LA MARCHA DE LA PANDEMIA

Y al séptimo día se hizo el hisopado. La nueva Biblia de los viajeros que entran a Uruguay, en este año de pandemia, dice que, en el país de origen, se tiene que hacer un test de diagnóstico de COVID-19, con la técnica PCR, con menos de 72 horas previas a embarcar. Si el resultado es positivo, no se puede subir al barco o al avión. Y si es negativo, tendrá que reiterarse el hisopado al séptimo día de permanencia en el país… cuarentena mediante.

Las pandemias son, por definición, de una escala que abarca varios continentes. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, al menos 188 países han detectado casos positivos dentro de sus fronteras -una cifra similar a las naciones que integran las Naciones Unidas. Y como Uruguay no es un recipiente hermético, el gobierno de Luis Lacalle Pou “endureció” los controles de entradas de pasajeros.

El concepto base sigue siendo el mismo que, cada tanto, repite como un mantra el mandatario: “el uso responsable de la libertad”. Eso significa que el cumplimiento de la cuarentena es, ante todo, una obligación del viajero.

Pero como la “buena fe” no siempre alcanza, Presidencia emitió esta semana un nuevo decreto que establece el uso obligatorio de mascarillas durante el trayecto de viaje y al descender en el puerto o aeropuerto, el testeo previo a embarcar, cuarentena de siete días y la confirmación del test, ya en tierras adentro, al séptimo día.

El viajero, que por ahora no lo hace por turismo sino por alguna de las nueve excepciones que permite la normativa (ver aparte), tiene que asumir el costo de los testeos. Y las empresas de transporte son las responsables de controlar que la documentación sea la correcta, así como verifican que un pasaporte no esté vencido.

La excepción, por ahora, fue el vuelo de Iberia que hoy trajo a pasajeros desde España, entre los que se encontraba el canciller designado Francisco Bustillo. Según explicó el subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, los controles se hicieron en Uruguay porque “cuando se emitió el decreto fue muy próximo a la salida del vuelo”. Eso sí: los pasajeros aguardaron dentro del aeropuerto la confirmación del resultado.

La cuarta parte de todos loscasos diagnosticados como positivos de COVID-19, desde que la pandemia se instaló en Uruguay, a principios de marzo, cuenta con antecedente de viaje a una zona de transmisión activa.

De hecho, de los más de 40 brotes registrados en el país a partir del famoso 13 de marzo, al menos siete fueron detectados en la vigilancia de fronteras (seis de ellos relacionados a ciudadanos uruguayos pasajeros de vuelos internacionales de la operación “Todos en casa”, con un total de 50 casos confirmados). Así consta en el último informe epidemiológico que elaboró el Ministerio de Salud.

Un viaje al diccionario: “Se considerará brote cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probables con infección activa” en los que se haya establecido “un vínculo epidemiológico”. Bajo esta denominación entra la intoxicación en un cumpleaños porque los sandwichitos estaban podridos o, para el caso de COVID-19, el contagio que se pudo haber dado a la interna de una familia (más de 30 de los brotes locales fueron intrafamiliares).

En Uruguay se dio la particularidad que solo cinco brotes explican casi toda la marcha de contagios, y la curva epidemiológica da esos saltos: un casamiento, el hospital psiquiátrico Vilardebó, un residencial de adultos mayores, la ciudad de Rivera y la de Treinta y Tres. En la mitad de ellos, el caso inicial tuvo antecedentes de viaje.

La buena noticia de este escenario es que la circulación comunitaria del virus es baja. La mala, en cambio, es que aún no se la ha ganado al coronavirus y el gobierno tuvo que apretar la perilla de los controles sanitarios.

De ahí que el nuevo decreto fije el rehisopado al “séptimo día”. No es una cuestión de fe, sino científica. Una investigación liderada por Nandini Sethuraman, y que fuera publicada a comienzos de mayo por la American Medical Association, muestra que el pico de detección del SARS-CoV-2, mediante la técnica de PCR, ocurre al séptimo día -casi en simultáneo con la aparición de los síntomas si los hubiere.

Pasados los 14 días, la capacidad de contagio se reduce a la mínima expresión. Por eso esta no es una cuarentena de cuarenta días como regía en la peste negra, en Venecia, en el siglo XIV.

Un padre y su hijo, que habían viajado desde Buenos Aires a Uruguay en barco el último viernes de junio, fueron directo a Maldonado para cumplir con esa cuarentena. Pero a los días les avisaron que un vecino suyo, en Argentina, había dado positivo de COVID-19.

Fue entonces que, por decisión propia, se testearon. Ambos dieron positivo y, al instante, se encendieron las alertas: ¿habrá más contactos infectados?

Las examinaciones posteriores determinaron que el brote no pasó a mayores. Pero, para ese momento, ya se habían instalado algunas dudas: ¿alguien fiscaliza las cuarentenas? ¿Cuántos pasajeros ingresaron durante la pandemia? ¿Argentina es una frontera sensible?

Según los registros de la Dirección Nacional de Migración, durante los casi tres primeros meses de la pandemia han entrado a Uruguay 4.465 argentinos (la quinta parte de todos los pasajeros ingresados en este tiempo sin importar la nacionalidad). Y otros 84 argentinos, a su vez, pasaron el control migratorio con cédula uruguaya por ser residentes en el país.

La afluencia de argentinos -y de uruguayos que partieron desde Buenos Aires- explica que por los puentes fronterizos y el puerto de Montevideo ha entrado el principal flujo de pasajeros.

En cualquier caso, los recién llegados se comprometían a cumplir con la cuarentena para la cual, según fuentes del Ministerio de Salud, “no hay fiscalización porque sería imposible controlar a todos”. Eso sí, aclaró la misma fuente, “el papelito que firman al entrar equivale a una declaración jurada y, por tanto, podría caber una sanción por incumplimiento”.

Ana Cristina González Vélez, quien había sido directora de Salud Pública en Colombia y ahora reside en Uruguay, es una de las recientes llegadas en los vuelos humanitarios. O, como dice ella, es una de las “agradecidas” con la gestión del gobierno uruguayo.

Pero como médica y consultora internacional, vivió en carne propia la que era, a su entender, “una falencia”: la falta de fiscalización de la cuarentena. Había llegado el 18 de junio, en un avión desde Bogotá, tan solo me hicieron firmar un papel y estuve 14 días confinada en mi casa. Cuando acabó ese período llamé al Ministerio de Salud y pregunté qué más debía hacer… tan solo me respondieron que, si había una queja, la hiciera”, narra. Pero ella no tenía una queja, sino que “deseaba que me controlaran más”.

Por eso es una de las que “celebra” que se haya endurecido el control de pasajeros.