DATOS DE EFECTIVIDAD

Llevamos, desde que comenzó la pandemia hasta ahora, más de 4.000 fallecidos por COVID-19 en Uruguay. Del total, más de 1.400 muertes se dieron en lo que va de mayo. Si se toman las primeras tres semanas del mes, solamente el 54% ocurrieron en unidades de cuidados intensivos; por lo tanto, el otro 46% falleció en otro lugar. ¿Dónde fue, y por qué motivo estas personas no ingresaron a CTI?

El ingreso o no de un paciente a cuidados intensivos es una decisión que tiene varias aristas. Por un lado, la falta de tiempo para prevenir un deceso puede estar entre los motivos por los que se produce fuera de CTI.

Algo así ocurrió en abril en Salto y Artigas, donde dos infectados con el virus murieron a partir de la saturación del primer nivel de atención en los servicios de ASSE para esos departamentos.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, quienes mueren en otros lugares y son positivos de COVID-19, lo hacen a partir de una decisión tomada.

El presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet, sostiene que “el CTI es un lugar a donde el paciente va para mejorarse, no para morir ahí”. A partir de esto, Pontet explica que si un médico “está 100% seguro de que el paciente va a morir, no debería ingresar a CTI porque no tendría sentido”.

Este escenario, según Pontet, es frecuente entre las personas más añosas que “por el nivel de fragilidad que tienen en función de sus comorbilidades y patologías previas” no ingresen a las unidades de terapia intensiva, y se apueste por “brindarles toda la atención necesaria” de otro modo. En este sentido, el intensivista subraya que quizá para esas personas “sean más pertinentes los cuidados paliativos u otro tipo de asistencia para (tener) una muerte más digna”.

Los criterios de ingreso o no a CTI para COVID-19 son similares a los establecidos para otras enfermedades. Pontet destaca que el ingreso depende de “la necesidad de un soporte vital, que en el caso del coronavirus es el soporte respiratorio con el aporte de oxígeno”, que puede ocurrir a través de métodos invasivos o no.

“En Uruguay no tuvimos que elegir (quiénes ingresan y quiénes no) por la falta de camas, porque no llegamos a tener esa limitante que sí hubo en otros países”, comenta Pontet y agrega que “eso podría estar en la lista de causas” detrás del porcentaje de fallecidos fuera de las unidades, pero “no está”.

Entonces, ¿dónde están muriendo esos pacientes con COVID-19? En abril el infectólogo Henry Albornoz dijo a El Observador que “la mayoría se muere en salas de internación general”. Sin embargo, Pontet dice que no está “en condiciones de afirmar lo mismo en este momento”. En mayo, las muertes que no ocurrieron en CTI se dividieron entre salas de cuidados moderados, hogares residenciales, puertas de emergencia, ambulancias y, también, las casas de los infectados.

Muchas veces, quienes viven en un hogar de ancianos son las personas más añosas, que tienen problemas de salud o desarrollan complicaciones de algún tipo.

En este sentido, el vocero de la asociación Integra Residenciales, que agrupa a 105 hogares en todo el país, Sabino Montenegro, remarca que en esta red ha fallecido por COVID-19 aproximadamente un 10% de los ancianos que se contagiaron de la enfermedad en cada residencial. “La mayoría, cuando muere, lo hace dentro de los centros porque los residenciales nuestros tienen en su mayoría la atención de cuidados necesaria sin precisar traslado”, explica Montenegro.

En los hogares de Integra Residenciales cerca de un 80% de los pacientes fallecidos a causa del virus lo hicieron en los centros y un 20% fue trasladado a un hospital y murió ahí. Montenegro sostiene que “trasladarlos generaría que quizá fallezcan en las ambulancias o con cuidados menos personalizados”, y dentro de los centros están dadas las “condiciones óptimas para dar esos cuidados”.

De todos modos, la decisión de trasladar a un paciente de un residencial a un centro hospitalario se da a partir de las recomendaciones del médico encargado del centro y del médico del prestador de salud del paciente, aunque, según subra- ya Montenegro, “la decisión final la toma la persona si está en su sano juicio o un familiar cercano”.

Otro porcentaje menor de las muertes fuera de cuidados intensivos ocurre en el primer nivel de atención. Según el gerente de la Unidad Coronaria Móvil (UCM), Jorge Díaz, son “pocos los pacientes que han muerto arriba de las ambulancias con COVID-19”.

Díaz advierte que también han existido casos de “pacientes añosos que fallecen en domicilios” y en una sola oportunidad “hubo un paciente que murió esperando el ingreso al hospital porque fue todo muy rápido”.

El Ministerio de Salud Pública divulgó el jueves el primer informe acerca de los resultados de la efectividad de la vacunación en Uruguay. Allí hay un dato llamativo: el porcentaje de efectividad de la vacuna de Pfizer para evitar ingresos a CTI (99%) es mayor que la efectividad para evitar la muerte (80%).

En este sentido, los ingresos a CTI en las personas que recibieron Pfizer no fueron demasiados en comparación con los que murieron con esa vacuna. Ese bajo ingreso se explica, en parte, por el tipo de población que recibió esta vacuna, que en ocasiones ni siquiera ingresa.

El inmunólogo Álvaro Díaz advierte que los vacunados con Pfizer “tienen mayor riesgo de hacer enfermedad grave y morir”. En la misma línea, Julio Pontet remarca que la diferencia en los porcentajes de mortalidad e ingresos para Pfizer “no es algo raro” e incluso “era esperable”. “Estamos hablando de una población más frágil”, que generalmente tiene una “baja capacidad de reversibilidad de su gravedad”, afirma.

Pontet dice que “la idea general con ese 80% de prevención de la muerte” es que “de cinco ancianos que iban a morir por Covid, gracias a que se vacunaron viven cuatro”, y agrega que “eso ya es un resultado muy bueno”.

En el desglose del informe sobre la efectividad se hace referencia a que hubo ocho personas que fallecieron habiendo transitado la inmunización y solamente una lo hizo en CTI. Además, el MSP destaca que en todos los casos se trató de pacientes mayores a 80 años.

Según Pontet, los otros fallecidos “deben haber muerto en un residencial o en su casa debido a su fragilidad”.