La comisión directiva del sindicato del Casmu (Afcasmu) convocó para este sábado de mañana una reunión “extraordinaria”, de carácter “grave y urgente”, para analizar qué medidas tomar tras la presentación de la propuesta de reestructura que hizo la mutualista esta semana, al que calificaron como un “brutal plan de ajuste”.

Fuentes de Afcasmu señalaron a El País que el plan es “más atrevido” que el impulsado tiempo atrás por la directiva encabezada por Raúl Rodríguez. El gobierno resolvió hace dos meses su intervención sin desplazamiento de autoridades para intentar revertir la “grave crisis financiera” que atraviesa la tercera institución con más afiliados del país.

Desde el sindicato cuestionaron que desde 2019 a esta parte hubo una reducción de un "10%" de la plantilla, y que con la reestructura presentada el martes se apunta a “otro 10%”. Los informantes añadieron que si bien desde la directiva se “mostraron abiertos" a los aportes, valoraron que se trata del “mismo planteo” impulsado tiempo atrás.

Apuntaron que mientras hace cinco años la mutualista contaba con 7.000 funcionarios, ahora tiene unos 6.350. A esta cifra hay que restar otros 200 trabajadores que están en seguro de paro por un plan activado hace dos años ante la resistencia del sindicato a bajar el número de funcionarios.

Además de la reducción de personal, desde Afcasmu cuestionaron que de aplicarse el ajuste en la plantilla esto redundaría en una "sobrecarga" del personal actual, que además “resentiría” la atención a los 180.000 usuarios.

El sindicato va a analizar una “profundización del conflicto” por estas horas, dijeron fuentes gremiales a El País. La comisión directiva se reunirá este sábado pero ya está previsto convocar para la semana próxima una asamblea para definir una postura. A su vez, resta conocer la posición de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que hizo este miércoles un paro general parcial que "en defensa de las fuentes laborales del Casmu y la atención a los usuarios", entre otras consignas.

"Estamos estudiando la mejor manera para disminuir los recursos humanos. En este momento, se están haciendo medidas de seguro de paro, pero ahora estamos estudiando los incentivos y jubilaciones para retiros tempranos", dijo esta semana a Canal 12 el gerente general del Casmu, Marcelo Gillard.

Los tres interventores que dispuso el gobierno hace dos meses en Casmu presentarán este viernes un informe de diagnóstico de la situación de la mutualista a las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP), dentro del plazo menor a sesenta días que prevé el decreto 139/004, el cual regula las intervenciones administrativas de las instituciones de salud.

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo ayer que se ultimaban detalles de dicho informe, pero adelantó que se constataron "desprolijidades". La intervención dispuesta por el gobierno el 29 de julio continuará por el momento, añadió.

El plan de reestructura de Casmu, al que accedió El País, prevé un impacto económico de $ 90 millones por mes. Por el aumento de ingresos, se prevé contar con $ 5 millones más por mes; por el impacto de los ahorros en curso al mes de agosto de 2024, $ 35 millones; y por el “ahorro por ajuste de los recursos humanos, técnicos y no técnicos, por aumento de eficiencia” obtendrían $ 50 millones, “un 6% de los gastos totales”.

En el documento de 261 páginas, con fecha del 24 de setiembre, se remarcó que la reestructura administrativa y financiera prevista tiene el objetivo de “mejorar la eficiencia operativa, los recursos económicos, y permitirle salir de la difícil situación financiera actual, logrando la sostenibilidad financiera a largo plazo”, así como para “detener la caída del padrón y luego aumentar el número de socios”.

En cuanto a los recursos humanos, se estableció una “revisión de la plantilla mayor a un 10 % en un año, apalancada en la mejora de la eficiencia de los procesos”, con “planes de retiros anticipados mediante incentivos”.

En un listado de medidas, se incluyó la “reducción” de horas extra de mantenimiento, de “horas de asistentes de dirección con optimización y redistribución de tareas”, de “horas en servicios de seguridad”, de “servicios de limpieza”; así como de “horas de residencias médicas”.

Se prevé, además, una baja de “remuneraciones gerenciales”, puntualizando que ya hubo “siete desvinculaciones”, y una “renuncia al pago de 10% por metas”. Así como un “ahorro en un 5 % en la compra de materiales quirúrgicos durante setiembre 24 – marzo 25 y luego un ahorro de un 5 % adicional”.

“Se bajarán los costos en retribuciones al personal médico y cargas sociales hasta un 10% del total de forma gradual, de manera de ir reduciendo un 2,5% cada trimestre hasta alcanzar el 10%”, añadió el plan.

Además “se proyecta una mejora del 10%” de la productividad por la “redistribución de funciones y la optimización de procesos”. Y se prevé el mismo porcentaje de “reducción de costos” en el período de un año, tomando como base 2024.

El mismo informe sostiene que la reestructura surge de “problemas de liquidez y atraso en el de pago a proveedores, que han requerido solicitar apoyo financiero externo para mantener la prestación del servicio asistencial de calidad”; y por un patrimonio “negativo”, que, “si bien ha disminuido, es necesario revertirlo”. Con la mira puesta en “identificar y reducir los gastos evitables, sin comprometer la calidad del servicio”, entre otros aspectos.

“En conclusión, la reestructuración propuesta proporcionará a Casmu una estructura organizativa más ágil y una base financiera más sólida, lo que le permitirá enfrentar los desafíos del entorno actual y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento”, añadió el plan de la mutualista que cuenta con 2.605 médicos y 3.742 no médicos, entre ellos 1.629 enfermeros, según datos al 31 de julio.

El documento también detalló los montos y el destino en que se utilizarían los US$ 56 millones que obtendría Casmu a través de un préstamo del Banco República -que está en pleno trámite- tras la garantía votada en el Parlamento a pedido del gobierno, para revertir su situación. El dinero se utilizaría para “cancelar deudas” a laboratorios y proveedores tecnológicos.