Redacción El País
El informe de 451 páginas de los interventores del Casmu, que presentaron las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) en el Parlamento hace dos semanas, tiene un apartado sobre las “empresas contratadas cuyos socios o directores ejercían o ejercen cargos en la institución al momento de la suscripción de los respectivos contratos”.

En ese listado aparecen dos expresidentes del sindicato de funcionarios del Casmu (Afcasmu), Luis Laxalt y Juan Corbalán, vinculados con firmas diferentes que vendían servicios a la tercera mutualista con más afiliados, que pidió un préstamo de urgencia, por US$ 56 millones, para evitar la quiebra ante su "grave crisis financiera". Los dos, además, fueron presidentes del sindicato, en distintos momentos.

Los interventores indicaron en su informe que Casmu suscribió tres contratos con Vindaclass SAS, una empresa “cuyo presidente y vicepresidente, desde el 15 de setiembre de 2022, eran dos personas con altos cargos en la institución: Luis Laxalt y Osvaldo Barrios”, respectivamente. El 6 de julio de 2023 se designó como presidenta de dicha empresa a Graciela Valerio, transfiriéndole “todas” las acciones, de acuerdo a lo informado por Casmu.

Laxalt fue presidente de Afcasmu entre 2007 y 2012, y hasta hace semanas fue el director de intendencia y servicios generales de Casmu, mientras que Barrios era gerente de logística, proyectos, inversiones y obras de la institución. Ambos renunciaron el 5 de noviembre, una semana después de que el MSP entregara el informe de los interventores al Casmu.

La comisión interventora pidió “todos” los contratos con empresas tercerizadas contratadas por Casmu, pero “no se incluyeron” aquellos con Vindaclass. El 13 de setiembre, la comisión “detectó” pagos a esa firma, pidió una copia de los mismos y se entregaron tres contratos.

Dos de ellos fueron suscritos el 1 de julio de 2023, por servicios de arrendamiento de van/furgón, sin chofer, con una tarifa plana de $ 195.000 y $ 210.000 más IVA, sumado a otros pagos por kilómetro y peajes, por el plazo de tres años, prorrogables.

El tercero, en marzo de este año, fue por el mantenimiento de locales con una tarifa plana de $ 520.000 más IVA, sumado a un pago por horas extras, por un plazo de tres años, prorrogable.

Los interventores marcaron que Casmu firmó contratos con Vindaclass, “con diferentes objetos”, siendo que Barrios era “socio y vicepresidente” de la misma, verificándose “conjunción de intereses”.

“En el caso del 1 de julio de 2023, no quedan dudas que, al momento de suscribirse el mismo, Luis Laxalt y Osvaldo Barrios eran socios y presidente y vicepresidente de Vindaclass SAS, con el agravante que son quienes solicitan el servicio y conforman las facturas que serán pagadas a dicha empresa”, agregaron.

El reporte cita que Casmu respondió que la prohibición para contratar “alcanza únicamente a los integrantes del Consejo Directivo”, en función del estatuto. Pero los interventores indicaron que “omitió” mencionar el artículo 44 de la Ley 18.211. Este marca que es “incompatible” la dirección o gerenciamiento de las mutualistas que demanden servicios a terceros con la “provisión de los mismos”.

Casmu añadió en su evacuación que los contratos con Vindaclass fueron rescindidos “de común acuerdo” el 31 de octubre -un día después de obtener el informe del MSP- “con el fin de evitar toda duda o controversia”. No obstante, los interventores marcaron que los contratos podrían considerarse “nulos” desde su celebración por la “incompatibilidad”.

Otro nombre que aparece en el extenso informe es el de Victor Laxalt, hermano de Luis, que también es funcionario de Casmu, desde 2009, y ha sido Coordinador del Centro Integral de Atención a la Mujer de Casmu, que además aparece como presidente de Vitacross SAS.

Tras tomar conocimiento de un pago de la mutualista a Vitacross por la “gestión, coordinación y control de agencias navieras”, de un contrato suscrito el 1 de abril de 2024, los interventores corroboraron el vínculo de la firma con Laxalt. También notaron que los servicios de varias especialidades médicas que Casmu vende a ASSE para el Hospital de Treinta y Tres “son prestados por Vitacross”.

Por otro lado, el informe también se refirió a la “situación de Juan Corbalán y Caedot SAS”. Esta última, una empresa con la que Casmu suscribió contratos el 23 de agosto de 2023 y el 2 de mayo de 2024 –retroactivo al 23 de agosto de 2023- para la “explotación de la Clínica Garibaldi (Sanatorio 3), y provisión de servicios varios (laboratorio, servicios de enfermería y enfermería en policlínicas, domicilios, atención en policlínicas, atención domiciliaria, venta de servicios, test, hisopados, baños a domicilio, etc).

Los interventores marcaron que el “único socio administrador” de Caedot es Corbalán, expresidente de Afcasmu entre abril de 2019 y abril de 2021, “funcionario de Casmu al momento de la suscripción de ambos contratos”, que “cesó” el 8 de agosto de 2024.

Según un registro de Casmu, Corbalán fue funcionario desde 1999, que utilizó desde el 26 de abril al 7 de diciembre de 2022 licencia extraordinaria sin goce de sueldo y licencia reglamentaria, mientras que del 8 de diciembre de 2022 al 8 de agosto de 2024 usufructó licencia extraordinaria sin goce de haberes.

Corbalán, “con licencia o no sin goce de sueldo, firmó contratos con Casmu con su empresa, siendo empleado de aquel”, desde el “1 de marzo de 2014”, de acuerdo a documentación presentada a la comisión y otros registros, apuntaron los interventores.

Casmu indicó en su respuesta al informe que los costos son “equiparables a otros del mercado”, algo que fue considerado por las autoridades como “carente de pruebas”, en tanto no se informó que se hiciera un estudio de mercado para definir esa contratación.

La comisión interventora observó gastos y pagos de Casmu a diferentes proveedores por “no ajustarse a los contratos respectivos”, lo que generó "ahorros" varios. En el caso de Caedot, se acordó un pago total de $ 11.362.592, en cuotas.

“Dolor y traición es lo que siente un trabajador que cree en el sindicato para defender los intereses de los trabajadores”, dijo a El País el actual presidente de Afcasmu, Ariel Irigoytía, tras tomar conocer el informe de los interventores.

“Que algunos lo utilicen (al sindicato) para trepar y para su beneficio personal es un gran dolor y un sentimiento de traición”, señaló el titular de Afcasmu. “Yo soy presidente del sindicato y que me acomode sería moralmente horrible, y para los compañeros ni que hablar”, añadió.

“No quiero meterme en si es legal o no, pero no debería ser muy ético que tengas un cargo de responsabilidad, te armes una empresa y te contrates”, sostuvo Irigoytía en relación a los negociados del Casmu, que eran “un secreto a voces, aunque difícil de confirmar”, pero que generaba “preocupación por el crecimiento de las empresas tercerizadas”.

Sobre si debería haber un cambio en la dirección en el Casmu, en medio de diferencias y ante un cambio de gobierno, el sindicalista retrucó: “Nosotros no elegimos patrón, pero sí decimos que debe haber un cambio de rumbo porque por este camino vamos a un despeñadero”.

Y esto no implicaría desplazar a las autoridades, aclaró, sino que el “cambio de rumbo” iría por modificar la cantidad de gerentes, adjuntos y coordinadores. “Hay un montón de dinero que se va por ese lado y que el Casmu lo precisa”, remarcó.

Tras ser consultado por El País, Laxalt dijo que no iba a brindar declaraciones por recomendación de sus abogados. Mientras que El País intentó ubicar, sin éxito, a Corbalán.