El gobierno resolvió este lunes brindar por decreto reglamentario más potestades a los tres interventores que dispuso en el Casmu, mutualista a la que también se le brindó, por la vía de un proyecto de ley, un fideicomiso por US$ 56 millones para revertir la “grave crisis financiera” que atraviesa.

La redacción que fue firmada ayer por Beatriz Argimón, presidenta de la República en ejercicio debido a un viaje personal del mandatario Luis Lacalle Pou, estableció que “sin perjuicio que se haya priorizado mantener a las autoridades naturales de Casmu, corresponde reconocer a los interventores designados potestades suficientes para asegurar el adecuado destino de los fondos de financiamiento, en especial, dada la falta de garantías suficientes y de un plan de reestructuración aprobado a la fecha”.

El decreto reglamentario, al que accedió El País, señaló que más allá de las potestades que les corresponde a los interventores, según los artículos 7, 8 y 9 del decreto 139/004, ahora el gobierno amplió a otras cinco potestades a los expertos designados el 29 de julio tras la definición del gobierno de intervenir sin desplazamiento de autoridades.

En primer término, los interventores podrán “requerir cualquier tipo de información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos, quedando facultados a denunciar cualquiera impedimento u obstaculización de acceso ante el MSP”.

Por otro lado, los expertos designados por el gobierno también podrán “elevar por informe fundado, a la directiva del prestador (Casmu), sugerencias de negativa de asunción, renovación o pago de cualquier obligación, que no se ajuste a lo dispuesto en el plan de reestructuración oportunamente aprobado, que comprometa el equilibrio económico-financiero de la institución o sobre lo cual no exista información suficiente a criterio de los interventores para pronunciarse”.

Foto: Estefanía Leal

En tercer término, además, los interventores quedaron habilitados a “elevar, en cualquier momento, informes al MSP, relevando cualquier situación que entiendan de relevancia para su conocimiento”.

Otra potestad es que podrán “remitir, a través del MSP, informes al Parlamento, ya sea por iniciativa propia o ante su requerimiento”. Así como también “colaborar” en la comisión de seguimiento, creada en el proyecto de ley que otorgó los US$ 56 millones que fueron solicitados el 17 de junio ante dificultades financieras, “remitiendo aquellos informes que sean necesarios para el cumplimiento de sus cometidos”.

Dentro el último punto, se incluyó que los interventores “deberán emitir un informe favorable para que los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y el MSP “autoricen la emisión de las garantías necesarias que permitan los desembolsos del préstamo bancario que obtendrá Casmu”, en el marco de la ley, del 23 de agosto, que habilitó a la mutualista a acceder “por única vez” al Fondo de Garantía IAMC por hasta la suma del equivalente a US$ 56 millones.

La ministra Karina Rando, que ahora se encuentra bajo licencia médica, insistió durante el análisis del proyecto de ley de garantía para Casmu la “necesidad” de dar “más potestades” a los interventores, más allá de lo establecido en el decreto 139/004.

El 6 de agosto, Rando indicó en el Parlamento que se preveía sumar más potestades por decreto, para lo cual había adelantado que existía un “borrador”. Sin embargo, ofreció incluir el cambio en el proyecto de ley si a los legisladores le daba “más tranquilidad”, cosa que finalmente no se concretó. La novedad en la redacción definitiva fue la comisión de seguimiento antes citada.

A mediados de agosto, la ministra recordó en rueda de prensa que habían propuesto “ampliar las potestades de los interventores”, pero el Parlamento “votó una ley que no concede ese pedido”. Tras lo cual, se marcó que estaban “revisando” las versiones taquigráficas para ver “cuál fue el espíritu de los legisladores, si fue no ampliar las potestades o si prefieren que lo haga el ministerio por decreto”.

Tras estos dichos, el senador frentista Charles Carrera apuntó contra el MSP por esta decisión. “Resulta llamativo todo este proceso como para que nos vengan a solicitar que nosotros dispongamos cometidos a interventores. La normativa es muy clara en la materia. Ya tienen muchas facultades los interventores como para seguir la ejecución de la política pública", señaló Carrera a El País.

“Cuando existe doble mando eso siempre es un problema para llevar adelante cualquier empresa, país, gobierno, ¿no? Hay un mando, que es democrático, que ha sido elegido por quienes le corresponde, creemos que son los que tienen que llevar adelante a la empresa", había dicho el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, en rueda de prensa, tras acudir al Parlamento, el 6 de agosto.