VACUNACIÓN

Este sábado Uruguay comienza a inocular a los vacunadores que estarán trabajando desde el lunes para inmunizar a la población. Quienes concurran a vacunarse, deberán firmar un consentimientoantes de hacerlo. Hasta ahora, el texto no había sido divulgado. 

"El Estado Uruguayo está ofreciendo a la población la posibilidad de vacunarse contra la COVID-19 para prevenir la enfermedad del Coronavirus causada por el SARS-CoV-2. A tales efectos, se ha definido una política de vacunación voluntaria y gratuita", consigna el consentimiento.

Sobre el carácter voluntario el texto agrega:"Que la vacunación sea voluntaria significa que cada persona que decida vacunarse podrá hacerlo, sujeto al cumplimiento del plan de vacunación que contempla un proceso escalonado y priorizando los grupos de personas más expuestas y los que tienen mayor riesgo de afectación para su vida y salud en caso de contraer la enfermedad". 

El consentimiento expresa que en caso de presentar alguna acción legal deberá hacerse de forma exclusiva ante los tribunales del país y rigiéndose por las leyes de la República Oriental del Uruguay. 

"En virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo (sin limitación) contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de, o se encuentre relacionado o en conexión (directa o indirectamente) con, la recepción de la o las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay". 

La decisión de pedir la firma a quienes se vacunen tomó por sorpresa en su momento a los integrantes de la comisión asesora de vacunas, quienes habían realizado una recomendación en sentido contrario. 

Los médicos y científicos que asesoran sobre vacunas entienden que el solo hecho de ir a inmunizarse es prueba suficiente de que la persona está dando su consentimiento.

Según había señalado Miguel Asqueta, director general de Salud, la decisión del Ejecutivo de pedir la firma sería por una exigencia de los laboratorios establecida en los contratos. Esos documentos, sin embargo, están bajo reserva de confidencialidad y los asesores técnicos no pudieron acceder a la información detallada.