INFORME
Mutualistas dicen que empiezan a recibir a usuarios que se fueron a la Administración de los Servicios de Salud del Estado.
En 2021, el segundo año de la pandemia, el déficit del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) fue de US$ 635 millones, según el informe que hace el Banco de Previsión Social (BPS) todos los años. Es decir que el Estado debió desembolsar esa plata de Rentas Generales para que el sistema fuera sustentable.
En 2020 el déficit había sido de US$ 657 millones, y viene bajando desde 2019. Se pueden ensayar varias razones de por qué pasa esto: es parte de una estabilización que se da luego de que la totalidad de los colectivos previstos entraran al sistema, pero también puede tener que ver con la pérdida de usuarios en algunas instituciones privadas.
La cifra, sin embargo, debería haber sido menos cuantiosa, pero el Ministerio de Salud Pública (MSP) no descontó el total del pago por cápitas que hubiera correspondido a aquellas mutualistas que perdieron usuarios. Es que se debía “cuidar”, según definen fuentes de la cartera, la sustentabilidad del sistema.
Los usuarios disminuyeron producto de lo que fue un aumento del desempleo en los meses más duros de la pandemia, lo que hizo que algunos ya no aportaran al Fonasa y pasaran a ser atendidos por la salud pública.
De hecho, desde marzo de 2020 hasta mayo de este año, según dijo el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonado Cipriani, en ese mes al Parlamento, los hospitales públicos recibieron 97.000 usuarios más. Con esto, el número de personas que se atienden en ASSE es cercano a 1.500.000.
En 2021 al Fonasa entraron por las cuotas que los usuarios pagan mes a mes casi $ 85.000 millones, equivalentes a US$ 1.941 millones, sin embargo los egresos fueron mayores, ya que mantener el sistema costó US$ 2.576 millones. Por eso el déficit fue de US$ 635 millones.
En 2011 el 4,9% del dinero del Fonasa salía de Rentas Generales, mientas que en 2019 esta cifra pasó a representar el 23,6%. En 2020 y 2021, en tanto, este número fue de 25,3% y 24,6%, respectivamente. Es decir que, porcentualmente, no ha habido cambios sustentables en cuanto a lo que se aporta desde el Estado, pese a que la cifra global haya sido menor en dólares.
Prueba
La pandemia logró poner a prueba al Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) casi a 15 años de que este fuera creado por el primer gobierno del Frente Amplio -y que fuera uno de los buques insignia de esa administración de Tabaré Vázquez-, ya que en su concepción este se financia a partir de los aportes que hacen los trabajadores y de un componente solidario por el cual quienes perciben más retribuciones pagan más -en virtud a que lo que se aporta es un porcentaje del salario. Con la pandemia, al crecer del desempleo, la recaudación cayó, y hasta llegó a ponerse en duda su viabilidad.
En 2021 el sistema tuvo un costo total de US$ 2.576, según el informe del BPS.
El MSP, entonces, decidió mantener en parte el pago de cápitas Fonasa -que perciben mutualistas-, pese a la pérdida de usuarios. “Era la manera de solventar el sistema”, dijeron a El País fuentes del mutualismo, y esto fue confirmado también desde la cartera de Salud Pública.
Este año, al haberse colocado ya el desempleo a los niveles de la prepandemia, el MSP piensa que esa ayuda ya no será necesaria. Y tanto fuentes mutuales como del ministerio advierten que, también, ya se empieza a notar un regreso “por goteo” de algunos usuarios que habían pasado a ASSE cuando el covid-19 azotaba de forma más feroz. Desde ASSE, sin embargo, dijeron a El País que no tienen datos al respecto.
“Es pronto para dar cifras, porque esto se mueve de a poco. Pero lo estamos notando”, señaló a El País una fuente de una importante mutualista en cuanto la supuesta migración desde los hospitales.
Hay un debate, incluso entre frentistas, en cuanto a si el sistema de salud es deficitario.
¿Déficit?
Durante el pasado gobierno se hicieron evidentes las diferencias dentro del Frente Amplio entre los que consideraban que los números en rojo del Fonasa podían definirse como un déficit y los que no, pues advertían que la misma ley establece que parte del dinero para financiar el sistema salga de Rentas Generales. El senador frenteamplista Daniel Olesker es uno de los que ha defendido esta última posición -que también es la del Sindicato Médico del Uruguay (SMU)-; sin embargo, Martín Vallcorba, asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante la anterior administración, se refirió en 2016 ante la Comisión de Presupuesto de Diputados al “resultado deficitario” del Fonasa.
En esa oportunidad Vallcorba dijo que desde 2011 se había registrado “un progresivo aumento del resultado deficitario, que partió de una situación relativamente equilibrada del año 2010”. Y que el responsable no era otro que el Poder Legislativo. Lo expresó de esta manera: “A partir de 2011, producto de decisiones adoptadas a nivel legislativo que implicaron el ingreso de colectivos que por su naturaleza y características son deficitarios, el resultado del Fonasa siguió una trayectoria de aumento de su déficit”.
Para Vallcorba el crecimiento exponencial del aporte de Rentas Generales al Fonasa se explicaba, entonces, por la incorporación que se hizo entre 2012 y 2015 -durante la administración de José Mujica- de 580.000 nuevos usuarios. De estos, unos 300.000 eran pasivos. Además, en julio de 2016 entraron 132.000 personas entre jubilados, pensionistas y sus cónyuges o concubinos.
Las críticas al sistema se hicieron escuchar fuertemente por jerarcas del actual gobierno. Es el caso del ministro de Defensa y médico, Javier García, que en una columna publicada en las páginas de El País en 2017, escribió: “Tenemos una herencia compleja llamada Fonasa. Recaudó a mano abierta pero fue un fracaso en su gestión, en sus resultados y en los servicios que prestó que sufren como nadie los que dicen defender. Los que no se pueden subir a un avión e irse a San Pablo o Estados Unidos. Los que esperan, entregados, en los corredores de hospitales y mutualistas”.
En 2020, entrevistado por El País, el entonces presidente del BPS, Hugo Odizzio, reflexionó sobre este tema y dijo: “El déficit del Fonasa, si uno lo mira en términos de macroeconomía, tiene un comportamiento de cierto paralelismo con el financiamiento de la seguridad social: una pirámide etaria donde la población adulta va teniendo cada vez un peso relativo superior”.
Así es que se financia el sistema de salud
Los empleados que perciben menos de 2,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), equivalentes a $ 12.910, aportan un 3% de su salario, sin importar si tienen hijos o no. Si quieren sumar a su cónyuge o concubino, se les pasa a descontar el 5%.
En tanto, para los que ganan más de 2,5 BPC, son solteros y no tienen hijos, se les descuenta el 4,5%; pero si son solteros y tienen hijos, pasan a pagar un 6%. Si tienen cónyuge o concubino a cargo, pasan a pagar un 6,5%; y si tienen cónyuge o concubino e hijos, un 8%. En cuanto a los jubilados, para los que obtienen menos de 2,5 BPC, el descuento es de un 3% si no tienen cónyuge o concubino a cargo, tengan o no hijos -los que cuentan con derecho al sistema siempre y cuando tengan menos de 18 años o sean mayores de edad con alguna discapacidad. Para los jubilados que cobran más de 2,5 BPC estos valores pasan a 4,5% y 6%. Si tienen cónyuge o concubino aportan 5% o 6,5%, dependiendo de si perciben más o menos de estos $ 12.910. Y con cónyuge e hijos, el descuento pasa a ser de 6,5% u 8%.