El Poder Ejecutivo le presentó a los principales involucrados el proyecto del ley por el quecrearía un fondo para el pago de los créditos laborales impagos de Casa de Galicia. La iniciativa pretende dar punto final a los reclamos de 1.979 trabajadores a 17 meses de que esa institución cerrara sus puertas.

El fondo estaría a cargo del Banco de Previsión Social (BPS), construido por el Fondo de Insolvencia de Casa de Galicia -que resulta insuficiente- y una transferencia de Rentas Generales por unos US$ 8 millones. El problema es que lo previsto allí apenas da para cubrir una cuarta parte de lo que médicos y funcionarios, reclaman, le corresponde por salarios y despidos adeudados.

Así lo planteó el jueves pasado en el Parlamento una delegación del Sindicato Médico del Uruguay, las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas y la Asociación Gremial de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia. Todos hablaron allí de elementos “perfectibles y mejorables” del proyecto de ley.

Basados en los registros de la institución, las gremiales relataron que los adeudos totalizan US$ 41,9 millones, la mayoría en créditos posconcursales.

Desde la Asociación de Médicos y Practicantes, Ximena Cabrera apuntó demás que, al firmar los acuerdos transaccionales los trabajadores “tienen en su ideario” que irían a cobrar cada uno, al menos, un máximo de 105 mil unidades indexadas equivalentes hoy a unos $ 600 mil, el tope que planteaba el Fondo de Garantía del BPS. Esto totaliza unos US$ 19 millones.

En cambio, lo que propone ahora el gobierno es topear el “reparto” en unas 30 mil unidades indexadas por trabajador. A cifras actuales, un máximo de $ 173 mil por cabeza.

Además, la iniciativa del gobierno excluye la posibilidad de que un eventual sobrante de los fondos previstos pueda ir a ese reparto. Si así sucediera, el sobrante volvería a Rentas Generales.

La exposición de las gremiales sorprendió a los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Sobre todo a los del Frente Amplio, quienes plantearon a mediados de julio una interpelación por este tema en el Senado.

“Es una situación compleja”, admitió Luis Enrique Gallo (AU), que ratificó su compromiso de trabajar por una solución pese a los “montos impresionantes” señalados por los extrabajadores. Su correligionaria Lucía Etcheverry (MPP) insistió en que la mejor solución habría sido que la Administración de los Servicios de Salud (ASSE) hubiera adquirido Casa de Galicia, manteniendo a su sanatorio como un “polo estratégico”, conservando además a los funcionarios y la “pertenencia e identidad” de sus socios. “Lamentablemente, no se aceptó”, dijo.

Etcheverry planteó además otro desafío: el proyecto de ley, en sí, aún no ingresó al Parlamento. “Se lo preguntamos al Ministerio de Economía, nos referenció al de Trabajo. Se lo preguntamos a Trabajo, nos referenció a Salud Pública. Se lo preguntamos a Salud Pública, nos referenció a Economía, y así sucesivamente”, relató.

Más allá de guardar una apreciable diferencia con los montos totales que deberían abonarse, Etcheverry planteó que los US$ 19 millones que habría que pagar según los topes previstos inicialmente en el fondo de garantía no resultan “exhorbitantes” con respecto a lo que ahora prevé el gobierno en el proyecto de ley.

Desde el Partido Nacional, el diputado Milton Corbo aseguró que el Poder Ejecutivo está “abierto” a que esta iniciativa pueda mejorarse. “Reconozco que va a ser difícil solucionarlo de la manera en que le gustaría a los trabajadores, que están en todo su derecho”, afirmó. “Pero, al final, todos van a tener que ceder en algo”.

La situación en la que quedaron los extrabajadores de Casa de Galicia volvió a ponerse sobre la mesa a nivel Parlamentario luego de la exposición que un grupo de exfuncionarios realizaron a principios de este mes ante el Senado durante la discusión de la Rendición de Cuentas. El informe que presentaron indicó que unas 500 personas -cuatro de cada diez funcionarios no médicos- sigue sin conseguir trabajo tras el cierre de la mutualista. La delegación relató consecuencias mucho más graves para los afectados, como la decisión extrema de ocho extrabajadores de suicidarse al no visualizar ninguna salida para su situación. Solo 688 funcionarios pasaron a trabajar a alguna de las institucionales que absorbieron a los socios de Casa de Galicia.

A nivel médico, un informe enviado por el Ministerio de Trabajo al senador nacionalista Sergio Botana indicó que, de 795 profesionales, 237 están trabajando. Otros 549 , en tanto, siguen sin ser tomados por ninguna otra institución.