El Poder Ejecutivo envió este miércoles al Senado un proyecto de ley con cuatro artículos que modifican aspectos de la intervención sobre la mutualista Casmu activada el 29 de julio del año pasado. La redacción apunta a extender un año más el trabajo de los interventores, así como también cambia las condiciones de entrega de la garantía estatal votada en agosto pasado, la ley del proceso concursal y el Fondo de Garantía que tienen las mutualistas.

Respecto a cómo valora el proyecto de ley anunciado por el gobierno, el presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, indicó a El País: "Positivo en el sentido que no nos afecta siempre y cuando salga de una vez el Fondo de Garantia". Esto sostuvo en referencia a los $ 938 millones aún pendientes, que buscan recibir desde enero, tras la aprobación del crédito por parte del Banco República.

Con respecto a los cambios en la ley del proceso concursal y del Fondo de Garantía para la Reestructuración de Pasivos de las IAMC (mutualistas), el titular del Casmu adelantó que este punto lo van a "discutir" con las demás instituciones de salud, porque la nueva redacción "afecta a todas" ellas.

Por otro lado, el exsubsecretario de Salud Pública y actual diputado nacionalista José Luis Satdjian expresó su “preocupación” por el proyecto de ley. “Nos preocupa que en el mismo proyecto que otorga oxígeno al Casmu, agrega artículos que modifican el procedimiento en caso de cierre y liquidación de la institución”, dijo en declaraciones a El País.

“No conocemos cuál es la visión del Frente Amplio sobre el futuro del Casmu”, insistió el representante. “En primer lugar, porque autoridades de la salud habían manifestado que se iban a remover autoridades”, dijo en referencia a los dichos del ginecólogo Leonel Briozzo, subsecretario de Salud Pública, que manifestó antes de la transición que el gobierno debía desplazar a las autoridades de la mutualista.

“Luego, parece que se dio marcha atrás y ahora se envía un proyecto de ley contradictorio, que parece allanar el camino para el peor escenario”, añadió Satdjian.

Uno de las modificaciones de la nueva redacción puntualiza que a las “instituciones integrantes del SNIS” les “será aplicable el régimen legal específico de liquidación administrativa establecido para dichas entidades”. Con este paso, en caso de concurso de una mutualista, como ocurrió con Casa de Galicia en 2021, pasaría a ser el Ministerio de Salud Pública quien tenga la potestad sanitaria.

Satdjian dijo en Radio Carve que cuando el gobierno anterior “hizo lo mismo”, al enviar el proyecto de ley para otorgar una garantía estatal, desde el actual oficialismo “fueron muy críticos con que se involucrara al Parlamento en una situación, que según el Frente Amplio, se podía resolver por parte del Poder Ejecutivo”.

El diputado frenteamplista Luis Gallo, extitular de la Junta Nacional de Salud (Junasa), marcó esta postura durante el debate de la Ley N° 20.325, que otorga la garantía estatal, votada en agosto pasado por unanimidad para dar un salvataje a Casmu.

“El Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía podrían haber actuado sin esta ley, pero a nuestro entender lo que se quiso es trasladar la responsabilidad del Poder Ejecutivo al Parlamento. El Poder Ejecutivo no tomó la decisión de actuar y otorgar este Fondo de Garantía, y trasladó el problema al gobierno nacional”, apuntó Gallo, en agosto pasado.

"Nos sorprende este envío de proyecto de ley cuando estaba todo avanzado para que pudiera ser por decreto el segundo tramo de lo que ya había sido votado. La ley (20.325) es de agosto y estamos en marzo", añadió Satdjian a Radio Carve, previo a conocerse la redacción.