Redacción El País
El Ministerio de Salud Pública (MSP) entregó este miércoles el informe de estado de situación del Casmu, que fue elaborado por los interventores, a la directiva de la mutualista. Tras esto, la cúpula ministerial se trasladó al Parlamento para dar a conocer los “lineamientos generales” del documento, que permanece bajo reserva y que marca las claves del futuro de la institución.

El MSP manifestó a los legisladores de todos los partidos en la Comisión de Salud del Senado que no podían compartir el informe porque una vez que se había dado vista del documento al Casmu, lo que había sucedido un rato antes, la institución había pedido acceder al plazo legal de 10 días hábiles para realizar sus descargos. Esto generó malestar y sorpresa de dirigentes del Frente Amplio que esperaban ver el informe.

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, reconoció en ante los parlamentarios que en la reunión con las autoridades del Casmu había habido “varios desacuerdos" respecto a lo que entendía la cartera, en base al informe de los interventores, y lo que opinaba la institución, según quedó plasmado en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

“La directiva de Casmu solicitó los diez días para hacer descargos porque considera que tiene algunos para realizar con respecto a varias de las afirmaciones que nosotros hacemos en el informe. O sea que realmente habría que contrastar la información que nosotros tenemos con la que Casmu nos va a brindar dentro de diez días”, insistió la jerarca.

"En general, queremos decir que hay procesos administrativos dentro de la institución que se llevan a cabo de manera irregular. Los puntualizamos y tenemos la versión de Casmu, vía verbal, de que van a aclararlos", dijo Rando, sin dar mayores detalles, aduciendo ya estaba corriendo el plazo legal de 10 días.

“Esas cuestiones administrativas han llevado a acciones por parte de los interventores que dieron lugar a notas de crédito para la institución que hasta el momento —en estos dos meses— han generado $ 17.000.000 de ahorros, que seguramente van a ser mucho más en los próximos meses, con las gestiones que los interventores les están sugiriendo a las actuales autoridades de Casmu”, añadió la jerarca.

También registraron contratos que “tienen que regularizarse y otros que no estaban escritos debidamente”. Eso se “está regularizando en la actualidad”, mientras que el MSP, insistió, “está intentando, por todos los medios, lograr la estabilidad de la institución”. Y descartó que la cartera esté “inestabilizando u obstaculizando la situación administrativa de Casmu”.

“Cumplimos con el deber de decir que la gestión se está haciendo, el ministerio está cumpliendo y no está interfiriendo en lo que realiza el Casmu; se está ahorrando dinero con la gestión de la intervención; se están recopilando datos; se están controlando los contratos y a las empresas tercerizadas; se está controlando la asistencia”, subrayó Rando.

La senadora opositora Sandra Lazo consultó si existen o no irregularidades de índole legal. “No hemos detectado demasiadas situaciones; tal vez haya habido alguna presunción, pero no existe nada fehacientemente comprobable”, respondió la ministra de Salud Pública.

“Se observa mucho desorden en determinados temas que tienen vinculación administrativa y también legal, y eso, aunque no sea algo ilegal, tiene resultados que son perjudiciales para la institución”, indicó a su turno, la titular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alicia Rossi.

El diputado frenteampolista Luis Gallo, en tanto, apuntó al MSP: “Me voy decepcionado porque hoy esperaba encontrarme con un informe contundente a los efectos de empezar a analizar el futuro del Casmu. La verdad, señora ministra, pensaba que iban a decirnos: ‘No creemos más en las autoridades del Casmu; vamos a desplazarlas y buscar mecanismos institucionales a los efectos de solucionar esta situación con el adelantamiento de las elecciones de las autoridades de la institución’”.

El desplazamiento de autoridades, previsto en el decreto 139/004, no fue descartado por las autoridades. “Con respecto a los diferentes escenarios posibles que se han mencionado no descartamos ninguno. No quisiéramos emitir una opinión hoy sin antes esperar a ver qué es lo que nos dicen”, añadió Rando.

Casmu recibió días atrás 46% de los US$ 56 millones que el Estado le garantizó con una ley votada por unanimidad en agosto, brindados por un préstamo del Banco República.

“Tuvo un trámite bastante largo de aprobación”, dijo Rossi, quien reconoció una “demora” que no respondió al MSP, sino a "las exigencias del banco que otorgaba el préstamo, porque quería garantizar lo que estaba dando”.

Por otro lado, Rando señaló que existe una deuda de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con Casmu, aunque esta “representa menos del 3% de la deuda que la institución tiene por todo concepto”.

Existe una deuda “vencida y exigible” de ASSE con Casmu que al 24 de octubre ascendía a $119.140.879. “Con respecto a setiembre, sobre la deuda no vencida, el monto asciende a $ 114.540.144, de los cuales, $ 14.235.503 aún no están facturados por Casmu. Esto no es exigible y no está facturado”, añadió Rossi.

También hay una “discusión” entre ASSE y Casmu, sobre “ajustes paramétricos” por servicios prestados en la ciudad de Treinta y Tres. Lo que está en juego es una cifra de $ 67.155.064 por trabajos que “no están facturados porque no se han puesto de acuerdo y, por lo tanto, tampoco se puede pagar”.

Por otro lado, la ministra apuntó en rueda de prensa que si bien la directiva cumple con dar información, “a veces demora un poco y hay que reiterarla”. En la comisión sostuvo que el informe de los interventores, entregado el 27 de setiembre, debió ser “actualizado” porque “quedaban dudas sobre alguna información”.