El Tribunal de Apelaciones de Familia de 2º Turno confirmó la condena del 18 de junio contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (FNR), para que financien “en 24 horas” una cirugía especial que cuesta unos US$ 20.000, para un adolescente de 14 años que padece un severo hundimiento del esternón (hueso), que arrastra desde hace años, y que en el último tiempo le generó un hematoma en el corazón.

Pese al fallo de los jueces Alicia Álvarez, Mónica González y Eduardo Cavalli, la Cirugía de Nuss que demanda el joven, paciente del Hospital Policial, aún no se realizó y no está determinada aún una fecha para ello, según supo El País. Esto pese a que ya pasaron 50 días desde el fallo en primera instancia, del juez Tabaré Erramuspe, que no tiene efecto suspensivo. Es decir, que se debe cumplir a partir de ese momento, haya o no apelación. En este caso, el FNR recurrió la sentencia inicial.

“Para este Tribunal, la situación de la salud del adolescente, a ser atendida mediante la Cirugía de Nuss, es de urgencia”, y por ende, se debe realizar “cuanto antes”, indicó la sentencia judicial, con fecha de este miércoles, a la que accedió El País.

La intervención supone colocarle dos barras de titanio en el pecho, detrás del esternón, que son realizadas a medida para cada paciente. Cada barra, hecha de un material que evita las reacciones alérgicas, cuesta unos US$ 6.600. A esto, se debe sumar el costo de la operación, de unos $ 300.000, en la que intervienen dos cirujanos, dos ayudantes y un instrumentista.

Este fallo de segunda instancia, definitivo, contempló que el Pectus excavatum, tipo punch, severo, que padece el adolescente desde hace unos ocho años, “le acarrea diferentes repercusiones funcionales, tanto a nivel cardiovascular como respiratorio, con intolerancia al ejercicio, dolores precordiales y repercusión psicológica generada por la deformidad”.

El FNR en su apelación planteó, entre varios puntos, que la intervención no era de urgencia y que ofrece otra operación para casos similares, la Cirugía de Ravitch. “La prueba diligenciada es contundente respecto a que el tratamiento incluido en el PIAS no es el adecuado para el joven y su situación sí es de urgencia”, determinó el tribunal.

Tomando la declaración de médicos especializados, los jueces puntualizaron que la Cirugía de Ravitch, “no se realiza en pacientes niños porque es muy agresiva”, que requiere “resecar los cartílagos de las costillas de ambos lados”, y “fracturar” el esternón. Todo esto redundaría en una operación “más dolorosa”, de recuperación “más lenta”, y “más cruenta que la de Nuss”, que puede derivar en “infecciones gravísimas”.

A su vez, los resultados con la Cirugía de Nuss “son mejores, sobre la cual, en el país, hay experiencia que da cuenta de sus bondades”. Por lo tanto, tomando en cuenta lo señalado antes y que “no existe prueba pericial que permita afirmar que en este caso la Cirugía de Ravitch es una mejor opción”, no se puede hacer lugar al reclamo del FNR, organismo que a su vez, preside el respectivo titular del MSP, acotaron los magistrados.

Si bien le detectaron la malformación a los seis años, la cirugía ahora requerida no se podría realizar porque su tórax “no había alcanzado” el nivel de desarrollo necesario, que es en la adolescencia. Por lo que fue en esta etapa que “los médicos plantearon la operación, pedido que originó el proceso de amparo”. “Ergo, el período existente entre el diagnóstico y la solicitud de amparo no implica ausencia de urgencia”, añadió el tribunal.

Considerando que los testigos marcaron que con la enfermedad, “la muerte súbita puede ocurrir por una simple corrida, incluso aquella que se realiza para alcanzar un ómnibus, o por el mero hecho de practicar deportes”, es que los jueces valoraron que hay “razones de urgencia que aconsejan que el procedimiento se realice cuanto antes”.

Otro elemento para realizar la operación lo antes posible es que “cualquier descuido o errónea evaluación, teniendo en cuenta su edad, por mínimo que sea, puede resultar trágico”. Así como también la deformación que padece “provoca aislamiento social, dificultad para sociabilizar, llegando incluso al suicidio en algunos casos”.

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, consultada en rueda de prensa por este caso, dijo este miércoles que su cartera no fue “omisa”, porque “inmediatamente” después del fallo del 18 de junio buscó “conseguir las barras y coordinar el material que se necesita para esa operación”, que no está cubierta por la canasta PIAS, pero que se hace sin costo en el sistema público y en varias mutualistas, pero no en el Hospital Policial.

“Se salió a solicitarle a la empresa que las haga, que las diseñe y las importe al país. Día a día estamos en comunicación con Jurídica para que haya la mayor celeridad. En el día de hoy (ayer) se mandó otro correo electrónico pidiendo que, por favor, importen esas barras lo antes posible”, remarcó Rando.

“Estamos todo el tiempo presionando para que el laboratorio las envíe”, añadió la también intensivista, quien remarcó que su cartera “está haciendo todo lo que tiene que hacer para poder operar lo antes posible” al adolescente que obtuvo un fallo favorable hace 50 días.

“El MSP ya tiene el dinero, hizo la solicitud de importación, arregló con el Hospital Policial. Se hicieron muchísimas cosas. Lo único que falta es que ingresen las barras al país”, insistió la jerarca, sin brindar mayores detalles de tiempos y de cuál fue la respuesta de la importadora.

La directora técnica del Hospital Policial, Verónica Pérez Papadópulos, dijo consultada por El País que “apenas ingresen las barras al país y al centro de salud, se coordina la operación”. Ante la repregunta de en qué fecha ingresarán las barras a Uruguay, respondió que eso “depende del MSP”.

“Desde el Policial me llamaron casi todos los días para ultimar detalles” de la operación, como qué materiales requiere, dijo a El País el cirujano Martín Ormaechea, que liderará la intervención..

Lo cierto es que la defensa que hizo Rando de cómo manejó el asunto su cartera, contrastó con la visión del abogado del joven, Juan Ceretta. “Sabiendo el MSP desde el 13 de mayo, que fue la fecha en que se realizó petición administrativa formal a la ministra, que existía el reclamo, debieron actuar con otra diligencia” para obtener las barras, apuntó a El País.

“Ni siquiera estudiaron médicamente el caso para denegarlo. Otra era la conducta que uno espera de la máxima autoridad sanitaria cuando le va la vida a un joven”, añadió el abogado. En el mismo tono, remarcó que “si las empresas importadoras son omisas o lentas, es ahí donde debe intervenir el Estado”.

“En un mundo globalizado como el de hoy, en que se accede a cualquier bien de consumo desde cualquier rincón del mundo; hay respuestas que resultan inaceptables”, lamentó el patrocinante del joven.