A mediados de 2021 el entonces ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, solicitó a la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se realizara en Uruguay una conocida evaluación integral sobre el tratamiento al cáncer. Y las conclusiones de los expertos que visitaron el país a fines de 2021 -y que estuvieron redactando su trabajo durante todo el 2022- han sido particularmente críticas en el capítulo enfocado en la radioterapia, tal como los especialistas y autoridades nacionales esperaban que ocurriera.

Ya en las primeras páginas, el estudio llamado “evaluación imPACT” -elaborado por la OIEA en conjunto con la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer-, deja en claro que Uruguay “carece de unos servicios de radioterapia adecuados”, incluso cuando al mismo tiempo se reconoció que “el acceso a otras modalidades de tratamiento del cáncer es más amplio”.

“El número actual de radioterapeutas profesionales -ponen de ejemplo en la introducción- no alcanza para atender el volumen de pacientes que precisan tratamiento. Los profesionales suelen trabajar en varios centros, lo cual dificulta la coordinación de los equipos de personal médico tanto en oncología como en radioterapia”. Y consideraron, en vista de la antigüedad de los equipos que en 2021 estaban usando los centros uruguayos -tanto públicos como privados-, que es “fundamental promover las inversiones tecnológicas en radioterapia en Uruguay”.

Sin embargo, el panorama, según sostienen ahora las autoridades, comenzó a cambiar. “Estamos en una situación diferente a cuando se comenzó a hacer el estudio”, aseguró la actual ministra Karina Rando (ver aparte) en diálogo con El País y puntualizó que, entre otras cosas, se abrirán dos centros en el sector privado que prometen ofrecer tratamientos de primera línea, mientras que varios equipos del sector público serán o ya fueron renovados.

Pero el punto de partida era francamente malo, como se desprende de varios pasajes de las 115 páginas de este informe, al que accedió El País en respuesta a un pedido de acceso a la información pública. De hecho, con una versión preliminar en sus manos, el exministro Salinas ya había señalado el 15 de diciembre pasado que el diagnóstico hecho por estos expertos extranjeros era “catastrófico”, ya que develaba que “el país tenía un déficit que no era admitido” en esta materia. “Los uruguayos no nos merecíamos ese nivel en radioterapia”, afirmó entonces Salinas.

La falta de recursos humanos no solo impacta en la calidad del servicio de los centros sino también en el funcionamiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección (ARNR). Este organismo, a cargo de fiscalizar todas las actividades que producen radiación ionizante -aquella capaz de generar cambios biológicos- hoy “no dispone de personal suficiente para cumplir plenamente todas las obligaciones reglamentarias estatuarias”, lo que supone “deficiencias en el control de la calidad de los equipos diagnósticos y terapéuticos de algunos centros”, agrega el informe.

El otro problema en el que los especialistas se detuvieron -y en el que dedicaron varias líneas- es, fue dicho, la edad de los aparatos dedicados a irradiar pacientes. Porque salvo en un par de excepciones, los ocho centros de radioterapia hoy en funciones (las clínicas Leborgne, COR, Oncosur de Florida, COR Litoral de Salto, el Instituto Nacional de Cáncer y los hospitales de Tacuarembó, de Clínicas y Pereira Rossell) contaban al momento de este estudio con aceleradores lineales de más de 12 años, que es la antigüedad aconsejada por los estándares internacionales.

En algunos casos, como el de Tacuarembó -que hoy ya tiene un equipo nuevo-, se usaba un aparato de 27 años; el Pereira -otro caso-, si bien estaría cambiando por estos días su equipo, todavía usa uno que tiene 17 años.

Esta realidad lleva a juicios como este: “Ninguno de los hospitales públicos ofrece técnicas complejas de radioterapia. La mayoría son técnicas 3D sencillas”.

O a consecuencias como esta: hablando del INCA, por ejemplo, el informe menciona que al momento de la visita de la misión este centro estaba tratando a “pacientes del Hospital Pereira Rossell, cuyo acelerador lineal estaba averiado”.

Al hablar justamente de esta última institución, el texto señala que esa avería se produjo por “la imposibilidad de conseguir repuestos”. Pero además, “debido a la alta frecuencia de las averías”, muchos de los pacientes que se atendían allí también fueron derivados al Hospital de Clínicas, recargando este servicio.

Y al hablar del Clínicas, se recuerda que el acelerador que emplea “estuvo fuera de servicio durante más de un año”, lapso en el que “los pacientes recibieron tratamiento en el Hospital Pereira Rossell”, donde está el equipo de 17 años.

El atraso tecnológico fue algo detectado en la administración de Tabaré Vázquez, por lo cual en 2018 se compraron tres nuevos aceleradores lineales, aunque el pliego de aquella licitación omitió exigir dispositivos tecnológicos que permitieran la inmediata puesta en marcha de los equipos -lo que sigue trayendo problemas hasta la actualidad. “No se incluyó el software con el que posibilitar el funcionamiento de los aceleradores”, dice el estudio.

En el sector privado el análisis es algo más optimista, aunque persisten los mismos problemas estructurales. “Los centros privados ofrecen técnicas de radioterapia más complejas, pero ninguno de los centros de Montevideo dispone de sistemas de registro y verificación” de los tratamientos, se señala.

Asimismo, se observó que “es posible” que algunas mutualistas “sean titulares de centros privados de radioterapia o tengan participación en ellos, lo que constituye un posible conflicto de intereses”.

Cuidados paliativos

Cuidados paliativos tuvieron un “avance brutal”; según la ministra Rando, la cobertura creció de 17% a más de 70% en dos años

Sentada en su despacho y acompañada por la directora del Programa Nacional de Control de Cáncer, Marisa Fazzino, la ministra Karina Rando destacó en conversación con El País la utilidad de la evaluación imPACT para que el gobierno pueda a partir de sus conclusiones “planificar las políticas públicas” en el combate al cáncer, la famosa enfermedad que mata a más de 8.000 uruguayos por año y enferma a otros 14.000 -sin contar los tumores en la piel que no son melanoma. La idea, señaló, es que ahora se tomen en cuenta “las debilidades y las fortalezas” de todo el sistema para promover los cambios necesarios en los lugares donde deban hacerse.

Porque también es cierto que hay varias áreas en la estrategia nacional del control de esta enfermedad en las que Uruguay tiene buenos estándares. En el resumen ejecutivo del informe, por ejemplo, se asegura que “el sistema de salud uruguayo brinda acceso a todos los métodos de diagnóstico que se contemplan en las directrices internacionales” sobre el manejo clínico de los enfermos de cáncer. Y a continuación se afirma que “en líneas generales, el Uruguay cumple los requisitos mínimos de infraestructura, habida cuenta de las necesidades de su población en materia de salud”, pese a que no dejaron de remarcar que también en el plano del diagnóstico “deberían actualizarse y reemplazarse” los equipos en varios casos.

También se destaca -y lo valoran tanto Rando como Fazzino- la existencia del Registro Nacional de Cáncer, “un sistema de base poblacional que abarca todo el país”, si bien también se sugiere aquí una mayor inversión.

Y se valoran especialmente los avances logrados en los cuidados paliativos. Dice el informe: “Uruguay es el país de América Latina y el Caribe con mayor porcentaje de servicios de cuidados paliativos en relación con su población”. En este sentido, los especialistas resaltaron la puesta en marcha del Plan Nacional de Cuidados Paliativos en 2013, lo que logró que para 2021 hubiera 37 centros públicos, 42 privados y tres programas en combinación de ambos sectores que brindan este servicio.

Pero incluso en este punto Rando va más allá, pues “en los últimos dos años hubo un avance brutal en cuidados paliativos”, precisó la jerarca. Y es que según los datos de la cartera, la cobertura pasó en ese tiempo del 17% a más del 70%.

Foto Francisco Flores - Archivo El País

Cambios

Pero ni Rando ni ninguna otra autoridad desconoce que el informe ha sido especialmente crítico con los servicios de radioterapia. El matiz que sí hace la ministra es en relación a las correcciones en el sistema que se comenzaron a hacer desde que vinieron los expertos a fines de 2021, e incluso desde que el 15 de diciembre pasado el entonces ministro Daniel Salinas afirmaba que el diagnóstico en este tema era “catastrófico”. “Yo puedo hablar de la situación actual -dijo ahora Rando-, porque cuando este informe se realizó había cosas que no estaban hechas. Estamos en una situación diferente a cuando se hizo este estudio -insistió- y se hicieron aquellas declaraciones”.

¿Cuáles son las mejoras? Una de ellas consiste en una novedad: se abrirán dos clínicas nuevas en el sector privado, una bajo la órbita del seguro médico BlueCross & BlueShield y el Hospital Británico, y otra del Sanatorio Americano con Fepremi. De esta manera, dijo Rando, “habrá seis centros de radioterapia que brindarán cobertura en el sector privado”, parámetro que entiende suficiente.

Respecto al sector público, siguió la ministra, “ha habido grandes mejoras en la asistencia”. Destacó así que en Montevideo los cuatro centros “están efectivamente trabajando” y encaminados a la renovación de los equipos que esperan por su instalación e inicio de funcionamiento desde la fallida compra de 2018 por aquella licitación defectuosa.

“El del Instituto Nacional de Cáncer ya está funcionando, y el del Pereira Rossell (para el cual hubo que construir de cero un búnker) ya va a estar funcionando” en los próximos días, sostuvo Rando, que recordó las dificultades por las que atravesó ASSE para contratar el necesario mantenimiento preventivo que exige la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección -dirigida actualmente por el físico Gabriel González- para autorizar la operación de los equipos que tratan a los pacientes. “Además se hicieron los acondicionamientos necesarios y tenemos en vista agregar alguna técnica nueva en algunos equipos de radioterapia que están funcionando bien”, dijo la ministra.

En términos generales, y en conclusión, Rando se mostró optimista. Aseguró que las mejorías alcanzadas y las que están en curso ya están garantizando que el sector público “no derive pacientes a las clínicas privadas” por tratamientos que no se ofrezcan ASSE o el Hospital de Clínicas. Y en cuanto a la carencia de recursos humanos la ministra confía en cambiar el panorama, al menos en lo que respecta a los radiólogos. “Desde la cátedra de radiología nos han manifestado que para dentro de tres o cuatro años vamos a tener un número bastante más adecuado, estimado en un 30% más” de estos profesionales, concluyó.