INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO

Ocho años estuvo en discusión en el Parlamento uruguayo la despenalización del aborto antes de que fuera ley. Y ocho años después de la normativa en funcionamiento, parecería que las interrupciones voluntarias del embarazo alcanzaron un techo (al menos dentro del sistema legal). Porque por segundo año consecutivo cayeron esas interrupciones: 163 abortos menos de 2018 a 2019, y 295 menos entre 2019 y 2020.

Hay quienes consideran que la disminución de los hijos por mujer en edad de ser madre es, en parte, por la despenalización del aborto. El demógrafo Ignacio Pardo, uno de los que más ha estudiado la marcha de la natalidad local, reconoce que “el aborto incide en alguna medida en la fecundidad, así como el uso de anticoncepción moderna o la proporción de la población que tiene pareja estable”. Pero, añade, “otra cosa es sugerir que la despenalización del aborto impulsó el descenso de la fecundidad. Los datos no sugieren eso. El número de abortos ha venido comportándose con estabilidad y finalmente ha descendido”.

Uruguay ya era en la década de 1950 uno de los países de la región con menos hijos por mujer en edad de ser madre. Las estadísticas que publicó este mes el Ministerio de Salud Pública muestran que, desde el año pasado, Uruguay es uno de los países con “muy baja fecundidad”. En buena medida se debe a que en los últimos cinco años (sin importar si subieron, se estabilizaron o cayeron los abortos) hubo 13.052 nacimientos menos. Y casi la cuarta parte de esa caída se explica por la baja de los embarazos en las adolescentes.

“Quien aborta lo hace porque no quiere que ese embarazo se convierta en un nacimiento. Entonces no sé hasta dónde vale la pena pensar en cuánto subiría la fecundidad si nadie abortara, porque en todo caso subiría a costa de no considerar los derechos reproductivos de las personas, que no quieren ese nacimiento y por eso recurren a la interrupción de su embarazo”, opina Pardo.

El catedrático de Ginecotología Washington Lauría, uno de los que firmó la objeción de consciencia del aborto, sostiene que “no cabe la menor duda de que hay quienes están usando la interrupción voluntaria del embarazo como método anticonceptivo” aunque, aclara, “no es un problema de la ley, sino de la conducta humana”.

En este contexto hay algo que ni Lauría, ni Pardo ni sus colegas logran desentrañar: ¿cómo es posible que, habiendo menos nacimientos, una ley que permite el aborto seguro y un uso mayor de métodos anticonceptivos, casi no varía el porcentaje de embarazos no planificados?

Una de las primeras preguntas que cada ginecólogo tiene que hacerle a una gestante es si planificó el embarazo. En el último año, el 38,7% de los nacimientos fueron fruto de embarazos en los que la madre no tenía intenciones de estar embarazada en ese momento.

Una posible explicación es que exista un problema de registro. El también catedrático de Ginecotología Claudio Sosa cuenta que es frecuente que haya confusión entre el concepto de planificación y deseo de un embarazo, o bien que en la clínica se encuentran pacientes que dicen: “dejé de tomar las pastillas, pero no estaba planificando el embarazo”.

Los problemas de registro son, según Lilián Abracinskas, directora de la organización feminista Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), “una de las razones por las que no se puede saber si en el país se alcanzó un techo máximo de interrupciones voluntarias del embarazo”. La activista desconfía de que el año pasado haya habido en Uruguay “solo dos abortos a causa de violaciones”.

El pasado otoño una de las técnicas de MYSU atendió el teléfono de asesoramiento. Del otro lado de la línea estaba la voz desesperada de un padre que llamaba desde una zona rural del norte del país. Su hija adolescente había quedado embarazada y quería -con el consentimiento de ambos padres- interrumpir su embarazo. Llevaba once semanas de gestación y en su prestador de salud, en lugar de acelerar el servicio para que su caso quedara comprendido dentro de la ley (que contempla hasta 12 semanas), le dijeron que tenía que hacer la consulta con un equipo interdisciplinario que, en esa zona, recién se reuniría una semana después. La ginecóloga del prestador le habría dicho a la joven que no había nada que hacer, que debía continuar con el embarazo y, a lo sumo, dar en adopción.

Tras el asesoramiento que recibieron los padres, esa adolescente tuvo que recurrir a la compra de pastillas abortivas -en la clandestinidad- y recién luego ir a los controles médicos postaborto.

“Este ejemplo, más allá de dejar en evidencia las fallas del sistema y el riesgo al que se expuso a esa adolescente, demuestra que hay interrupciones voluntarias del embarazo que quedan por fuera del registro”, explicó Abracinskas.

Tras la muerte de una adolescente que abortó al amparo de la ley en Treinta y Tres, ASSE inició una investigación, sumó capacitación a sus servicios y se comprometió a la atención más inmediata. Sin embargo, la ONG MYSU recibió en este último semestre “unas 80 consultas” de mujeres que habían tenido “dificultades para la atención segura y dentro de la ley”.

Por eso, concluye Abracinskas, “es difícil saber si realmente se alcanzó un techo de abortos en el país”.

Respecto a la seguridad de las pacientes, los datos oficiales revelan que el 55%* de las 9.915 que interrumpieron voluntariamente su embarazo el año pasado concurrió a las consultas postaborto.

*Aclaración: el Ministerio de Salud Pública reportó por error que solo el 5% de las 9.915 que interrumpieron voluntariamente su embarazo el año pasado concurrió a las consultas postaborto, cuando en realidad esa cifra corresponde al 55%. Debido a que los datos se habían replicado en esta nota, la primera versión fue corregida. A nuestros lectores y a los involucrados, las disculpas del caso.