PRIMER CARGAMENTO SERÍA DE SINOVAC
El Poder Ejecutivo estableció que el usuario que se vaya a vacunar contra el nuevo coronavirus firme una garantía en vez de un consentimiento.
En la última semana de febrero llegarían a Uruguay las primeras dosis contra el COVID-19. Esa es la perspectiva que maneja el Ministerio de Salud. Pero la confirmación del día exacto de arribo cabalga a la par de la carrera por las vacunas.
Hasta la semana pasada, el gobierno preveía que las vacunas de AstraZeneca/Oxford, adquiridas mediante el fondo Covax, serían las primeras en pisar suelo uruguayo. Pero según una fuente de la cartera sanitaria, hubo un revés en el orden y primero llegarían las dosis de Sinovac, luego las de Pfizer/BionTech y, por último, las de patente inglesa.
Sea cual sea el orden final, las autoridades sanitarias confían en que “no habrá demasiada diferencia de días” entre la llegada de las dosis de uno y otro laboratorio. Ese es un dato fundamental, han dicho los integrantes de la comisión asesora en vacunas, porque un retraso considerable en una partida haría rever los criterios de la campaña vacunatoria.
Ocurre que las vacunas de Sinovac, cuya eficacia reportada es del 50,38%, están indicadas para la población en general, pero no serían las más propicias para las personas más expuestas al virus (como el personal de salud o los cuidadores de residenciales), ni serían las más adecuadas para los grupos de riesgo (en particular para los adultos mayores, entre quienes no se ha informado su eficacia).
Superada la disyuntiva del orden de prioridad vacunatoria, el tiempo de llegada de las vacunas supone un desafío logístico. En particular, el ministerio afina los detalles para la conservación de las dosis de Pfizer, las cuales requieren unalmacenamiento de ultrafrío (a -70°) en la terminal de cargas.
Para el área metropolitana, las dosis de Pfizer serán transportadas por vía terrestre por la cercanía con la terminal aeroportuaria. Para el resto de los departamentos, en cambio, se prevé que sean los aviones de la Fuerza Aérea los que faciliten la tarea hasta las capitales departamentales.
Pero como el estado del tiempo puede jugar una mala pasada, el Ministerio de Salud está ajustando los detalles para que el transporte del Correo Uruguayo oficie de intermediario.
Las camionetas del Correo (no se requieren camiones pues las dosis ocupan poco espacio) irán escoltadas para garantizar la seguridad del producto.
Las vacunas de Sinovac y AstraZeneca, que fueron confeccionadas con las técnicas tradicionales, solo requieren una temperatura de -8 a -2 grados. Por eso desde la terminal de carga podrán ser llevadas directamente en camioneta a cualquier punto del país.
Entre el embarque de fines de febrero y los que lleguen los primeros días de marzo, el MSP prevé contar con unas 540.000 dosis que servirán para inocular a 270.000 personas (son dos dosis per cápita).
Se pedirá firmar una garantía.
Las vacunas son seguras. Eso fue lo primero que confirmó la comisión ad hoc que asesoró al gobierno en la compra de las dosis. Pero como todo medicamento puede ocasionar algún efecto adverso en un grupo reducido de la población.
Por precaución, y como parte de lo acordado con los laboratorios, el Poder Ejecutivo estableció que quienes se vayan a vacunar contra el virus que causa el COVID-19 firmen un documento en el que se dan por enterados de esa eventualidad. Pero no será un consentimiento informado como se comunicó inicialmente, sino una garantía. Porque el gobierno pretende que el documento sirva para que, ante cualquier eventualidad, el ciudadano vacunado tenga derecho a reclamarle al Estado.
Aunque a primera vista pueda parecer una discusión semántica (si llamarle “consentimiento” o “garantía”), los científicos y médicos que asesoran en vacunas ven con optimismo esta última definición porque “sería una manera de darle seguridad al usuario”.
Cuando el Ejecutivo había notificado a la comisión de vacunas que se aplicaría una firma de consentimiento, en la reunión del 2 de febrero, la novedad tomó por sorpresa a los integrantes de la comisión. Hace “más de medio año” habían sugerido que no se firmara un consentimiento porque habían tenido una mala adhesión en la vacunación contra el HPV.
En marzo de 2018, la Institución Nacional de Derechos Humanos había recibido una denuncia del “Colectivo Ciudadano por la no Obligatoriedad de la Vacuna del contra el virus del papiloma humano (HPV) Uruguay”. Los denunciantes manifestaban su “preocupación” por la vacunación en las escuelas. Unos meses después, la institución emitió una serie de recomendaciones. Una de ellas decía: “Sustituir el formulario de autorización actualmente utilizado, por un formulario de consentimiento informado individual para las vacunas no obligatorias”.
A efectos de informar a la población, para la campaña de vacunación contra el COVID-19, los técnicos están ultimando un formulario online en el que se ofrecerá a los usuarios las respuestas a preguntas fundamentales: ¿cuál es el significado de la vacunación? ¿Qué características tiene cada una de las vacunas? ¿Cuáles son los efectos secundarios?
La comisión asesora de vacunación pretende que esa información esté disponible para descargar cuando el usuario se agende mediante el sitio web oficial