El déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), corazón del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), se ubicó en casi US$ 804 millones en 2024, un 2% por debajo de la cifra registrada en 2023 (US$ 821 millones), cuando se había llegado a un récord histórico. Estos fondos provienen de Rentas Generales, surgen del pago general de impuestos, y como establece la ley complementan los aportes realizados al Fonasa por los usuarios.

El “resultado Fonasa”, como lo describe el Banco de Previsión Social (BPS) en el reporte anual que publicó esta semana, fue negativo en $ 32.338 millones, el equivalente a US$ 803.843.909, al tipo de cambio promedio del año pasado. Es decir, para que no caiga el sistema de salud instalado desde 2008, se requirieron más de US$ 800 millones extra.

Los egresos de Fonasa llegaron el año pasado a $ 147.692 millones, unos US$ 3.671 millones, mientras que los ingresos sumaron $ 115.353 millones, que se puede traducir en US$ 2.867 millones. El déficit, que las autoridades y algunos gestores de salud prefieren no denominar así al plantear que la ley del SNIS previó un aporte extraordinario de Rentas Generales para su funcionamiento, surge de esa diferencia, que publica el BPS.

Así, el déficit Fonasa de 2024 fue apenas US$ 17 millones menor que en 2023, cuando se llegó a la cifra máxima de aportes extraordinarios para evitar la caída de un sistema que presenta críticas tanto desde los partidos que compusieron el gobierno de la coalición republicana, como del Frente Amplio, los médicos, sindicatos y empresarios de la industria médica.

Si bien las últimas dos cifras de déficit Fonasa se ubican en una meseta que ronda los US$ 800 millones —lo que equivale, por ejemplo, a la mitad del presupuesto anual de Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el prestador con más afiliados con 1,5 millones—, la cifra está por encima de lo que debió inyectarse en años previos desde Rentas Generales.

En los tres primeros años de la pandemia por covid-19, donde hubo una caída asistencial por las restricciones impuestas producto del nuevo virus y un fondo extraordinario en el marco de la emergencia sanitaria, el déficit Fonasa se ubicó, en promedio, en unos US$ 650 millones entre 2020, 2021 y 2022.

En 2012 el aporte, también en dólares corrientes, fue de US$ 159 millones, pero hubo saltó a unos US$ 300 millones, luego a unos US$ 500 y evolucionó a US$ 700 en los últimos años del segundo mandato de Tabaré Vázquez, impulsor del SNIS, un sistema que el gobierno de Luis Lacalle Pou no cambió radicalmente, sino que buscó perfeccionar.

El aumento creciente y paulatino del déficit Fonasa responde a que desde 2011 hasta 2016 los jubilados y pensionistas ingresaron al sistema a partir de lo establecido por la Ley 18.731. Esto impacta en el balance final porque, como las jubilaciones suelen estar topeadas, el aporte no cubre, en general, la totalidad de la cápita.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, dijo a El País en agosto pasado que ya se preveía que al sumar a este grupo el déficit fuera de 1% del PIB —cuyo dato de 2024 aún se deconoce. “No es que el sistema tenga un déficit creciente e insostenible”, señaló el jerarca.

Daniel Olesker, designado vicepresidente de ASSE y uno de los arquitectos del SNIS, sostuvo a El País en abril pasado que el déficit de unos US$ 800 millones es “absolutamente razonable”, y planteó que no se debería hacer una reforma para ajustar el porcentaje de Rentas Generales.

Por esa fecha, la hoy ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, había indicado a El País que “ningún país” tiene un sistema de salud basado “exclusivamente” en los aportes a la seguridad social. La alternativa es subir los aportes Fonasa, algo que adelantó “no va a hacer” este gobierno. También puntualizó que el porcentaje que se paga en Uruguay corresponde a la mitad de la inversión que hacen varios países desarrollados.

Otra manera de ponderar el déficit Fonasa es evaluar el porcentaje de aportes que debieron hacer los uruguayos, a través de Rentas Generales, para sostener gran parte del sistema de salud. En 2024, el déficit fue 21,9% del costo total del Fonasa, por debajo de 2023 (23,2%) y 2022 (22%). Y aún menor que lo registrado en 2017 y 2020 (25%).

Los usuarios Fonasa sumaban 2.645.948 hasta febrero de 2025, el último dato disponible, publicado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) semanas atrás. El Fonasa se cubre con aportes de trabajadores —que varían según los salarios y la composición familiar de los usuarios— patronales y, como se dijo, con la inyección extra de Rentas Generales.

A partir de lo recaudado y el aporte extraordinario anual, el Estado paga a los prestadores de salud lo que se llama “cuota salud”, que surge de las cápitas —pago diferencial por edad y sexo del usuario, que es mayor en los recién nacidos y adultos mayores— y las metas asistenciales.

De los usuarios Fonasa, hay unos 1.972.000 que se atienden en mutualistas, 580.000 lo hacen en ASSE y 123.000 en seguros privados.

Lustemberg presentó días atrás en el acto oficial de asunción un documento donde se detectaban “problemas” y "prioridades" del sistema de salud. Entre otras cosas, se enumeraban: los largos tiempos de espera para consultas y estudios médicos, el acceso dispar a medicamentos y la desactualización de la canasta de prestaciones. Está previsto que, a fin de mes, el MSP anuncie medidas para cada “prioridad”, según supo El País.

Este diagnóstico convive con un reclamo de las mutualistas, que después de la peor etapa de la pandemia no solo advirtieron que el sistema estaba “tensionado”, sino que reclamaron —y reclaman— al Estado un ajuste en la cápita, algo que manejaron en campaña los partidos de la coalición y el Frente Amplio. Lo que se busca es cambiar el diseño, sumando comorbilidades y otros aspectos al cálculo por el cual se determinan los pagos.

El sistema de salud tiene varios desafíos por delante, no solo en función del presupuesto quinquenal. Uno de ellos es la situación de Casmu, la tercera mutualista con más afiliados, intervenida por el Poder Ejecutivo desde el 29 de julio pasado.

Los nuevos interventores, designados el 28 de febrero, comenzaron a trabajar este lunes y ya se reunieron con la directiva de Casmu encabezada por Raúl Rodríguez, se prevé que la semana próxima se culmine un informe del estado de situación, adelantó esta semana la ministra de Salud Pública. “No tenemos mucha información”, dijo a El País una fuente del MSP actual, consultada sobre lo que podría señalar ese documento.

La directiva del Casmu exige que el MEF libere la mitad del préstamo de US$ 56 millones que brindó el Banco República, a partir de la garantía estatal votada en el Parlamento. “Faltan datos para saber justamente cuan necesaria es la partida que falta”, agregaron los informantes.

El presidente Yamandú Orsi dijo este miércoles en rueda de prensa que algunas de las soluciones para Casmu saldrán en la Ley de Presupuesto. “El compromiso está y lo vamos a tener que cumplir. El tema es el cuándo y el cómo”, añadió el mandatario. El gobierno tiene previsto mantener a los interventores en la mutualista.