Redacción El País
Hace 10 años que se creó la ley que regula la producción, distribución y venta del cannabis en Uruguay. Al celebrarse una década, investigadores se propusieron revisar cuál es la situación actual y sus consecuencias. Una de las conclusiones a las que se llegó, contrario a lo que se buscaba, fue que se desarrolló un “mercado gris”, producto de las dificultades de acceso a las vías legales que se establecieron para la compra, el autocultivo y los clubes cannábicos.
Así lo explicó ayer Rosario Queirolo, politóloga de la Universidad Católica del Uruguay, que integra un grupo de investigación que mide las dimensiones y las características del “mercado gris” en Uruguay. En la presentación del estudio -que continúa en elaboración y es financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación-, indicó que las “vías de acceso son el principal obstáculo para generar un mercado legal más grande”.
Queirolo, además, indicó que hay una gama de grises dentro del “mercado gris”. En el estudio quedaron determinados cuatro tipos de grises bajo dos variables: si el cannabis se distribuye con o sin fines de lucro y si el destino es un usuario o el mercado ilegal.
Por otra parte, el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, confesó que “algunas veces” ha “sentido un poco de vergüenza” cuando tuvo “debates o videoconferencias con otros países donde se toma el tema en serio y que han avanzado bastante más” que Uruguay.
A su entender, hay tres cosas que se deben tener -“puntos de acceso, variedad y buen precio”-, sin embargo, solo se logró la vinculada al dinero. Además -continuó- el registro es un “problema” y “está mal”, y no debería existir para los compradores. “Hoy una persona puede tomar (alcohol) hasta el coma y nadie le pregunta cómo se llama. Pero, si quiere fumar una pitada, tiene que dar el número de cédula y, en lo posible, el número de zapato”, añadió.
En ese sentido, insistió en que regular el cannabis no significa que se deba tener “registro de todo”. Y añadió: “Uruguay porque es conservador (…) Es una vocación de control que tiene el Estado uruguayo que se va de mambo, se le va la moto”.