Pasaron cerca de dos años desde que el Ministerio de Salud Pública decidió intervenir la exmutualista Casa de Galicia. Ese proceso, que derivó en su posterior cierre y el reparto de sus activos y socios entre algunos prestadores de salud, fue el centro de una interpelación a las autoridades de Salud realizada ayer por el Frente Amplio en una maratónica sesión en la Cámara de Representantes.

La diputada frentista Cecilia Cairo, miembro interpelante, denunció en sala que hubo “llamadas” de “autoridades de la salud” tanto a prestadores de salud y al Banco República (BROU) para interceder en algunos procesos vinculados con Casa de Galicia.

Esta supuesta presión -desmentida por la ministra de Salud, Karina Rando- fue tras reiterar que en todo este proceso, que incluyó instancias judiciales y una subasta, hubo un “único beneficiario: el Círculo Católico”.

Los dardos fueron directo al presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, ex director técnico de la mutualista, que durante su intervención negó las acusaciones.

Cairo fue directa en su denuncia. “Existieron llamadas de las más altas autoridades sanitarias para que otros prestadores de salud no compraran los pliegos ni se presentaran a remate” del sanatorio de Casa de Galicia, aseguró la legisladora opositora.

Círculo Católico ofertó US$ 15,3 millones el 8 de junio de 2022 y ganó la subasta. “¿Digitado todo no? Una historia circular”, afirmó Cairo, quien luego redobló la apuesta: “¿Qué mutualista va a decir que eso pasó si depende de las cápitas de Fonasa? Difícil”.

Por su parte, el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, desmintió esa versión indicando que “es ilógico” que se piense que “se desincentivó a los prestadores”. Y sostuvo que fue “al revés”. “Incentivamos a que los prestadores lo compren porque no podíamos permitir que el sanatorio estuviera cerrado por años”, dijo.

“Lo que se hizo desde el MSP en el segundo remate fue incentivar a los prestadores y de eso tenemos pruebas: las reuniones, los mensajes, los llamados. Ahora, pruebas de llamados desincentivando eso no hay, porque no existieron”, acotó Satdjian.

Cairo, además, cuestionó que “también existieron llamadas de las más altas autoridades de salud a las autoridades del BROU para que no se diera el préstamo solicitado por el síndico de Casa de Galicia, para el pago de aguinaldos y sueldos en diciembre de 2021”.

“No dejando otra opción al juez, ante la inminente omisión de asistencia en la que se ingresaría, como se evidencia en la sentencia judicial del 23 de diciembre de 2021”, agregó la diputa- da en referencia al acto que determinó el “cese inmediato de actividades”.

Francisco Flores/Archivo El Pais

La legisladora frenteamplista remarcó que “la agonía, la asfixia y el posterior cierre” estuvo “plagado de desprolijidades y denuncias múltiples”, y que las respuestas estatales fueron “escasísimas y tardías”.

Sin embargo, Rando y su equipo lo descartaron y describieron la crítica situación financiera de la mutualista, con personal excesivo frente a otras, así como señalaron irregularidades en la última gestión, cuyo presidente fue Alberto Iglesias (ver aparte).

“El Poder Ejecutivo, bajo el principio de buena administración, hizo lo que era debido hacer ante un prestador en quiebra. En primer lugar, asegurar la asistencia de los usuarios, en segundo lugar, garantizar la mayor cantidad de puestos de trabajo y en tercer lugar asegurar la infraestructura del prestador”, enfatizó la ministra.

La presentación del MSP, de 142 páginas, fue expuesta por Rando, Satdjian, la exinterventora de Casa de Galicia y hoy presidenta de la Junta Nacional de Salud, Alicia Rossi, así como su extitular Alberto Yagoda y el abogado Martín Thomasset.

Rando dijo que Casa de Galicia estaba con una “situación complicada desde hacía 20 años”. Y relató que en ese período hubo dos procesos concursales y tres intervenciones administrativas con remoción de sus autoridades.

No obstante, el resultado económico fue “negativo” durante los últimos siete años. Para graficarlo, en 2021, era la institución de salud con “mayor déficit” del sector”, con un endeudamiento que “cuadruplicaba al del promedio del sector”, así como un patrimonio en valores negativos que se había “triplicado” entre 2020 (año de pandemia) y el año siguiente, llegando a $ 561 millones.

Además, el MSP señaló que “casi la totalidad de los ingresos de Casa de Galicia se encontraban cedidos y por varios años”, incluyendo el apoyo estatal que recibió “en varias oportunidades”.

Las autoridades enfatizaron, que es “falso” que el MSP “haya decidido de antemano cerrar Casa de Galicia”, e hicieron énfasis en que la mutualista “fue disuelta y liquidada por sentencia judicial”.

Al cierre, Cairo lamentó que se quedó “con más dudas que respuestas” y volvió a cuestionar que “hubo fuertes intereses espurios” en el cierre del prestador de salud.

El gobierno era responsable de controlar la institución dado el fideicomiso otorgado en 2019. Casa de Galicia fue abandonada a su suerte y de forma irresponsable. Fue tal la omisión del gobierno y el abandono en que la dejaron que era imposible cualquier salvataje

Cecilia Cairo

Los grandes temas se dijeron todos en la comisión de Salud el 22 de junio de 2022. ¿Qué pasó en este año para que de golpe aparezca el caos de Casa de Galicia, el vergonzoso procedimiento? ¿‘El peor proceso de desarme institucional’? Es como ver Doctor Jekyll y Mister Hyde.

Federico Casaretto

Interpelación de un enchastre político. Esperaron a que se fuera Salinas del ministerio para llevarla adelante. Aun así, lo trajeron acá con un video editado, porque lo que se persigue es enchastrar a una figura política, intachable, pero que genera el miedo de que mañana vuelva.

Álvaro Perrone

msp apunta a iglesias

“Pagos en efectivo y en cajas de zapatos”

Además de marcar que la cantidad de usuarios de Casa de Galicia fue en picada en los últimos años y que la mutualista atravesaba una “situación financiera acuciante y de alto endeudamiento”, el Ministerio de Salud Pública (MSP) apuntó nuevamente ayer al último presidente de la institución, Alberto Iglesias.

En su extensa presentación, la cartera que dirige Karina Rando marcó que Iglesias pidió la declaración del concurso de Casa de Galicia ante la “gravedad de la situación que atravesaba la institución”.

No obstante, “antes ordenó el pago irrevocable por la suma de US$ 3,5 millones a favor de algunos de sus acreedores, y en detrimento de los trabajadores y de otras personas que aún aguardan cobrar sus deudas”, acotó la cartera.

Foto: Archivo El País

Esta operación fue señalada como “fraude” por la Justicia, tal como informó El País este miércoles. Puntualmente, un Tribunal de Apelaciones ratificó que el exdirectivo cometió este delito bajo su gestión.

El MSP, además, relató el escenario que encontró en la centenaria mutualista.

Por un lado, la “contaduría contaba con una computadora con Excel”, así como que “había unas estructuras de poder paralelas”, y aseguró que “la administración era discrecional del presidente de la institución”. No solo se marcó que había “falta de controles en el manejo financiero”, sino que “los pagos en efectivo y dinero circulaban en cajas de zapatos”.

Para graficar la situación de la mutualista, el ministerio indicó que “las líneas de crédito con los proveedores habían desaparecido y solo se accedía a medicamentos, estudios e internaciones especializadas, con pago contado anticipado 24 horas”.

La exinterventora de Casa de Galicia y hoy presidenta de la Junta Nacional de Salud, Alicia Rossi, constató “la inexistencia de controles” y la “ausencia de documentos que respalden operaciones financieras millonarias”.

Casa de Galicia “carecía de recursos para continuar funcionando y garantizar la salud de sus usuarios”. Tras el cierre, unos 40.000 usuarios migraron a cinco mutualistas, la mayoría a Círculo Católico.