El acceso a tratamientos de fertilización asistida en Uruguay volvió a estar en boga por estos días a partir de que un proyecto de ley presentado este mes recogiera la demanda de la sociedad civil de eliminar los copagos. Una preocupación que también está en el plan de la gestión del Ministerio de Salud Pública (MSP).

La infertilidad es una enfermedad del sistema reproductivo masculino o femenino que supone la incapacidad de lograr un embarazo después de un año o más de relaciones sexuales sin protección.

En Uruguay, con la Ley 19.167 y sucesivos decretos, se reguló el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, que se dividen en dos grandes grupos. Los de baja complejidad, que son relaciones sexuales programadas o inseminación artificial, técnicas que brindan los prestadores y que tienen una probabilidad de éxito de entre 15% y 20%.

En general, al no funcionar tras tres intentos, se prueban técnicas de alta complejidad. La fertilización in vitro (FIV), que es la unión de óvulos y espermatozoides en un laboratorio para generar embriones para ser transferidos a la mujer, es la técnica más común.

Desde 2015, el Fondo Nacional de Recursos (FNR) brinda la cobertura de las técnicas de alta complejidad, que incluye tres ciclos de estimulación/intentos, cada uno de ellos con hasta tres transferencias embrionarias.

Cada intento completo tiene un costo de $ 333.938, al que se accede mediante un copago asociado desde 2020 según los ingresos de la pareja. Cada intento es gratis si los ingresos mensuales nominales de la pareja son menores a $ 65.760. A partir de este monto, se paga 25%, 50%, 75% y 85%, según la franja de ingresos de la pareja.

El último informe del FNR, con datos del 2023, marcó que desde el inicio de la cobertura (2015), se hicieron 6.811 transferencias embrionarias. “El 30% de las transferencias financiadas por FNR culminan en un parto (con al menos un nacido vivo)”, indicó el reporte.

Las clínicas autorizadas para hacer los tratamientos de alta complejidad a mujeres de hasta 40 años, financiados por el FNR, son la Clínica Suizo Americana (CSA), el Centro de Esterilidad Montevideo (CEM), y el Centro de Reproducción Humana (Cerhin). Las tres están ubicadas en Montevideo.

Foto: Ignacio Sánchez

La diputada suplente colorada María Eugenia Roselló presentó este mes un proyecto para quitar los copagos, elevar el tope de solicitud a 40 años “inclusive”, permitir la transferencia de embriones después de los 41 años y ser receptora de embriones o gametos femeninos hasta los 45 años.

También buscar habilitar que trabajadores se puedan ausentar hasta cuatro horas al mes por tratamientos de baja y alta complejidad, y brindar dos días de licencia anual con goce de sueldo para el proceso de una transferencia embrionaria.

“Nos dimos cuenta que es el único tratamiento ante el FNR que tiene copagos”, puntualizó Roselló, que comenzó a trabajar en el proyecto en 2024. “En un país donde hay crisis demográfica, donde estamos buscando que nazcan más niños, le estamos pidiendo a las parejas de clase media, que son la mayoría de las que están pidiendo estos tratamientos, que se endeuden para tener hijos”, lamentó la legisladora.

La eliminación de los copagos, entre otros cambios, es visto con buenos ojos por los más reconocidos expertos locales en medicina reproductiva, consultados por El País, quienes trabajan en algunas de las clínicas que hacen las técnicas.

Gabriel de la Fuente, uno de los expertos que consultó Roselló, destacó que si bien la Ley 19.167 fue un “avance magnífico” porque “había un vacío en todos los niveles”, la cobertura hoy tiene “puntos débiles”.

No solo por ser el “único tratamiento” del FNR con copagos, “muy difíciles” de abonar, y que incluso “muchos” piensan que pagar una vez cubre los tres intentos. Sino que como la tasa de embarazo “no sobrepasa el 40%”, hace que “la mayoría van a tener que realizar más de un tratamiento”.

También dijo que hay exámenes que pide el FNR, sobre todo genéticos, que “algunos prestadores a veces tienen sus reparos para autorizarlos”. Al no estar especificados cuáles son los estudios, “algunas mutualistas” plantean que como no están en la lista PIAS no los deberían cubrir.

Foto: Estefania Leal

Por su parte, la experta Dana Kimelman resaltó los resultados que registra Uruguay, no solo “por encima de la mayoría de los centros de la región”, sino con “tasas de éxito muy similares a laboratorios de Europa y Estados Unidos”, en línea con lo que manejan desde el MSP y el FNR.

Kimelman sostuvo sobre los copagos, que “mucha gente queda por fuera o lo intenta una vez y después no puede porque pidió plata prestada para hacer un intento”. Si bien no hay contraindicación biológica para intentarlo las veces que sea, dijo que el proceso “implica un esfuerzo afectivo, físico, económico, que son insostenibles 10 intentos”.

Virginia Chaquiriand, titular de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana (SUHR), planteó que Uruguay se puede “comparar con los mejores del mundo” en la materia. Sin embargo, también remarcó que los copagos resultan una “limitante”. Afirmó que no estaría bien que se diera copago cero con un límite de casos. “Lo importante es que bajen todo lo que sea posible sin comprometer la calidad”, dijo.

El proyecto de ley de Roselló lo llamó Ley Paz en honor a la hija de un amigo suyo que se gestó por reproducción asistida, que hoy tiene 10 meses. Mariano Berro, padre de Paz, contó a El País que primero les dijeron que “no podían tener hijos”, y tras varias consultas, y un copago del 50%, se definieron por una FIV con óvulos donados. Tras un primer intento fallido y esperar un año por una “rosca complicada anímica”, luego les llegó su hija.

Inés Hernández logró tener dos hijos por FIV, algo que luego la llevó a hacer un libro con sus experiencias. “Estaba sola y perdida”, contó a El País, sobre ese proceso. Por la repercusión del libro, terminó creando el grupo Copago Cero. “Hay chicas haciendo rifas, vendiendo cosas, desesperadas y reangustiadas”, para llegar al pago de las técnicas, contó.

Katherine Méndez, también fue paciente de reproducción asistida. Vivía en Río Branco cuando buscó quedar embarazada. Cuando presentaron con su pareja la declaración jurada, al FNR se pasaron de la franja gratuita “por $ 200”, dijo. No lograron cambiar la situación, no llegaban al copago, entonces su pareja le planteó que hiciera el tratamiento con un donante de semen. Tras un largo periplo, celebró estar con su hija de dos meses y medio.

Foto: Leonardo Mainé

En la Agenda de derechos sexuales y reproductivos. 2025-2030”, del MSP, se marcó que “se estudiará fortalecer el Método ROPA” -pensado para pareja de mujeres, en la cual una aporta los óvulos y otra realiza el embarazo- “que es actualmente habilitado pero no financiado por el FNR”. Pero, “además, se analizará la posibilidad de reducir el copago en el primer intento”, añadió.

La directora general de salud, Fernanda Nozar, dijo a El País que si bien la política local “es destacada en el mundo” hay aspectos “para mejorar”. El MSP va auditar “cómo se están gestionando los copagos en las diferentes instituciones, que puede variar”, adelantó.

En tanto Alicia Ferreira, adjunta de la ministra Cristina Lustemberg y presidenta alterna del FNR, indicó que “todo lo que son reclamos de la sociedad con respecto al financiamiento del sistema va a ser escuchado”.

El MSP, dijo, aplicará “métodos de priorización, con metodologías transparentes y participativas para ver en qué tiene que invertir el Estado para mejorar el acceso a la salud”, con “recursos limitados”, no solo viendo los copagos, sino “más de 400 prestaciones” que no están en el PIAS, la canasta común de prestaciones.