La cúpula del Ministerio de Salud Pública (MSP), liderado por Cristina Lustemberg, compareció este miércoles a la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes, horas después de la votación exprés del proyecto de ley, que modificó la intervención de Casmu, dispuesta por el Poder Ejecutivo el 29 de julio pasado.

La redacción logró la aprobación en un día, pero con cambios. El artículo 1, sobre extender el plazo de trabajo de los interventores, en general, de un año a dos, se mantuvo. Lo mismo con el artículo 2, sobre las condiciones para liberar el último tramo, de $ 938 millones, del préstamo concedido con garantía estatal, por la Ley 20.325.

Por falta de acuerdo político, finalmente, se modificaron los artículos 3 y 4. Estos afectaban en mayor medida la ley del proceso concursal, como el acceso al Fondo de Garantía, estatal, que cuentan las mutualistas hace 15 años, respectivamente.

Lustemberg compareció al otro día de esta votación a la comisión, donde respondió varias consultas. Respecto a por qué el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no otorgaba el préstamo por decreto, la ministra respondió que “el área jurídica del MEF en la Administración pasada realizó un informe que establecía que no se podía dar el resto de los fondos en el marco de la ley aprobada en el año 2024”.

Otra consulta fue por qué la urgencia de presentar la ley ahora. “Casmu contaba con esos fondos en el flujo que elaboró en setiembre del año 2024; ya los tenían incorporados y pensaban que se lo iban a habilitar sin problemas. Cuando se fue retrasando fueron cambiando el flujo, pero tienen obligaciones que pagar y cada día que pasa sin ese monto que ya tenían asignado les complica toda la gestión de pagos y de compras”, añadió.

“No estamos planteando al día de hoy que exista riesgo de cesación de pagos. No hay riesgo de no pagar los salarios, pero si no ingresa el total previsto en la ley anterior se generan altos costos financieros”, resaltó Lustemberg, según consta en la versión taquigráfica, de 25 páginas, a la que accedió El País.

En esa línea, la presidenta de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Gabriela Pradere, resaltó: “No hay riesgo de cesación de pagos o de que no alcance para pagar los salarios; esas cosas generan cierto estado de alarma pública y nos parece importante dejarlo claro. En realidad, el Casmu tiene patrimonio negativo; por la ley de concurso, si alguien se presenta lo puede cerrar, que fue lo que le sucedió a Casa de Galicia; por ahí viene la salvaguarda”.

“Sobre los cambios en el proceso concursal el objetivo es evitar lo que sucedió con Casa de Galicia que, con una intervención en marcha del Poder Judicial -presidenta- dio lugar al proceso y cerró la institución, desplazando a la autoridad sanitaria, que es quien podía dar las garantías a los afiliados en lo referente a la atención en salud”, dijo Lustemberg.

Sin embargo, las autoridades remarcaron que no hay afectación de atención. “La gente se está atendiendo bien, no hay riesgos asistenciales; el Casmu está funcionando, con problemas, sí, pero está funcionando; los usuarios que allí se atienden tienen todas las garantías de que se va a brindar una atención de calidad”, sostuvo Pradere.

Otra consulta es por qué se extiende a dos años el trabajo de los interventores a las demás mutualistas, que el senador blanco Javier García, que votó en contra de este artículo, calificó de “cheque en blanco”, Lustemberg señaló que “no se extiende en términos generales, sino que se habilita al MSP a que, en base a las facultades que hoy ya tiene, pueda prorrogarla”.

“No es lo mismo la intervención de una institución pequeña, con menos de 60.000 afiliados, que la de una institución de gran tamaño y diversificación de servicios. Es razonable que los plazos para que la intervención trabaje y brinde los resultados esperados no sean los mismos”, añadió.

También se cuestionó a nivel político por qué se incluyeron las potestades de los interventores en la ley. Lustemberg dijo que se incluyeron “las mismas” que había incluido el gobierno anterior en el decreto 248, pero se elevó el rango al incluirlo en la ley.

“En ningún lado se encontraba explicitado qué pasaba cuando se desplazaba a las autoridades. Esta ley explicita qué deben hacer y qué competencias tienen los interventores cuando se desplaza a las autoridades”, señaló la ministra.

Durante el debate, se pidió el funcionamiento de la comisión de seguimiento de Casmu, atada a un plan de reestructura, que no fue aprobado. En la comisión hubo acuerdo para activar la comisión previo a la reestructura. “Creo que debe conformarse una comisión de seguimiento”, dijo el diputado Luis Gallo, en línea con el planteo del diputado blanco José Luis Satdjian.

El MSP culminó el 28 de febrero un plan de reestructura, que según dijo Lustemberg, “tiene un número importante de observaciones realizadas por la comisión evaluadora integrada por el MSP y el MEF en la pasada administración”. Satdjian cuestionó “¿por qué aún no se notificó?” a Casmu los cambios.

“No se notificó porque el expediente, cuando llegamos, recién estaba por salir para el MEF. Son expedientes complejos que tienen más de 2.000 fojas. Además, cuando llegan nuevas autoridades quieren empezar a mirar todo lo que hay ahí adentro”, indicó Pradere. “Es un informe que nadie va a modificar (…) lo que vamos a hacer es darle trámite y notificar al prestador”.

Foto: Marcelo Bonjour/Archivo El Pais.

El diputado frentista Luis Gallo, al defender la prórroga del trabajo de los interventores, apuntó: “Estuvimos dos años hablando del Casmu, de la problemática del Casmu, de la corrupción que había en el Casmu. Es más, dicha corrupción fue presentada por el propio MSP en Fiscalía; ahora lo archivaron, pero vamos a ver qué vamos a hacer, porque yo estoy convencido de que hay elementos para seguir avanzando en la esfera penal”.

Gallo reconoció en comisión que era necesario aprobar la Ley 20.325 para brindar la garantía estatal a Casmu, tras presentar críticas en el debate de agosto de 2024. Y apoyó la decisión de que el gobierno anterior decidiera no hacer un desplazamiento de autoridades. Para avanzar con esto se debe “tener un plan B”, pero como la situación de Casmu “es de tal gravedad es difícil tener un plan B seguro”, por lo que valoró que haya más trabajo de los interventores.

La vicepresidenta de Casmu, Andrea Zumar, envió una carta membretada por Casmu felicitando a Yamandú Orsi por su éxito electoral. Raúl Rodriguez, presidente de la mutualista intervenida, reconoció a Búsqueda que la nota que remitió Zumar "fue un grave error”.

“Es preocupante que una autoridad de una institución de salud manifieste, en una carta membretada por esa institución y firmada por varias gerencias, esta adhesión político-partidaria”, apuntó Satdjian.

El diputado Federico Preve valoró como “muy grave para la institución” lo que escribió Zumar. “Omití repudiar y rechazar, con toda la fuerza”, la carta, manifestó Gallo en esa línea. “La verdad es que da vergüenza esa carta y la rechazamos de plano desde la fuerza política Frente Amplio”, agregó.