Por Agustín Magallanes
El ministro de Salud, Daniel Salinas -que hoy deja el cargo luego de tres años de gestión- se desmarcó del decreto 282/022 que buscó flexibilizar la política antitabaco impulsada por el expresidente Tabaré Vázquez, y que de momento está sin efecto tras un fallo judicial. El cambio del decreto 120/019 planteaba habilitar a las tabacaleras a que vendieran cajillas blandas y colocar distintivos en las cajillas o cigarros, entre otras medidas, bajo la premisa de combatir el contrabando.

Salinas recordó ahora en entrevista con El País que cuando se elaboró ese decreto se encontraba de viaje por su candidatura para dirigir la Organización Panamericana de la Salud (OPS). “Me dijeron que iban a hacer un decreto que involucraba el combate al contrabando. Ese fue el título y cuando volví estaba este tema del empaque neutro, es decir, la caja rígida o blanda”, dijo el secretario de Estado.

En setiembre pasado, Salinas había dicho que estas modificaciones respondían a una “iniciativa del ministerio de Industria”, y que el decretó había sido firmado por “el ministro interino (José Luis) Satdjian”. También había dicho que las nuevas condiciones no vulneraban “los derechos de información del consumidor”.

El ministro dijo ahora a El País que lo que entonces le habían planteado era que el pasaje a cajillas blandas “iba a servir” para el combate al contrabando. Fue a partir de ese momento, contó, que consultó a la Comisión Interinstitucional Asesora para el Control del Tabaco y el Programa Nacional de Control del Tabaco, que le manifestó que “el empaque neutro era que no hubieran dos tipos de empaque”.

Salinas contó que le consultó a la comisión “qué pasaba si era todo blando, para a su vez cumplir con el cometido de diferenciarlo del otro”, y le respondieron que “si es todo blando y si adentro el empaque no tiene la marca, es un empaque neutro”. Puntualizó que “no era un problema” de cajilla sólida o blanda.

En tanto, dicha comisión rechazó el decreto por considerar que permitía que “los cigarrillos sean más atractivos” para los consumidores, y con respecto al combate al contrabando se dijo que es una “afirmación (que) carece de evidencia libre de conflicto de intereses”.

Consultado sobre si esta medida era solo de beneficio comercial para las tabacaleras, el titular del Ministerio de Salud Pública (MSP) dijo que “no”. “Yo manejaba que si venía la cajilla blanda incrementarle el Imesi (impuesto)”. No obstante, reconoció que esto “no cuajó” tras hablarlo con otras autoridades. “Como se presentó el amparo y el gobierno tuvo el buen tino de no apelar esa sentencia, entonces quedó todo como estaba”, destacó Salinas.

El presidente Luis Lacalle Pou reconoció en setiembre pasado que el decreto fue un pedido que hizo la tabacalera Montepaz. “Ahora, ¿alguien se cree que a nosotros nos van a mover por presiones? No nos conocen, es una falta de respeto”, enfatizó. Por esa fecha, el ministro de Industria, Omar Paganini, había afirmado a El País que “naturalmente” el decreto se alinea con los intereses empresariales, pero no responde a ellos sino a la intención de frenar el contrabando.

La Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT) presentó en setiembre un recurso administrativo de revocación del decreto. En octubre, la SUT presentó un recurso de amparo por considerar que el decreto “vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes”. La jueza María Elena Emmenengger resolvió la suspensión del decreto hasta tanto se expida el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), tomando en cuenta el recurso de revocación previo.

La magistrada dio este paso “para proteger el derecho comprometido en forma inmediata” hasta que se resuelva por la vía administrativa. En la sentencia, marcó que la suspensión rige “hasta que quede firme el acto administrativo o para el caso de tramitarse la vía anulatoria, hasta que el TCA dicte sentencia ejecutoriada”. El gobierno resolvió no apelar el fallo.

A partir del 19 de setiembre pasado se inició un plazo de 120 días para que el Poder Ejecutivo se pronuncie sobre el recurso de revocación. Al no suceder esto en el tiempo estipulado, se considera que fue desestimado y habilita a la SUT a pedir la nulidad del decreto ante el TCA. “Estamos evaluando la presentación del recurso en el TCA”, dijo a El País la presidenta de SUT, Beatriz Goja.

El 1° de marzo de 2006 Uruguay se convirtió en el primer país de América 100% libre de humo de tabaco en ambientes cerrados, bajo el impulso de Vázquez. También en marzo, pero de 2008, se aprobó la ley 18.256 de control del consumo de tabaco, que amplió el alcance de los decretos de 2005, y prohibió fumar en espacios de uso público o lugares de trabajo, así como toda forma de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

A más de 15 años de la política antitabaco, la directora del Programa Nacional de Control del Tabaco, Elba Esteves, indicó en mayo pasado que 19,7% de la población uruguaya mayor de 15 años consume los distintos tipos de producto de tabaco. “Esto implica que 6.500 uruguayos mueren cada año como consecuencia de enfermedades tabaco dependientes”, graficó sobre el consumo de tabaco, considerado por la Organización Mundial de la Salud como “una de las mayores amenazas para la salud pública”.

La prevalencia del consumo en adolescentes está en una “meseta”, según aseguró la especialista. Esto implica que 11,5% de los jóvenes entre 13 y 15 años consumen tabaco.