COMUNICADO 

Pocos días después de asumir el Poder Ejecutivo emitió un decreto que atendía un pedido del sector empresarial y postergaba por 120 días la obligatoriedad del etiquetado de alimentos con exceso de sodio, grasas o azúcares. Se trata de una medida que había impulsado el gobierno anterior y que había comenzado a regir el 1° de marzo.

Entre otros, ese decreto estableció que se creará una “una comisión de trabajo multidisciplinaria con el fin de evaluar lo relativo al rotulado de alimentos valorando la armonización en el marco de la normativa del Mercosur”.

Ahora, un grupo de sociedades médicas emitió un comunicado en el que se muestra a favor de mantener el etiquetado frontal de alimentos. “Esta política, junto con otras tendientes a estimular la alimentación saludable, contribuyen al control de factores de riesgo modificables que están en la base del desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles con conocido impacto sobre la morbimortalidad de nuestra población”, indicaron.

El texto recuerda que, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2016 el 63% de los uruguayos tenía sobrepeso u obesidad.

“Sobrepeso y obesidad constituyen factores de riesgo centrales para el desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles, que al igual que en el resto del mundo, son la principal causa de muerte y morbilidad en Uruguay”, detalla.

“El etiquetado de alimentos tiene como objetivo mejorar la elección de alimentos por parte de los consumidores a través de proveer información clara que permita identificar de forma práctica y rápida aquellos productos con un perfil nutricional no favorable”, indica.

El comunicado recuerda cómo nació la iniciativa del etiquetado obligatorio y también el decreto de marzo de este año que lo postergó por 120 días. “Desde el trabajo inicial en el que se incluyó a diferentes actores sociales, y bajo un aparente acuerdo con la necesidad de adoptar medidas, se evidenció una fuerte oposición a la política y en particular al sistema de advertencias por parte de la industria alimentaria”, sostiene.

Además, da cuenta de una encuesta reciente cuyos resultados arrojaron que nueve de diez encuestados calificó de “buena o muy buena” la medida.

Uruguay optó por seguir el modelo chileno de etiquetado a través de octógonos que advierten al consumidor, mientras que las disposiciones del Mercosur establecen un semáforo que indica el riesgo de cada alimento.

A fines de mayo fuentes de la industria alimenticia habían dicho a El Paísque a más de dos meses de la postergación no habían tenido noticias de parte del gobierno sobre el trabajo de la comisión ni de qué pasaría con el etiquetado. “La industria ya está preparada” para la obligatoriedad de la disposición, indicó una fuente en ese entonces. 

En tanto, desde el Ministerio de Industria -que integra la comisión junto a Cancillería, y los ministerios de Salud Pública y de Educación- se había informado a El País en aquel momento que no habría declaraciones sobre el tema hasta que culminara el proceso de trabajo a la interna del gobierno.

La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, exsubsecretaria de Salud Pública, elevó un pedido de informes a los ministerios involucrados. “Nos preocupa que el tema quede sin resolver y que no se avance con celeridad, ya que esto es una cuestión prioritaria para la salud. Recordemos que Uruguay enfrenta una epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta especialmente a niños, niñas y adolescentes”, indicó en ese momento a través de su cuenta de Twitter.

También a fines de mayo el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que convocaría a expertos para conocer su visión acerca el tema.