"Una de las razones –hay muchas– por las cuales necesariamente tiene que haber interventores para investigar la situación es que recibimos una denuncia formal por escrito de que hay testaferros dueños de empresas tercerizadas que tienen vinculación funcional a Casmu en el marco de conjunción de intereses. Ya tenemos una denuncia formal realizada a ese respecto y por esa razón debemos investigar".

Esto dijo la ministra de Salud Pública, Karina Rando, este martes en la Comisión Integrada de Hacienda con Salud Pública, de la Cámara de Senadores, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.

“Exigimos la investigación de las empresas tercerizadas y los costos que Casmu paga por el valor hora de las empresas tercerizadas. En ese mismo sentido, saber los testaferros o dueños de dichas empresas y la vinculación funcional con Casmu en el marco de la conjunción de intereses”, agregó a continuación la jerarca.

Tras una consulta del senador opositor Charles Carrera en esa instancia, convocada por el Frente Amplio para conocer detalles del proyecto de ley para brindar una garantía por US$ 56 millones a la mutualista que atraviesa una “grave situación financiera”, Rando señaló que la denuncia “no es anónima”, sin brindar mayores detalles.

Por otro lado, la ministra señaló que en los primeros “cuatro días” de trabajo de los interventores, ya se han “visto cosas que no se habían podido ver con los veedores”. En ese sentido, planteó que ahora sí tienen “acceso a todos los sistemas informáticos”, así como pueden participar de “todas las reuniones” de la directiva, que antes no tenían habilitación.

El equipo designado “nos asegura que los datos sean reales, no como sucedía anteriormente, porque las veedoras no tenían tales potestades y a veces nos pasó, como ya dijimos, que los datos no eran del todo fiables”, agregó la jerarca.

No obstante, Rando consideró “necesario” darle “más potestades” a los tres especialistas designados, que hacen una "visión general" a los 10 días de llegar, y deben entregar un informe a los 60 días. Para aumentar las potestades, se indicó que se preveía hacerlo por decreto, para lo cual ya hay un “borrador”, añadió, aunque se ofreció incluir este cambio en el proyecto de ley si a los legisladores le daba “más tranquilidad”.

“Lo que nosotros pensamos inicialmente era darle potestades a la directiva para que, por ejemplo, todas las obligaciones –renovación de contratos, pagos dispuestos– sean oportunamente aprobadas por los interventores. Es decir, la idea es que antes de que se pueda realizar un gasto con el dinero otorgado, tiene que tener un visto bueno de los interventores. Lo mismo se aplicaría en el caso de la realización de inversiones que puedan poner en riesgo o comprometer el equilibrio económico financiero de la institución”, añadió.

Sobre el formato de intervención, Rando señaló: “Pensamos que era bastante más prudente iniciar de una manera más progresiva, es decir, empezar sin desplazar a las autoridades y otorgarles determinadas potestades a los interventores como para controlar bien los dineros públicos. Esperemos que no se llegue a la necesidad de desplazar a las autoridades, pero la posibilidad existe”.

El diputado del PERI, César Vega, consultó ayer “para cuántos días tiene dinero” el Casmu. “La verdad es que no lo sabemos, porque depende de muchas variables: de cuánto entre y cuánto salga, del préstamo que tengan, etcétera. La verdad es que ese dato no lo tenemos”, respondió la ministra.