Redacción El País
El gobierno intervendrá este lunes el Casmu. Lo hará sin desplazamiento de autoridades. También hoy de tarde enviará un proyecto de ley al Parlamento para que se considere brindar a la mutualista una garantía para que obtenga un nuevo fideicomiso, confirmaron a El País fuentes de Presidencia.

Este paso surge a más de tres semanas de la intimación del 2 de julio para solicitar datos a la mutualista que dirige Raúl Rodríguez, tras advertir que atraviesa una "grave crisis financiera".

El otro paso, a nivel parlamentario, busca dotar a la tercera mutualista con más afiliados del país un nuevo fideicomiso por unos US$ 56 millones.

Consultado por El País, el presidente de Casmu, Raúl Rodríguez, indicó al momento de esta publicación que aún no se habían comunicado autoridades oficiales para indicarle que hoy será la intervención.

Fuentes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y del sindicato de la mutualista (Afcasmu) habían adelantado a El País que la ministra Karina Rando les había indicado que entre hoy y mañana los iban a convocar para señalarle la medida. No obstante, en línea con el presidente del Casmu, también indicaron a El País que no los convocaron desde el gobierno.

Afcasmu había adelantado que ante una intervención, iban a ocupar el Casmu. Mientras que la FUS, en señal de apoyo, activaría un paro nacional de 24 horas. Ambos colectivos aún no confirmaron la medida, y evalúan pedir una reunión "inmediata" con la ministra Rando.

El decreto 139/004, que reglamenta la intervención administrativa de las mutualistas, establece que los interventores “no sustituirán la voluntad de las autoridades de la institución”, pero en esa potestad de “diagnóstico”, los expertos designados pasarían a tener un rol más activo de la marcha de toda la institución. La normativa establece que la intervención, por cualquiera de las causales, no podrá extenderse por un plazo mayor a un año.

Cuando no hay desplazamiento de autoridades, los interventores cuentan con “las más amplias facultades de contralor, fiscalización e investigación”. Esto los habilita a “inspeccionar y comprobar documentación”, “participar de las reuniones ordinarias y extraordinarias, pudiendo observar las decisiones de las autoridades naturales de la institución que consideren irregulares, dando cuenta al MSP”, e incluso “sugerir los correctivos que estimen pertinentes”, entre otros puntos, según el artículo 7 de dicho decreto.

Con el mismo escenario, sin remover a las autoridades, los interventores designados deberán elevar un informe al MSP “dentro de los 60 días de decretada la intervención”, que contenga un “diagnóstico” de la situación, puntualiza el artículo 9 del decreto 139/004.

“Cuando de dicho informe resultare, a juicio del MSP, un grave desorden administrativo, contable y/o asistencial que ponga en riesgo la atención de los afiliados”, agrega la normativa, el Poder Ejecutivo podrá “desplazar” a las autoridades “naturales” de la mutualista, o bien “disponer su liquidación”.

Este nuevo escenario será tras un trabajo que llevaron adelante dos veedores desde diciembre hasta mediados de año para analizar la situación financiera de la institución con unos 180.000 usuarios, en la que trabajan 4.000 funcionarios y 3.000 médicos.

Mientras que el veedor “recoge información”, que suma a lo que ya brinda una institución normalmente al Sistema Nacional de Información (Sinadi) del MSP, pidiendo datos específicos, el interventor “tiene opinión” en la marcha de la mutualista, graficaron a El País fuentes del sector de la salud.

Si bien las autoridades de la mutualista tienen iniciativa, puede existir una “colisión” con lo que planteen los interventores. Por lo que este vínculo supone una “dinámica complicada” si no se llega a una “armonización” de criterios entre ambas partes, explicó el experto.

Este tipo de intervención, que suele implicar estar “muy arriba” de los jerarcas de turno, se suele considerar un “primer paso”, porque si el vínculo “no funciona bien”, el segundo capítulo puede ser el desplazamiento de autoridades. Sobre todo porque la obtención de nuevos fondos está “condicionado” a ciertas pautas que fijan las autoridades nacionales.