SALUD PÚBLICA

La Cámara de Instituciones y Empresas de la Salud (CIES) y el Plenario de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), junto a Médica Uruguaya advirtieron que el nuevo sistema de movilidad regulada no logra evitar eventuales casos de intermediación lucrativa como los detectados en la última apertura del corralito mutual en 2017.

Ayer las instituciones médicas de Montevideo mantuvieron una reunión en Médica Uruguaya en la que analizaron el inicio de la movilidad regulada que permite a usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) cambiarse de prestador sin ninguna restricción.

José Bonanata, uno de los representantes de las instituciones, dijo a El País que el sistema de movilidad regulada (MORE) “no logra evitar” casos de intermediación lucrativa. En 2017 las autoridades detectaron que promotores afiliaban a personas a instituciones médicas a cambio de dinero. Bonanata señaló que “si bien es cierto que hoy se realiza el trámite en una institución en donde hay que registrarse con una foto, una huella y demás, ¿qué pasa antes de que el socio llegue a la institución?, eso no lo sabemos”, opinó.

En el Ministerio de Salud Pública indicaron a El País que en lo que va de la apertura del corralito, no hubo ningún tipo de denuncia por casos de estafa o intermediación lucrativa como los ya ocurridos.

En esos casos, por cada afiliación, las mutualistas cobraban del Estado una cápita de $ 4.000. Por su parte, las empresas promotoras percibían $ 2.500. Algunos trabajadores de estas empresas fueron procesados por un delito de intermediación lucrativa; pagaban a personas entre $ 500 y $ 1.200 para que se afiliaran.

Paralelamente, las mutualistas definieron ayer que por el momento no pedirán a la Junta Nacional de Salud (Junasa) la extensión de la apertura del corralito dado que la situación que se originó el sábado por demoras en la atención tras la caída del nuevo sistema fue corregida desde el lunes (primer día hábil de la movilidad regulada).

José Luis Machado, otro de los representantes de las instituciones médicas en Montevideo, señaló ayer en una conferencia de prensa que además de monitorear el “día a día” de la movilidad regulada, se podría considerar el pedido de la extensión de la apertura del corralito solo si se reiteran casos como los ocurridos el sábado.

Ese día, durante más de cinco horas, hubo varias instituciones que no pudieron realizar afiliaciones por el “desborde de la capacidad del sistema informático”. En este sentido, las mutualistas advierten que ya plantearon en el seno de la Junasa instrumentar un “mecanismo de contingencia” ante este tipo de casos “para que no se generaran perjuicios como los que se generaron” para los usuarios.

“Se había planteado alternativas para evitar este tipo de situaciones que fueron atendidos parcialmente”, remató Machado tras una reunión con otros representantes de las mutualistas. El presidente de la Junasa, Arturo Echevarría dijo este lunes en rueda de prensa que apenas en dos días y medio desde la apertura de la movilidad regulada se cambiaron más de 7.000 personas. Posteriormente, fuentes consultadas en el MSP indicaron a El País que esa cifra había crecido por encima de las 7.500.

En esta ocasión, a diferencia de la última apertura del corralito en febrero de 2017, las autoridades implementaron un dispositivo que identifica a la persona que intenta cambiar de prestador. Los usuarios pueden cambiar de prestador hasta el 28 de febrero.

El sistema que se utiliza en más de 600 centros médicos de todo el país, solicitará no solo las huellas dactilares en aquellos casos en los que los usuarios no presenten una cédula de identidad con chip, sino que, en todos los casos, pedirá una declaración jurada. En este documento la persona establecerá que la afiliación se realiza de manera libre y sin haber recibido dinero u otra ventaja a cambio.