POSICIÓN

En tres hospitales públicos de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) el 100% de los profesionales son “objetores de conciencia” y allí no se practican interrupciones voluntarias del embarazo. Esto ocurre en el hospital departamental de Melo (Cerro Largo), en Carmelo (Colonia) y en Mercedes (Soriano). El dato surge de un pedido de acceso a la información realizado por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) sobre los abortos en 2020.

Las cifras del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre objeción de conciencia son “muy preocupantes”, advierte el documento difundido por MYSU. Además de los tres centros en donde todos los médicos se niegan a practicar abortos, en uno de cada tres hospitales hay entre un 50% y un 99% de ginecólogos objetores. En total, el 63% de los servicios tiene menos de la mitad de objetores de conciencia.

Consultado al respecto, el responsable del Observatorio Nacional de Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU, Santiago Puyol, dijo que “se ponen barreras” cuando todos los profesionales de un centro se niegan porque eso “implica que las mujeres sí o sí se deben trasladar para conseguir la intervención”, algo que “no es fácil en muchos casos”.

Puyol sostuvo: “Esto genera climas de rechazo a la práctica que después impactan en la vida de las mujeres, aún en las que no necesitan la prestación porque se entiende que no está bien y no es así. Además, sabemos que muchas veces está en juego el prestigio que tienen los profesionales de las áreas chicas, donde su opinión sobre las cosas cuenta y se cree que no está bueno que se sepa que hicieron un aborto, cuando es algo totalmente legal”.

En todo 2020 se practicaron 9.915 interrupciones voluntarias del embarazo, lo que se traduce en 295 menos que el año anterior, siendo el segundo año consecutivo en el que las cifras totales disminuyen. Además, según el documento emitido por MYSU, el porcentaje de abortos realizados en el sector público se mantuvo prácticamente igual a 2019. Esto, según Puyol, “hace ruido” si se tiene en cuenta que ASSE aumentó su cobertura durante la pandemia. “La duda que nos queda es cómo puede haber aumentado la cobertura y que no haya variado la proporción de abortos porque se está atendiendo a más gente, pero tampoco podemos confirmar que haya más mujeres que no acceden a un aborto”, dijo.

Durante todo el año pasado hubo 47 interrupciones en menores de 15 años, lo que significa una disminución si se compara con los 94 casos registrados en 2015, pero un aumento respecto a 2019 cuando se contabilizaron 35 abortos en niñas y adolescentes. Entre las jóvenes de 15 a 19 años se hicieron 1.258 abortos en 2020, y entre las mayores de 20 hubo 8.610 interrupciones del embarazo.

Desde MYSU advirtieron que entre la administración de Salud Pública anterior y esta se ha mantenido una constante y es que “siempre” se reporta no tener denuncias sobre los procedimientos de aborto. “No dudamos de eso, pero sabemos que cuando las mujeres enfrentan malos tratos es muy difícil que denuncien, y que no haya quejas no es sinónimo de que todo funcione bien”, sostuvo Puyol. Además, el representante de MYSU agregó: “Hoy tenemos autoridades en el MSP que han afirmado estar en contra, como el propio ministro Daniel Salinas. Pero a nivel de políticas no hay intenciones de modificar nada, aunque sí se prefiere no emitir comunicados al respecto, como sucedió durante la pandemia cuando la presencialidad de los abortos se mantuvo como servicio esencial y esto se comunicó solamente a los prestadores y no al público”.