LOS URUGUAYOS Y LA SALUD

En España, donde la primera ola del COVID-19 hizo colapsar algunos hospitales, a siete de cada 10 pacientes con enfermedades crónicas les cancelaron o pospusieron consultas médicas que tenían agendadas con anterioridad.

En Estados Unidos, donde también la pandemia hizo estragos, la reducción fue del 40%. Y en Uruguay, donde el control de la emergencia sanitaria permitió una vuelta más temprana a la presencialidad, también hubo retrasos en la atención, en especial de estudios médicos.

Casi tres de cada cuatro (72%) de quienes tenían previsto hacerse una ecografía, una tomografía, una radiografía, un papanicolau, una mamografía, así como recurrir a fisioterapia, colocarse un DIU o someterse a una cirugía programada, durante los cuatro primeros meses de la pandemia, no se pudieron realizar ninguno de esos estudios. Así lo revela la Encuesta sobre salud y acceso a cuidados médicos durante la pandemia (ESAC), una investigación a cargo del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Udelar.

En los cinco meses que van desde marzo, cuando se quintuplicaron las llamadas a las emergencias móviles, hasta fines de julio con las escuelas y shoppings abiertos, solo el 10,7% de los encuestados recibió todos los tratamientos y estudios en tiempo y forma. En tanto, hubo un 17% que recibió “algunas prestaciones”.

La realización de estos análisis en tiempo y forma, descubrió la encuesta del Departamento de Economía, estuvo signada por el tipo de cobertura. En aquellos que son usuarios del prestador público, solo el 5,9% se realizó todos los estudios previstos. En las mutualistas privadas (englobadas en su sigla IAMC), lo hizo el 13,9%. Y en los seguros privados, que brindan atención a cambio de primas, ascendió al 29,7%.

“Lo razonable es que los retrasos en consultas y estudios médicos derive en un aumento de complicaciones o prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles... el problema es que todavía no conocemos al detalle la magnitud de esos impactos ni en qué momento lo evidenciaremos”, explicó Enrique Barrios, científico que asesora al gobierno e integra la directiva de la Academia Nacional de Medicina.

Pone un ejemplo: “Nos han hecho notar que las mamografías, un tipo de estudios que por su relevancia y universalización no varía en cifras cada año, habrían disminuido”. Es una de las maneras de advertir tempranamente la presencia de un cáncer de mama (que, en Uruguay, mata a dos mujeres por día).

Las enfermedades infecciosas transmisibles puede que también hayan quedado desatendidas o hayan aumentado. La Organización Mundial de la Salud entrevistó a líderes de los ministerios de Salud de 159 países y, en el 90% de los casos, “los países sufrieron interrupciones en sus servicios de salud”. Se vio, a su vez, que los países de ingresos bajos y medios fueron los que experimentaron las mayores dificultades, al suspender servicios críticos tales como el tratamiento contra el VIH.

La infectóloga Susana Cabrera, quien dirigió el programa de infecciones de transmisión sexual en la sanidad uruguaya, estima que “en Uruguay es probable que los tratamientos en curso contra el VIH no se hayan interrumpido, pero puede haber habido una postergación en diagnósticos porque la gente no podía ir a hacerse el test”.

La interrupción de los fármacos antirretrovirales durante seis meses, por ejemplo, duplica el riesgo de mortalidad (de 1.87 a 2.80 en todos los modelos)”, según surge de una revisión internacional que Cabrera publicó en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas.

Cuatro de cada 10 encuestados por el Departamento de Economía declararon haber estado “bastante” o “muy preocupados” al inicio de la pandemia. Cuatro meses después, los “temerosos” habían caído a tres de cada 10.

Pero no fue el miedo a infectarse del COVID-19 lo que hizo suspender las consultas médicas presenciales. “Mi centro de salud no me dio otra opción”, fue la respuesta que dio la mitad de quienes no accedieron a la consulta en la modalidad que tenían prevista.

El miedo estuvo presente, pero a menor escala: el 2,3% temió salir de su casa; el 9,7% temió concurrir a un centro de salud; y el 3,8% temió usar el transporte público.

Hubo una cuarta parte que, entendiendo que su motivo de consulta no era tan importante y a modo altruista, prefirió no recargar al sistema sanitario. Y eso que en Uruguay jamás hubo saturación hospitalaria, mucho menos de CTI: el pico máximo de camas ocupadas por enfermos de COVID-19 fue el 12 de abril, con 16 pacientes a la vez, recordó el intensivista Luis Núñez.

Así las cosas, y fuera por el motivo que fuera, del 33,7% que tenía agendada una consulta o tuvo necesidad de agendar una en una policlínica o consultorio, casi la mitad no pudo siquiera concretar una presencial.

Según la encuesta del Decon, la cancelación de las consultas cara a cara fue especialmente relevante en los adultos mayores. El 90% de los mayores de 65 años no accedió a consultas presenciales a domicilio, y el 42% no tuvo consultas presenciales en policlínicas.

“Este escenario”, advirtió Barrios, “podría agravar las consecuencias por tratarse de la población que suele requerir más atención sanitaria, con mayor frecuencia y exposición”.

En el otro extremo de la pirámide generacional, un tercio de los niños que tuvieron necesidad de una consulta pediátrica, no accedió a ella.

La encuesta estuvo dirigida a residentes en Uruguay mayores de 18 años y fue aplicada a través de un cuestionario en línea, entre el 10 y el 27 de julio de 2020. El objetivo del Departamento de Economía de Ciencias Sociales fue entender el impacto que la pandemia pudo haber tenido sobre aspectos de la atención médica recibida. Puede leer el informe completo aquí.