Casi uno de cada tres ginecólogos, en promedio, de todas las mutualistas del país declina realizar abortos legales y se ampara en la objeción de conciencia, prevista en la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazoo (IVE), según información relevada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que a su vez arrojó una gran disparidad entre prestadores.

Tomando en cuenta datos solo de las mutualistas y seguros integrales, sin información sobre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) —pese a que la consulta original refería tanto al sistema público como privado— la cartera informó en un pedido de acceso a la información pública el porcentaje de ginecólogos de guardia y policlínica que son objetores de conciencia.

Los datos del MSP, que fueron informados a fines de mayo, remiten a las declaraciones juradas 2022 – 2023.

Tomando en cuenta la información que remitió el Área de Salud Sexual y Reproductiva del MSP, el promedio de ginecólogos de guardia y policlínica objetores coincidió en 29%. Aunque también se consignó en el mismo relevamiento que varias instituciones de salud no aportaron datos.

Estas fueron las mutualistas Cooperativa Asistencial Medica del Este de Colonia (Camec) y Sociedad Medico Quirúrgica de Salto (SMQS), y el seguro integral Medicare – Copahmi. Mientras que respecto al también seguro integral Summum, no se adjuntó ningún dato, ni siquiera “no contesta” o “sin datos”, como sí se hizo en otros casos.

Respecto al porcentaje de objetores de conciencia de ginecólogos de guardia, se observa una gran diferencia entre prestadores, tanto de Montevideo como del interior. De unas 40 instituciones que hay en todo el país, siete de ellas no registraron ningún objetor entre sus especialistas. Estas fueron las mutualistas Comeflo, de Flores; Asistencia Medica de Río Negro Cooperativa Medica (Amedrin); Gremca; Cooperativa Medica de Florida (Comef); Centro De Asistencia Medica del Oeste De Colonia (Camoc); Centro Asistencial Medica de Rivera (Casmer); Cooperativa Medica de Rivera (Comeri) solo en la sede de ese departamento; y el seguro integral Medicina Personalizada (MP).

En el otro extremo, el Círculo Católico fue la institución registró el porcentaje más alto de ginecólogos de guardia objetores (88%) entre las mutualistas, seguido de la Corporacion Medica de Paysandu (Comepa), con 80%; y la Cooperativa Médica de Artigas (Gremeda) con 66%.

En Médica Uruguaya, la Asociación Española y el Casmu, las tres mutualistas con más afiliados del país, el MSP informó que el porcentaje de ginecólogos de guardia objetores fue de 30%, 31% y 40%, respectivamente.

Por otro lado, sobre al porcentaje de ginecólogos de policlínica objetores, se mantuvieron los mínimos en las mismas instituciones, salvo en Comeri del departamento de Artigas, que llegó a 20% en Rivera y 33% en Artigas, los dos departamentos en donde cuenta con cobertura. Mientras que no se registraron estos datos del seguro integral Blue Cross & Blue Shield.

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Mirando solo a los objetores de policlínicas, el porcentaje máximo en todo el país se registró en Comepa (90%), de Paysandú, seguido del Círculo Católico (73%) y Cooperativa Asistencial Medica de Cerro Largo (Camcel).

En Médica Uruguaya, Asociación Española y Casmu, el mismo porcentaje se ubicó en 20%, 41% y 28,9% respectivamente, con diferencias respecto a las cifras registradas con los especialistas de guardia.

La ley de IVE, promulgada en octubre de 2012, se refiere en su artículo 11 a la objeción de conciencia de los profesionales. Los médicos ginecólogos y el personal de salud que tengan objeciones de conciencia para intervenir “deberán hacerlo saber a las autoridades de las instituciones a las que pertenecen”.

La objeción de conciencia “podrá manifestarse o revocarse en forma expresa, en cualquier momento, bastando para ello la comunicación a las autoridades de la institución en la que se desempeña”, añadió la ley.

También se aclaró que quienes no se hayan expresado “no podrán negarse” a realizar los abortos. “La objeción de conciencia como su revocación, realizada ante una institución, determinará idéntica decisión respecto a todas las instituciones públicas o privadas en las que el profesional preste servicios”, aclaró la normativa.

Las mutualistas Círculo Católico y el Hospital Evangélico son objetores de ideario, una figura amparada en la ley IVE, por lo que pueden hacer parte del proceso de interrumpción del embarazo —en total son cuatro consultas las que se realizan— y derivar el aborto a otra institución.

Lilián Abracinskas, al frente de la ONG Mujeres y Salud en Uruguay (MYSU), apuntó a El País que “el MSP no sabe cuántos objetores de conciencia tiene, ni si es objetor en un sistema o en el otro porque no tiene mecanismos de control”. Esto, aseguró, fue respondido por el ministerio en un pedido de acceso de años atrás.

“Lo que reportan de las instituciones son los equipos que están interviniendo, no la lista de objetores porque eso lo tienen prohibido por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)”, dijo Abracinskas, en referencia a un fallo de una década atrás que dio la razón a un grupo de especialistas que plantearon que podían ser perjudicados si se conocía la nómina.

Esto había sido marcado en un informe de MYSU, de 2022. “Ninguna instancia del MSP releva la información sobre número de objetores ni tiene los mecanismos para conocer el porcentaje que representan en la totalidad de profesionales por departamento o a nivel nacional, dado que la nómina es confidencial siguiendo las indicaciones del TCA”, marcó el colectivo, tomando en cuenta una respuesta de 2020.

El País intentó comunicarse, sin éxito, con autoridades de la cartera para consultar su visión de este asunto y si están disponibles datos más actualizados, de las declaraciones juradas 2023 – 2024.