Luego de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) resolviera iniciar acciones judiciales contra padres de una comunidad religiosa menonita de Florida por no enviar a sus hijos a la escuela, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) elaboró un informe, a pedido de la Justicia, donde registraron más menores que los detectados por Primaria, y que algunos no tienen todos los controles de salud y las vacunas correspondientes.

La directora directora del INAU en representación del Frente Amplio, Natalia Argenzio, adelantó a El País que tomando en cuenta el tenor de la información obtenida en un primer relevamiento, y la falta de varios detalles, solicitará en la sesión de directorio de este viernes la ampliación de información del caso, así como “más intervención” de INAU —que es presidido por el nacionalista Guillermo Fossati—, y que se oficie de la situación tanto a ANEP como al Ministerio de Salud Pública (MSP) para que también tomen cartas en el asunto.

“No creo que el oficialismo vaya a negarse con lo que estoy pidiendo, porque esto está en el marco de Derecho de lo que es el cumplimiento del rol de INAU”, insistió la directora sobre el paso “interinstitucional”, que valoró, se debe tomar en este caso tras un primer diagnóstico.

Tal como informó El País, ANEP resolvió el 10 de julio, con los votos de todos los consejeros del Codicen menos el del nacionalista Juan Gabito, iniciar acciones judiciales contra los padres del colectivo menonita de inmigrantes de Estados Unidos, tras detectar “a comienzos” de 2023 que 11 niños "no asisten a centros educativos públicos ni privados".

Primaria tuvo varios acercamientos y propuso alternativas para institucionalizar a los jóvenes planteando que la modalidad optada contravenía la legislación local, pero los padres “no aceptaron”.

Tras el paso poco usual de ANEP, un Juzgado de Florida tomó el caso el 31 de julio y encomendó designar un defensor de los niños. El 7 de agosto se solicitó a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género (Cedvg) local, del Ministerio del Interior, que informe la “identificación” de los menores, y dispuso la intervención de INAU para que remita a la sede judicial “la situación de los menores y si existen otros derechos vulnerados de los niños”, en un plazo de 20 días hábiles.

El informe de INAU indicó que entre los jóvenes de esa comunidad, instalada hace unos “siete años” en Florida según una evaluación de Primaria, “algunos no tienen los controles pediátricos al día”, y que también “algunos no tienen las vacunas al día”, señaló Argenzio. El reporte no dio más detalles, es decir, no se indicaron cifra de menores, su edad, y las condiciones en que está cada uno, añadió.

“Corresponde que se haga una planificación para poder regularizar esta situación”, insistió la directora, quien marcó que el reporte tiene datos que ahora buscará ampliar. Encomendó también a su equipo que analice “jurídicamente” el caso, “armonizando la normativa de vulneración de derechos”, para evaluar luego qué pasos dar.

El mismo informe señaló que los jóvenes reciben “educación en la propia comunidad, con el propio sistema de las familias”, añadió la directora de INAU, en línea con lo reportado por Primaria, y reconocido por el representante legal de un grupo de familias, que destacó a El País que están amparados legalmente y que los jóvenes reciben educación de calidad.

INAU trata 56.000 oficios por año a pedido del Poder Judicial, como este caso de Florida, para evaluar si niños o adolescentes tienen sus derechos vulnerados o no. En la “inspección ocular”, como nombró Argenzio a la visita de “trabajadores sociales y psicólogos”, se analiza la situación de cada menor, así como la cantidad de familias con hijos, sus edades, qué tipo de educación reciben y la situación de sus controles de salud, que luego se plasma en un informe descriptivo.

En la primera visita, INAU también reportó que en la comunidad hay “cinco familias” con “20 niños y adolescentes”, dijo la directora, el doble de lo detectado por Primaria (11). “De los 20, hay cuatro que están en primera infancia, entonces no estarían accediendo a ningún tipo de proyecto, como por ejemplo un CAIF, porque no tienen un sistema de educación de primera infancia”, puntualizó Argenzio.

“Desde mi punto de vista, el informe que hizo INAU no fue muy descriptivo y requiere un seguimiento, que no es lo que quedó planificado, y es lo que voy a pedir”, dijo la jerarca sobre la ampliación de información, porque el organismo “no se puede quedar solo con una visita” y “tiene que ser mucho más incisivo”.

“Tenemos que regirnos a nivel de la normativa uruguaya para garantizar que los derechos de estos niños no estén vulnerados”, insistió Argenzio, que planteó tanto la intervención de INAU, como de ANEP para que “garantice” la educación de los niños, y lo mismo con MSP respecto a su salud.

Foto: Estefanía Leal

“Lo que dice el informe es muy básico. Que algunos no tienen los controles y algunos no tienen las vacunas. No está detallado. Pero si tengo 20 gurises, quiero saber la situación de los 20 gurises”, remarcó Argenzio sobre la ampliación de la información que buscará obtener en la próxima instancia.

“Tenemos que ser más proactivos”, insistió la directora, para así superar la “respuesta descriptiva” que dio INAU. “Puedo hacer una distinción de la situación, pero inmediatamente tengo que actuar”, dijo, en cuanto a los pasos que se deberían tomar.

Argenzio valoró que INAU “puede actuar antes de que un juez lo diga” con los elementos recogidos, sobre todo pensando que las diligencias a otros organismos estatales se podrían extender un mes aproximadamente.

El informe señaló que el equipo de INAU realizó en su visita una “entrevista grupal” en la comunidad pero no se estableció en detalle “si hablaron absolutamente con todas la familias” o algunas, añadió Argenzio.

Este punto fue marcado por autoridades de ANEP, quienes dijeron que Primaria se reunió con representantes de la comunidad, y que no podían determinar la cifra de niños, ni sus nombres.

Respecto a la educación que reciben los niños, en el informe se indicó que los padres “estaban dispuestos a acreditar los conocimientos”, añadió la jerarca. “No nos podemos quedar con 'estamos dispuestos a', cuando hay niños desde primera infancia hasta la adolescencia”, insistió.

El abogado Daniel Torres, que patrocina a padres de tres familias, dijo a El País meses atrás que la opción educativa elegida, de clases presenciales con docentes menonitas estadounidenses y los jóvenes inscritos en el Colegio Face Primary Army, de EE.UU., está “completamente conforme a derecho”. Reciben cursos de “muy alto nivel”, con clases bilingues y varias actividades, añadió. La directora de ANEP, Virginia Cáceres, insistió que el homeschooling en Uruguay “no está habilitado”.