A la par del decreto de intervención sin desplazamiento de autoridades, el Poder Ejecutivo remitió este lunes a las 21.30 horas a la Asamblea General un proyecto de ley para brindar financiamiento y permitir a Casmu que pueda acceder de “inmediato” a unos US$ 56 millones, mediante otro fideicomiso desde que se escindió del Sindicato Médico del Uruguay en 2009.

“El Poder Ejecutivo concederá a Casmu, por única vez y en forma provisoria, el acceso al Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las Instituciones de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (...) por hasta la suma de $ 2.184.367.134”, indica el artículo único del proyecto de ley al que accedió El País.

Este monto es exactamente el mismo que solicitó Casmu en su último pedido de fideicomiso, el 17 de junio, tal como dijo la ministra Karina Rando en el Parlamento, el 9 de julio. El monto asciende a US$ 56.589.822, con el tipo de cambio $ 38,6, que se preveía utilizar en “dos instancias”, añadió.

Con el primer desembolso, que Casmu pensaba obtener en julio, de $ 1.093.400.000 o unos US$ 28 millones, se utilizarían para pagar los sueldos de julio y agosto, por $ 683.400.000. Y cancelar parte de la deuda con la Asociación de Laboratorios Nacionales (ALN), por $ 410.000.000, según la versión taquigráfica.

El segundo desembolso, que se previó utilizar en enero de 2025, de $ 1.090.967.134 o unos US$ 28 millones, se usaría para pagar los sueldos de enero y febrero próximo. Así como para cancelar “totalmente” una deuda de $ 710.736.000 con ALN, y de $ 235.000.000 con la Cámara de Especialidades Farmacéuticas y Afines (CEFA). Como para saldar deudas con Geocom por $ 121.615.134, y “avanzar” con el sistema SAP, de $ 23.616.000.

Foto: Estefanía Leal

El proyecto de ley, con el que el presidente Luis Lacalle Pou busca contar con el respaldo político de todos los partidos, puntualizó que este acceso al Fondo de Garantía es “en atención a que resulta imprescindible la continuidad en el funcionamiento” del Casmu, considerado “uno de los principales” prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado en 2008.

En la exposición de motivos se aclaró que las consideraciones y fundamentos que planteó Casmu para esta solicitud “refieren a que la institución se encuentra en un estado de grave dificultad económica y financiera, estando comprometida la capacidad de pago de sus obligaciones por los siguientes seis meses, y existiendo ya atraso en los pagos a proveedores”.

Casmu “presenta riesgo de liquidez a partir de julio de 2024, encontrándose cedida el 57% de la recaudación Fonasa, así como importantes porcentajes de sus restantes fuentes de ingresos, con excepción de los provenientes de ventas de servicios a ASSE”, añadió.

Otro punto que se destacó en la nueva redacción, que está a consideración de todo el Parlamento, es que la situación económica-financiera que atraviesa Casmu “lo expone al incumplimiento de las obligaciones asumidas con sus proveedores, implicando ello además, un riesgo asistencial, en la medida que como prestador se viera limitado a contar con los insumos y servicios necesarios para dar cobertura a su masa de afiliados”.

“Es de destacar que, a la urgencia por acceder a la fuente de financiamiento en cuestión, que le permita a Casmu dar cumplimiento a sus obligaciones y continuar con su normal funcionamiento, se le suma la falta de garantías suficientes para respaldar el crédito solicitado”, añadió.

Esta medida llega casi un mes después de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) intimara al Casmu, el 2 de julio, para que la institución acreditara “haber subsanado la situación de desequilibrio económico-financiero”, bajo riesgo de “intervención”, que se concretará. La mutualista cumplió con la entrega, en fecha, de un nuevo plan de reestructura ante la falta de información.

Rando detalló en el Parlamento que el Casmu ya recibió fideicomisos por US$ 121.075.784. Si bien Casmu ha solicitado el Fondo de Garantía IAMC en cinco oportunidades, “considerando que una de esas veces fue recomprada por otro de los fideicomisos posteriores, se cuenta que fueron cuatro”, dijo.

La deuda de la mutualista asciende a US$ 140 millones, de los cuales US$ 54 millones son por fideicomisos, agregó. El pasivo comercial y financiero de la institución, proyectado a setiembre, asciende a US$ 58 millones y US$ 69 millones, respectivamente.

El proyecto de ley es remitido en medio de un proceso de pérdida de afiliados que Casmu “no ha logrado revertir”, acotó la exposición de motivos. Mientras los afiliados en 2015 sumaban 208.743, para abril de 2024 totalizaban 179.912.