoyo del representante blanco, quedó sujeta a que el Estado salga de garantía de la mutualista.

Casmu fue intimada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) el 2 de julio, a presentar información que "acredite haber subsanado la situación de desequilibrio económico-financiero, bajo apercibimiento de su intervención u otras consecuencias que disponga la normativa". Este paso lo cumplió ayer la directiva encabezada por Raúl Rodríguez.

Es decir, para que ocurra el desembolso millonario, del entorno de US$ 25 millones, el Estado debe salir de garante de la mutualista, que según indicó el MSP, atraviesa una "grave situación financiera".

Al solicitar el préstamo, Casmu ofreció en un principio ceder cuotas Fonasa por el equivalente a $ 200 millones por mes, para pagar todo el préstamo en cinco meses. Este pago no lo hace directamente la mutualista, sino el Banco de Previsión Social (BPS).

No obstante, ante la incertidumbre que generó la noticia de la intimación que hizo el MSP al Casmu, el banco requiere ahora que el Estado salga de garantía ante un eventual cierre de la mutualista.

"De otra manera, sería irresponsable", graficaron fuentes del banco estatal a El País. Otro informante destacó que el gobierno puede resolver "de un día para otro" si respalda o no el préstamo que pidió la actual directiva de la mutualista, tal como ya ocurrió en otros conflictos.

La decisión del BROU será informada a Casmu, que ahora deberá consultar al gobierno si acepta salir de garantía del crédito que solicitó la semana pasada, en medio del plazo de intimación. Fuentes del MSP indicaron a El País tras conocerse esta noticia de que el Ministerio de Economía (MEF) es el que debería pronunciarse al respecto.

Todo este escenario ocurre en medio de reclamos de proveedores de la mutualista que han tenido dificultades para cobrar sus cheques desde que se conoció la intimación, tal como expresaron ayer ante el Parlamento.

Previo a la solicitud de este préstamo, tal como informó El País, Casmu había pedido hace un mes un fideicomiso por U$S 56 millones para resolver su problema de liquidez.

MSP indicó que esto fue luego de que el 20 de mayo, en un intercambio les indicaran de que conseguirían fondos antes de que llegara julio, cuando se preveía un quiebre de caja. No obstante, esa obtención de dinero extra no la obtuvieron, lo que precipitó la solicitud para acceder al Fondo de Garantía IAMC.

Finalmente, Casmu pagó los sueldos de este mes en su fecha habitual, el día 5, tras un pago de un día para otro de ASSE por $ 80 millones, y por $ 125 millones de un adelanto de un préstamo ya concedido que tenía con el BROU.

Tras la presentación de la información que hizo ayer Casmu, el gobierno analiza por estas horas cuál será su futuro. "El MSP no tiene interés en ahogar financieramente al Casmu, todo lo contrario", dijo ayer la ministra Karina Rando. La semana pasada adelantó en el Parlamento que manejan cinco escenarios, pero no marcó una posición clara por ninguno.

Mientras se medita la medida que tomará el Poder Ejecutivo, que puede oscilar entre intervenir o no, con o sin desplazamiento de autoridades según el decreto 139/004, los sindicatos de la salud se ponen en "pie de guerra" previendo el peor escenario si se interviene la mutualista.

Tanto la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) como el sindicato de la institución (Afcasmu) ya anunciaron que activarán paralizaciones, y hasta la ocupación del Casmu, si ocurre una intervención, inspirados en el desenlace de Casa de Galicia, que cerró por decisión judicial en diciembre de 2021.