Por Agustín Magallanes
Todo se encamina a que la votación del proyecto de ley “Nacidos sin vida”, presentado por las senadoras Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) y Carmen Asiaín (Partido Nacional), será aplazada ante un pedido de la sociedad civil, las críticas de la oposición y los cuestionamientos de académicos a la última redacción, según supo El País.

Los senadores oficialistas de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión tenían previsto desde antes de Semana Santa que este próximo miércoles 12 se aprobaría -solo con los votos de la coalición- la última versión del texto, de agosto pasado, que apunta a otorgar el derecho a los progenitores a la inhumación, cremación e inscripción de los nacidos sin vida.

Esta decisión no pasó inadvertida por la ONG Luz del Cielo, una organización de padres que trabaja sobre la muerte gestacional y perinatal hace unos nueve años, que redactó tiempo atrás un proyecto de ley sobre este tema, y que el Frente Amplio hizo suyo casi al mismo tiempo que la presentación oficialista, en junio de 2021.

Según supo El País, Belén Piñeyrúa, integrante de dicha ONG, pidió una reunión urgente con la senadora Sanguinetti con el objetivo de frenar su aprobación en la comisión. El encuentro fue el pasado miércoles y luego la senadora concluyó que lo mejor es aplazar la votación para evaluar una serie de cambios al texto. Sanguinetti se reunirá el lunes con Asiaín para que conozca los reclamos y definir qué pasos dar.

Las dos redacciones presentan varias diferencias. El proyecto de la oposición busca que los padres puedan reconocer a sus hijos mortinatos. Esto cuando la muerte es a partir de las 20 semanas de gestación y/o cuando el feto tiene un peso superior a 500 gramos, de acuerdo a la muerte fetal descripta en el decreto 276/019, que reglamenta la ley de certificados de defunción. Sumado a ello, buscan habilitar el registro de nombre del hijo, la cremación o inhumación de sus restos y que se active para estos casos la licencia maternal. Ahora solo se aplica la licencia por duelo, que es de tres días.

El proyecto oficialista, en tanto, busca habilitar a los progenitores a “optar por la inhumación o cremación de sus hijos nacidos sin vida” desde una etapa previa a las 20 semanas y/o 500 gramos. A su vez, define al nacido sin vida como un “embrión o feto en gestación que, antes de encontrarse completamente separado del vientre materno, muere y no ha sobrevivido a la separación un instante siquiera”.

Este aspecto es resistido por la ONG, el Frente Amplio y algunos académicos consultados. Lo establecido en el decreto lo consideraron “lógico” y resaltaron que no es algo que solo establezca Uruguay.

En tanto, la senadora Sanguinetti dijo a El País que “es un límite que respondía a una época, que hay que aggiornar” y remarcó que en la última redacción se estableció como embarazo confirmado aquel que “haya sido constatado por ultrasonografía de presencia de embrión”.

Los opositores al texto también plantearon la dificultad que podría generar la individualización de los “nacidos sin vida” porque muchas veces, sobre todo antes de las 12 semanas, los abortos precoces se manifiestan por un sangrado, lo que impediría la inhumación o cremación y hasta autopsia -que se habilita. En las primeras dos semanas, además, resulta difícil o imposible definir su sexo, lo que dificultaría la inscripción de un nombre en el Registro Civil. Sanguinetti destacó que “hoy una mujer que pierde un embarazo a las 18 semanas, capaz que lo quiere inhumar e inscribir”. “Me parece una pena que la legislación permita 20 semanas y/o 500 gramos”, afirmó.

La senadora opositora Liliam Kechichian, presidenta de la comisión, dijo a El País que el proyecto actual es “inviable”, si bien valoró el “esfuerzo” que hizo la senadora colorada para modificar el texto original. De todos modos, apuntó a la senadora Asiaín, coredactora del proyecto: “No me cabe duda de que la senadora Asiaín desde que ingresó al Parlamento está tratando de minimizar la interrupción voluntaria del embarazo y todas las normas de la agenda de derechos que votamos en gobiernos anteriores”. La crítica de Kechichian fue compartida por Piñeyrúa y académicos, que consideraron que hay una vulneración de los derechos de la mujer, sobre todo en pérdidas en las primeras semanas. “Primará la manifestación de voluntad de la progenitora acerca del destino de los hijos nacidos sin vida”, señala el artículo 4°..

“No termino de entender por qué dicen que va en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En ningún momento, tenemos la intención de ir en contra de esa ley”, subrayó Sanguinetti, quien insistió que “se ha trabajado muchísimo este proyecto para contemplar las distintas visiones, y que esto sea agregar un derecho”.

Otra crítica es el impacto que generaría esta figura en la salud mental de las madres. “Me duele esta ley. ¿Vamos a exponer a las mujeres al sentimiento de culpa de decir ‘no pude’? Pienso en las madres que no van a poder inhumar teniendo el derecho”, lamentó Piñeyrúa. La ONG busca incluir una licencia maternal para las pérdidas en etapas avanzadas del embarazo, y que la inscripción sea cuando se pueda confirmar el sexo.

Según supo El País, se analizan en estos días algunas modificaciones. Por un lado, si habilitar o no este derecho en etapas tempranas debido al impacto que podría generar en la salud mental de la progenitora. También si es viable una licencia especial para algunas pérdidas y estudiar si la aprobación de la ley no implicaría un cambio en las cifras de mortalidad infantil por incluir etapas más tempranas.