Diputados del Frente Amplio presentaron un proyecto de ley que va contra los llamados servicios “VIP” que ofrecen varios prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Y la oposición tendría apoyo político para sacarlo adelante.

El diputado nacionalista Milton Corbo dijo a El País que, “en principio”, está de acuerdo con la iniciativa, y no se descartan apoyos desde otros partidos. El texto se presentó en un contexto en que las mutualistas advirtieron por la sostenibilidad del sistema, al que definieron como “tensionado”.

La problemática planteada en la exposición de motivos advierte sobre las mutualistas -entre las cuales están las con mayor cantidad de usuarios- que ofrecen mediante “servicios asociados a pagos diferenciales” prestaciones del catálogo del Plan Integral de Atención a la Salud (PIAS), que se deben brindar “sin costo”, o a través de tasas moderadoras como los tickets u órdenes.

Las prestaciones del PIAS, agregó el proyecto, “no pueden clasificarse en categorías según la capacidad de pago del usuario”, porque ya están bajo la cobertura de la “cuota salud” que el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) trasfiere por mes a las mutualistas por cada afiliado.

Si bien se aclara que “no se deberían ofrecer mejores condiciones por un pago adicional”, la prohibición “no está regulada por ley, probablemente porque los legisladores que redactaron y aprobaron la ley 18.211 y las leyes siguientes sobre derechos de los usuarios del SNIS, no pensaron que se llegara a este extremo de discriminación entre los afiliados, según su capacidad de pago”.

La redacción tomó como base el artículo 266, del primer borrador la Rendición de Cuentas 2021, que incluyó el Ministerio de Salud Pública (MSP) encabezado por Daniel Salinas. Ese artículo luego fue retirado. El diputado frenteamplista Luis Gallo dijo que eso se hizo por el “lobby” de las mutualistas. Desde la cartera, en tanto, no quisieron hacer declaraciones al respecto. El primer artículo del proyecto, apoyado por diez legisladores opositores, indica que los prestadores “no podrán implementar acuerdos o convenios de carácter oneroso con sus usuarios que otorguen condiciones de acceso preferenciales en cuanto a los tiempos de espera u oportunidad de brindar las prestaciones obligatorias”.

El segundo artículo señala que “todo acuerdo o convenio en contravención a lo dispuesto será nulo”. Consultado sobre qué puede ocurrir con las contrataciones por esos servicios, Gallo respondió: “Habrá que ver cómo lo resolvemos”.