Redacción El País
El siniestro en la playa Pocitos de un ómnibus de la línea 121 de Cutcsa, que dejó al momento un fallecido y varios heridos, sigue dando que hablar. Mientras la Justicia investiga si el desenlace se debió a una imprudencia del chofer o a otras causas, la viralización del video con fragmentos de la desesperante escena abrió un debate sobre la actuación del conductor.

Esto luego de que varios pasajeros que iban a bordo del ómnibus señalaran a la prensa, y denunciaran ante la Justicia, que el chofer, que estuvo internado en el CTI de una mutualista, "se quería matar".

En torno a esta última hipótesis —que aún la Justicia no laudó— se abrió la interrogante de cuáles son los controles de salud mental que se aplican los conductores de transporte de ómnibus y camionetas escolares, que trasladan a diario a múltiples personas.

Desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) indicaron a El País que en el caso del transporte urbano de pasajeros no se establece otro contralor que la evaluación psicofísica, que mide el perfil psicológico de los conductores, y que pide la Intendencia de Montevideo (IMM) a quienes buscan acceder a la libreta de conducir profesional, la “Categoría F” para poder manejar ómnibus.

El control, entonces, se hace cada 10 años, que es el plazo de validez de la libreta profesional. El plazo, no obstante, puede variar según las condiciones médicas del conductor.

Por ejemplo, aquellos que presenten patologías de psiquiatría obtienen la licencia de conducir por un máximo de nueve años. Y es denegada cuando se comprueba que el solicitante tiene epilepsia, visión monocular o una discapacidad auditiva.

“Quienes a juicio del médico de la intendencia presenten afecciones severas capaces de influir en las condiciones de aptitud y seguridad en el tránsito, podrán ser declarados no aptos en categoría profesional”, puntualizó la IMM en su página web.

Este jueves de noche, el intendente interino de Montevideo, Federico Graña, dijo que el ómnibus del siniestro tenía los controles al día, lo mismo que el conductor, en referencia a la libreta de conducir y el carné de salud.

Para el caso de choferes de transporte urbano de pasajeros, desde la entrega de la libreta de conducir hasta su renovación, no está establecida una exigencia legal de controles periódicos de la salud mental para los conductores.

Para el caso de transporte suburbano e interdepartamental sí está fijado Consejo de Salarios que las empresas asumirán el costo de la libreta y del "carné de salud y aptitud psicofísica" de sus choferes, que se debe hacer “cada dos años”. Además, se establece que ese día se debe pagar el jornal a los trabajadores, pese a que no desempeñen sus tareas.

En los casos de transporte escolar y de transporte terrestre de carga, en tanto, no existe la exigencia por Consejo de Salarios de realizar un examen psicofísico cada dos años, agregaron fuentes del MTSS a El País.

Pese a que en el transporte urbano no se exige un examen psicofísico cada dos años como en los casos antes citados, fuentes de los sindicatos de las empresas de transporte capitalinas —Cutcsa y las cooperativas— dijeron a El País que la salud mental de los conductores se aborda en las comisiones de salud bipartitas, entre las empresas y los sindicatos.

En ese ámbito, agregaron, tanto los conductores propietarios o empleados pueden notificar problemas de salud mental. Tras esto, se realiza un seguimiento y dependiendo la patología y el nivel de afectación se puede redistribuir al empleado a otra tarea hasta que se lo considere apto para volver al volante.

El País intentó, sin éxito, conocer si el chofer en cuestión estaba en seguimiento de una comisión o comité de salud de Cutcsa.

Además de esta opción, voluntaria, todos los consultados coincidieron en que los trabajadores suelen dar aviso a la comisión en caso de detectar a un conductor que presente dificultades psicológicas.

Los informantes de Cutcsa y las cooperativas UCOT, COME y Coetc coincidieron en que no hubo un aumento de conductores afectados en el último tiempo, así como hubo una aceptación generalizada de la eficacia de los mecanismos actuales para detectar y tratar los problemas de salud mental que pueden potencialmente afectar a los choferes y generar siniestros de tránsito.